El presidente Joe Biden anunciará formalmente este martes nuevas medidas que permitirán regularizar su situación a migrantes irregulares casados con ciudadanos estadounidenses desde hace más de diez años. Según ha anunciado la Casa Blanca, cerca de medio millón de personas en esa situación podrían beneficiarse de los cambios, que se espera que entren en vigor para finales del verano. Los cambios también facilitarán que no ciudadanos, incluidos los jóvenes inmigrantes irregulares conocidos como “soñadores”, o “dreamers”, que se hayan graduado en una universidad estadounidense y cuenten con una oferta de empleo en su campo de estudios puedan tramitar su visado de trabajo con mayor rapidez.
La normalización también podrá beneficiar a los hijos menores de 21 años del cónyuge en situación irregular que también hubiesen entrado de manera ilegal en el país, si cumplen una serie de requisitos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) considera que unos 50.000 jóvenes podrían acogerse a las nuevas provisiones.
En general, los extranjeros casados con un estadounidense tienen derecho a un permiso de residencia, la célebre “green card”. Pero si han entrado de manera irregular en el país, deben salir y esperar hasta una década para presentar su solicitud en un consulado estadounidense. Algo que, en la práctica, hacía que muchos en esa situación descartaran regularizarse. Las nuevas medidas les permiten solicitar una autorización excepcional, conocida en inglés como “parole in place”, que les permitirá procesar sus papeles sin necesidad de salir de Estados Unidos. Si su petición queda aceptada, estarán protegidos ante una deportación y recibirán un permiso de trabajo.
“Este nuevo proceso permitirá a ciertos cónyuges y niños no ciudadanos solicitar un permiso de residencia legal -un estatus al que ya tienen derecho- sin tener que salir del país”, declaraba dos altos cargos estadounidenses en una conversación telefónica con periodistas para detallar la reforma. “Estas acciones promoverán la unidad familiar y fortalecerán nuestra economía, aportando un beneficio significativo al país y ayudando a los ciudadanos estadounidenses y a sus familias no ciudadanas a permanecer juntos”.
Para poder acogerse a la autorización excepcional, que el DHS estudiará caso por caso, los inmigrantes tendrán que estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense desde no más tarde del 17 de junio de 2024, esto es, un día antes del anuncio oficial de las nuevas medidas. No tendrán que representar una amenaza a la seguridad nacional del país -en ese caso, puntualizan los altos cargos, se les abriría una investigación con vistas a su posible prisión o expulsión- y deberán llevar viviendo en Estados Unidos al menos diez años.
El Departamento de Seguridad Nacional calcula que los inmigrantes elegibles llevan residiendo en el país una media de 23 años. También considera que la mayoría de los que se beneficiarán proceden de México o Centroamérica, los lugares de origen más comunes de los inmigrantes que entraron en Estados Unidos hace más de una década.
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El requisito de la residencia superior a una década antes del 17 de junio se observará de manera estricta: aquellos que cumplan una década de estancia en fechas posteriores no podrán acogerse a la autorización excepcional. Los funcionarios del DHS también estudiarán la autenticidad del vínculo matrimonial, que tendrá que ser “legalmente válido”, según subrayaban los altos cargos.
Aquellos a los que el DHS conceda la autorización tendrán un plazo de tres años para tramitar su residencia permanente. Mientras tanto, disfrutarán de un permiso de trabajo y estarán protegidos contra la posibilidad de una expulsión del país. Los detalles exactos del proceso, incluido su coste, y cómo acogerse a él se publicarán en un aviso del Registro Federal, el boletín oficial de la Administración, “para finales de verano”
La Casa Blanca ha descrito los cambios como los “más significativos” desde que en 2012 la Administración Obama aprobó el programa DACA (“Acción Diferida para los Llegados en la Infancia”) de medidas de alivio migratorio para decenas de miles de jóvenes inmigrantes que llegaron de manera irregular a Estados Unidos de niños, los llamados “soñadores”. Precisamente, Biden efectuará el anuncio oficial durante una ceremonia para celebrar el duodécimo aniversario de DACA, que ha otorgado protección contra la deportación y permisos de trabajo a cerca de 800.000 jóvenes durante estos años pese a numerosos obstáculos de jueces y legisladores republicanos.
Pero los funcionarios de la Casa Blanca reconocen que la medida supone un simple parche en un sistema migratorio que necesita una reforma profunda para resolver todos los problemas que afronta. El Congreso estadounidense, que este año ha rechazado en dos ocasiones distintas una propuesta de reforma bipartidista, debe tomar medidas decisivas, insisten. “Al final, solo el Congreso es el que puede proporcionar una estabilidad permanente a los soñadores y a sus familias”, declaraban.
Las medidas que anunciará Biden incluyen también pasos para permitir a los beneficiarios de DACA y otros “soñadores”, entre otras personas, que hayan recibido un título superior en una Universidad estadounidense y hayan recibido una oferta de empleo de alta cualificación tramitar más rápidamente su visado de trabajo.
El anuncio representa un gesto hacia la comunidad latina apenas dos semanas después de que Biden proclamara, también en la Casa Blanca, la firma de una orden ejecutiva que limita el derecho de asilo y permite cerrar la frontera con México si los cruces ilegales detectados superan los 2.500 diarios durante una semana, una cifra muy por debajo del número que venía detectando la Patrulla Fronteriza.
Esa medida había recibido duras críticas de las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y del ala progresista del Partido Demócrata, que recordaban al presidente que había hecho campaña con la promesa de respetar el derecho de asilo si resultaba elegido en 2020. Al menos 46 organizaciones han firmado una carta de repulsa a la medida y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha anunciado que llevará la norma a los tribunales. Al proclamarla, Biden había pedido “paciencia” a sus críticos, apuntando que llegarían otras medidas más favorables a la inmigración.”Ahora mismo la buena disposición de los estadounidenses (hacia los inmigrantes) se está agotando. No hacer nada no es una opción”, reconocía.
La nueva medida beneficia a las familias de estatus mixto, aquellas en las que parte de los miembros se encuentran en situación legal en Estados Unidos o son ciudadanos, y parte no. Son un colectivo que durante años se había lamentado de que había quedado en una especie de caja negra de olvido, sin poder beneficiarse de otras medidas para regularizar a otros inmigrantes llegados después.
Los nuevos cambios migratorios son también uno de los más fáciles para la Administración Biden. La opinión pública es generalmente favorable a que los cónyuges en situación irregular de ciudadanos estadounidenses puedan normalizar su estatus. Es una opinión positiva que contrasta con un endurecimiento generalizado de los puntos de vista de los votantes sobre la inmigración ilegal; combatirla es una de las grandes prioridades de cara a las elecciones de noviembre que declaran los encuestados una y otra vez en los sondeos.
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