El tema de los migrantes ilegales genera mucha controversia y está en un momento altamente incómodo. Son cada vez más las personas que desean llegar a Estados Unidos con el afán de poder mejorar su calidad de vida, por lo que las fronteras no tienen descanso justo en los meses previos a las elecciones presidenciales. Y si bien cualquier medida puede “sumar” o “restar” votos, Joe Biden se involucra y está considerando una que podría ofrecer protección contra la deportación a más de un millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses.
Esta iniciativa, reportada recientemente por The New York Times, está ganando tracción a medida que la administración busca nuevas formas de abordar los desafíos en materia de inmigración. La idea de proteger a estos cónyuges indocumentados resurgió en medio de una serie de informes de prensa.
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En abril, The Wall Street Journal mencionó que la administración Biden, presionada por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, estaba evaluando la chance de conceder autorizaciones de empleo a estas personas. El reporte se basó fundamentalmente en informaciones de la agencia Reuters, que destacaba la urgencia de una solución dada la falta de avances en el Congreso.
El impulso para esta iniciativa se intensificó desde el verano del año pasado. La administración de Biden, enfrentando críticas por su reciente orden ejecutiva que endurece las restricciones para el asilo en la frontera con México, busca formas de aliviar los efectos negativos de dicha postura. La propuesta actual pretende proporcionar una protección similar a la de los programas DACA y TPS, que ya benefician a cientos de miles de inmigrantes con estatus temporal y autorizaciones de trabajo renovables.
Presión de Organizaciones y Legisladores
En USA tienen en claro que ninguna política será “gratis”, contemplando que tendrá adeptos pero también muchos detractores. Siguiendo por esa línea compleja, más de 100 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, junto con legisladores demócratas, solicitaron a la Casa Blanca a utilizar sus poderes ejecutivos para proteger a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses.
En se sentido, hace aproximadamente cuatro meses estas entidades están abogando por un alivio ante la falta de acción legislativa. Este clamor aumentó durante el debate presupuestario de febrero, cuando el Senado desechó un plan bipartidista de 14 mil millones de dólares destinados a contratar personal adicional para el control fronterizo y la adjudicación de asilos, así como a crear tribunales de inmigración para aliviar la congestión en la frontera.
La protección contemplada ofrecería a los cónyuges indocumentados no solo la seguridad de permanecer en el país sin temor a la deportación, sino también la posibilidad de obtener permisos de trabajo. Esta medida podría significar un cambio significativo en la vida de miles de familias mixtas, promoviendo su estabilidad económica y social.
Si se implementa, esta propuesta reflejaría un esfuerzo por parte de la administración Biden para cumplir con sus promesas de campaña de manejar el tema de la inmigración de manera más compasiva y efectiva.
Una voz autorizada
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional del país norteamericano, desestimó las críticas a la nueva acción ejecutiva del presidente que restringe el asilo y pidió al Congreso que tome medidas en la frontera.
“Es prematuro, las señales son positivas. Nuestro personal hizo un trabajo extraordinario al implementar un cambio muy grande en la forma en que operamos en la frontera sur”, opinó en el programa “This Week” de ABC.
