Nueva York – El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará este lunes el proyecto H.R. 82 o “Social Security Fairness Act” (Ley de Equidad del Seguro Social) que amplía los beneficios del Seguro Social para recipientes en Estados Unidos y en territorios como Puerto Rico.
El proyecto completó el trámite en el Congreso federal el pasado 21 de diciembre con la aprobación en el Senado, donde el entonces portavoz de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, catalogó el trámite como la corrección de un error de 50 años.
Información divulgada por medios como CBS este viernes apunta a que Biden anunciará la promulgación de la ley este lunes, a las 10 a.m. hora del Este, aunque la agenda puede cambiar.
Entidades como la Asociación Internacional de Bomberos(IAFF) y la Asociación Nacional de Organizaciones Policiacas (NAPO) siguen de cerca las incidencias relacionadas con el proyecto de ley por lo que implica para sus respectivas matrículas.
Edward Kelly, presidente general de IAFF, fue invitado al evento. Un portavoz de la asociación confirmó el dato a la referida cadena.
“La IAFF ha estado trabajando en este asunto por años, y el Sr. Kelly ha estado presente en el Capitolio cabildeando por la revocación de WEP/GPO”, indicó el vocero.
Otros reportes señalan que Biden firmaría la legislación mañana, domingo.
Alcance de “Social Security Fairness Act”
El proyecto implica dos cambios importantes.
La medida auspiciada por el exrepresentante republicano de Louisiana, Garret Graves y la exrepresentante demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, elimina lo que se conoce como “Government Pension Offset” (GPO) o Compensación por Pensión Gubernamental que reduce los beneficios de Seguro Social para esposos (as) o viudos (as) que también reciben pensiones gubernamentales.
La GPO reduce los beneficios para cónyuges si la pensión proviene de un trabajo gubernamental “no cubierto” en el que los impuestos FICA (impuesto federal sobre la nómina) no se retuvieron de los cheques.
Por otra parte, la legislación descarta la provisión conocida como “Windfall Elimination Provision” (WEP) o Eliminación de Ventaja Imprevista que reduce los beneficios de Seguro Social para individuos que además reciben una pensión o ingresos por discapacidad de un empleador que no retuvo impuestos de seguridad social.
Según AARP, la WEP puede reducir los beneficios del Seguro Social en hasta la mitad.
Decenas de jubilados del Seguro Social han perdido sus beneficios debido a las disposiciones anteriores. Cuando la ley entre en vigor, ese grupo debería estar recibiendo el dinero de los beneficios que les habían recortado.
Algunos gobiernos estatales y municipales no pagan impuestos por Seguro Social en las pensiones para maestros, oficiales de la policía, bomberos y otros empleados públicos. Muchos de estos empleados trabajaron antes o después de su servicio público o tenían un segundo trabajo, lo que significó contribuciones al Seguro Social.
Las disposiciones que serán revocadas eliminaban los beneficios del Seguro Social por esos otros trabajos que no fueron en el sector público.
El impacto en Puerto Rico
En el caso de Puerto Rico, donde más de 800,000 residentes reciben pagos del Seguro Social, las provisiones también tendrían un impacto.
Tras anunciarse la aprobación de la medida en el Congreso, la Oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA) anunció que la ley afectará positivamente a miles de servidores públicos en Puerto Rico.
“Esta legislación elimina dos disposiciones del Seguro Social, la Windfall Elimination Provision (WEP) y la Government Pension Offset (GPO), que durante décadas han reducido o eliminado los beneficios del Seguro Social para empleados públicos jubilados y sus familias, como maestros, policías y otros servidores públicos”, señalaron desde PRFAA a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo con la oficina, con el cambio se garantizará que trabajadores como los anteriores reciban los beneficios completos acorde con el pago de sus contribuciones laborables, al tiempo que los libra de penalidades injustas.
La semana pasada, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Victor Bonilla, estimó en hasta 35,000 el número de educadores que se verían beneficiados con el cambio.
“En el caso de Puerto Rico, el estatuto beneficiará a entre 30,000 y 35,000 maestros, incluidos unos 10,000 que aún están activos en el sistema público, pero pueden tener acceso al Seguro Social principalmente a base de empleos previos o segundos empleos”, confirmó Bonilla a El Vocero.
El líder sindical añadió que, en el caso de los miembros del magisterio, el ingreso adicional representa un alivio mucho mayor ante la pérdida de los beneficios para su retiro.
“En el caso del magisterio puertorriqueño, estas disposiciones injustas agravaban mucho más la situación económica de nuestros educadores retirados que han enfrentado desde hace varios años la pérdida de importantes beneficios de jubilación, y de docentes activos que han sufrido la congelación de sus pensiones”, agregó Bonilla al tiempo que resaltó el “arduo” trabajo de la AMPR junto a la American Federation of Teachers (AFT) para llegar a este punto.
