El equipo de transición del presidente electo Donald Trump está considerando poner fin a dos importantes programas implementados por la administración de Joe Biden que permitieron la entrada legal de más de 1.3 millones de inmigrantes en EE. UU.
Estos programas, CBP One y el parole humanitario, permitieron que migrantes de países como Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua ingresaran a Estados Unidos bajo ciertas condiciones.
En el caso de los cubanos, al año y un día del ingreso al país los beneficiados con parole humanitario pudieron pedir asilo político bajo la Ley de Ajuste Cubano y regularizar su estancia en EE.UU.
Fuentes cercanas a la transición de Trump, quien ganó las elecciones presidenciales del pasado martes en Estados Unidos, afirmaron en declaraciones a CBS News que el fin de estos programas podría hacer que cientos de miles de personas sean elegibles para la deportación, si no han recibido asilo o no tienen otro estatus legal que les permita permanecer en el país, citó Telemundo 51.
Los programas CBP One y parole humanitario han sido pilares en la estrategia de Biden para fomentar la inmigración legal mientras se desincentiva el cruce ilegal de la frontera.
Sin embargo, bajo el plan de Trump, aquellos que llegaron legalmente a través de estos programas podrían enfrentar la deportación, aunque los primeros en la mira serán los considerados amenazas a la seguridad nacional, como los migrantes chinos en edad militar y aquellos con antecedentes penales.
A pesar de la posible implementación de las deportaciones, las fuentes advierten que estos migrantes podrían no ser prioridad inmediata para la deportación, pero sí podrían enfrentarse a una expulsión en el futuro.
Estos casos podrían aplazarse porque el equipo de transición analiza los planes diseñados para “maximizar el alcance de las deportaciones” y “dar prioridad a determinados inmigrantes entre los primeros en verse obligados a marcharse”.
La medida es un componente clave de las promesas de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas, un plan que se espera genere batallas legales, dado que muchos defensores de los derechos de los inmigrantes ya están preparando acciones legales para impugnar cualquier intento de revocar el estatus de quienes llegaron bajo estos programas.
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