WASHINGTON (AP) — Una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes demandó el miércoles al gobierno de Biden por la reciente directiva del presidente Joe Biden que detiene efectivamente las solicitudes de asilo en la frontera sur, afirmando que difiere poco de una medida similar durante el gobierno de Trump que fue bloqueada por los tribunales.
La demanda, presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y otros en nombre del Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas y RAICES, es la primera prueba de la legalidad de la amplia ofensiva de Biden en la frontera, que se produjo después de meses de deliberaciones internas en la Casa Blanca y está diseñada en parte para desviar los ataques políticos contra el presidente por su manejo de la inmigración.
“Al promulgar una prohibición de asilo que es legalmente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no nos quedó más remedio que presentar esta demanda”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
La orden que Biden emitió la semana pasada limitaría el procesamiento de asilo una vez que los encuentros con migrantes entre los puertos de entrada alcancen los 2,500 por día. La medida entró en vigor de inmediato porque las últimas cifras eran mucho más altas, de alrededor de 4,000 diarias.
Las restricciones estarían en vigor hasta dos semanas después de que el número de encuentros diarios fuera de 1,500 o menos por día entre los puertos de entrada, por debajo de un promedio de siete días. Pero no está claro cuándo las cifras caerían a ese nivel; la última vez fue en julio de 2020 durante la pandemia de COVID-19.
La orden entró en vigor el 5 de junio, y los funcionarios de la administración Biden han dicho que esperaban niveles récord de deportaciones.
Pero los defensores argumentan que suspender el asilo para los migrantes que no llegan a un puerto de entrada designado (algo que la administración Biden está tratando de presionar a los migrantes para que hagan) viola la ley federal de inmigración existente, entre otras preocupaciones.
Biden invocó la misma autoridad legal utilizada por la administración Trump para su prohibición del asilo, que se encuentra bajo la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa disposición permite a un presidente limitar las entradas de ciertos migrantes si su entrada se considera “perjudicial” para el interés nacional.
Biden ha criticado repetidamente las políticas de inmigración de Trump durante su campaña, y su administración argumenta que su directiva es diferente porque incluye varias exenciones por razones humanitarias. Por ejemplo, las víctimas de trata de personas, los menores no acompañados y aquellos con emergencias médicas graves no estarían sujetos a los límites.
“Respaldamos la legalidad de lo que hemos hecho”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el programa “This Week” de ABC antes de que se presentara la demanda, y dijo que anticipaba desafíos legales. “Respaldamos la propuesta de valor”.
Según la directiva de Biden, los migrantes que lleguen a la frontera pero no expresen temor de regresar a sus países de origen estarán sujetos a una expulsión inmediata de los Estados Unidos, en cuestión de días o incluso horas. Esos migrantes podrían enfrentar castigos que podrían incluir una prohibición de reingreso a los Estados Unidos durante cinco años o incluso un procesamiento penal.
Mientras tanto, aquellos que expresen temor o intención de solicitar asilo serán examinados por un oficial de asilo de los Estados Unidos, pero con un estándar más alto que el que se usa actualmente. Si pasan la evaluación, pueden buscar formas más limitadas de protección humanitaria, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe devolver a personas a un país donde es probable que sufran tortura.
