Las operaciones de Chevron en Venezuela penden de un hilo. En cualquier momento Estados Unidos podría anunciar la suspensión de la licencia que le permite a esta compañía extraer petróleo en los yacimientos de la nación caribeña para, a través de esta medida, impulsar un proceso de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
El gobierno de Joe Biden solicitó al Consejo de Seguridad Nacional, al Departamento de Estado y al Departamento de Energía que se realizara un estudio técnico-político para determinar si la revocación del permiso facilitaría la instalación de una nueva mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición.
La intención de Washington sería acabar con el exilio forzado de Edmundo González Urrutia en España y acordar su regresar a Caracas para su reconocimiento como presidente electo, según reportes de este sitio web.
¿Se está considerando ir más allá de las sanciones individuales y tomar más medidas que afectarían al sector petrolero de Venezuela? Hay respuesta: “Estamos monitoreando constantemente y muy de cerca los acontecimientos políticos y económicos en Venezuela, y estamos comprometidos a calibrar nuestra política de sanciones de manera apropiada en respuesta tanto a los eventos en el terreno como a los intereses nacionales estadounidenses más amplios”, contestó un vocero clave de la administración Biden.
Esfuerzos inútiles
Miraflores sabe que el cese de la licencia de Chevron es tema en la Casa Blanca. En las filas de la oposición venezolana también están enterados que Biden considera restringir el permiso para la extracción de petróleo que inició en 2022 y que, hasta ahora, se renueva sin obstáculos cada seis meses.
De acuerdo con el medio, la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, así como Edmundo González, manejan la intención del mandatario demócrata después del fracaso de las sanciones legales, financieras y diplomáticas impuestas contra el chavismo en los últimos cuatro años.
Con la certeza de la inutilidad de las medidas para contener la violación de derechos humanos en Venezuela y el avance del fraude comicial del 28 de julio que permitiría a Maduro estar en el poder hasta 2030, Biden apuesta a una estocada mayor contra régimen.
Sin embargo, lo hace con aparente cautela considerando que enfrenta un momento clave de la campaña electoral en EE. UU. en el cual debe acompañar la candidatura de Kamala Harris sin generar complicaciones internas ni externas, proteger la estrategia económica-financiera de Chevron y cumplir con las necesidades políticas de la oposición venezolana.
Compañía sin intereses políticos
A Biden no parece —esta vez— inquietarle la suspensión de la licencia de Chevron en caso de decantarse por ella. Si bien, la empresa petrolera produce alrededor de 200.000 barriles por día, la cifra es insignificante frente a los 13 millones de barriles diarios que EE. UU. produce.
Con el panorama a favor, los precios del barril, es poco probable que se disparen los precios en Estados Unidos ante la caída de la demanda.
El escenario es distinto para Maduro. Si la suspensión de la licencia de Chevron se concreta se afectarían las arcas de la dictadura directamente considerando que los 200.000 barriles por día de la compañía representan el 20 % de las exportaciones nacionales de crudo y cerca de un 30 % de los ingresos petroleros del régimen chavista.
Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, insiste en mantener en las operaciones. Alega que la empresa es sólo un actor comercial que “ayudar a desarrollar la economía, apoya a la gente y crea empleos sin involucrar a la política, que puede oscilar en cualquier país de un partido a otro”. La incertidumbre es evidente. Sobre todo porque la empresa proyectó en marzo perforar hasta 30 pozos en la zona de crudo pesado de la Faja del Orinoco hasta el año 2025 para alcanzar un aumento de 35 % en la producción hasta llegar a 250.000 barriles diarios.
