Por María Ortiz
Un informe publicado el martes por la Universidad de Syracuse reveló que se están procesando penalmente más delitos de tráfico humano y de inmigración durante el gobierno del presidente Joe Biden.
De menos de 1,500 acusaciones mensuales emitidas por el Departamento de Justicia (DOJ) en enero de 2021, los casos penales saltaron a casi 3,000 en marzo de 2024, con ciertas fluctuaciones a la baja en algunos meses de ese periodo, según el análisis de la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un grupo de investigadores de la universidad neoyorquina.
Los datos muestran que los niveles de enjuiciamiento ahora han aumentado en un 65%, tres años después de que Biden asumió el cargo.
Las últimas cifras disponibles -de febrero a abril de 2024- muestran un aumento del 21% en las acusaciones por delitos relacionados con la inmigración, comparado con el mismo periodo del año pasado.
El informe expresa que estos aumentos pueden continuar, dado el anuncio del Departamento de Justicia en mayo de 2024 de intensificar los esfuerzos para procesar la trata de personas y los delitos relacionados con la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México.
Las acusaciones en las cortes se han registrado en las tres categorías de delitos analizadas: ingreso ilegal a EE.UU., reingreso después de una expulsión o deportación y acusaciones por ayudar a sabiendas a un extranjero a ingresar o permanecer ilegalmente en el país.
Sin embargo, se ha registrado un mayor aumento en los procesos penales contra inmigrantes que reingresan al país de forma irregular tras ser deportados o expulsados. Los investigadores de TRAC registraron un aumento del 57% en los primeros tres meses de la Administración Biden (febrero-abril de 2021) y en el último período de tres meses (febrero–abril de 2024).
“Estos delitos han representado consistentemente la mayor proporción y ahora representan alrededor de dos tercios de todos los procesos penales de inmigración”, señala el reporte.
La mayoría de las acusaciones federales por delitos de inmigración ocurren en los cinco distritos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, siendo el Distrito Oeste de Texas, que incluye las ciudades de El Paso y San Antonio, el que impulsó la mayor parte del aumento reciente en la presentación de estos delitos menores, seguido por Arizona.
Los otros tres distritos (el Distrito Sur de Texas, el Distrito de Nuevo México y el Distrito Sur de California) se han mantenido relativamente bajos en cuanto a acusaciones federales por estos delitos.
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