Por Nicole Acevedo —NBC News
Las familias inmigrantes están teniendo conversaciones difíciles durante las fiestas navideñas en anticipación al plan del presidente electo, Donald Trump, de implementar lo que él ha llamado “el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos” tan pronto preste juramento el próximo mes.
“Muchos de nosotros realmente estamos celebrando la Navidad pensando, ‘Dios mío, ¿será esta la última vez que podramos pasar la Navidad con nuestros familiares?’”, dijo Felipe Sousa-Lazaballet, quien dirige el Hope Community Center, una organización sin fines de lucro en las afueras de Orlando, Florida, que aboga por los inmigrantes y otras comunidades marginadas. “Esto es realmente desgarrador”.
Para cumplir la promesa de Trump de deportar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, la Administración entrante pretende revertir las políticas que restringen las acciones de control de inmigración en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales, así como sus respectivas áreas circundantes, informó anteriormente Noticias Telemundo.
“No hay forma de que puedan deportar a millones de personas si no van por lo más fácil, y esto es lo que eso es”, afirmó Sousa-Lazaballet.
Nuestra cadena hermana NBC News habló con casi media docena de defensores de derechos de los inmigrantes en cuatro estados, y todos dijeron que han recibido un mayor número de llamadas de inmigrantes que preguntan sobre sus derechos. También han escuchado preguntas de grupos comunitarios, escuelas e iglesias sobre cuál es su papel ante tales posibilidades.
En respuesta, los defensores y los grupos están realizando capacitaciones sobre sus derechos y ayudando a las familias vulnerables a preparar planes de acción en caso de que un familiar indocumentado sea detenido o deportado repentinamente.
En Texas, una nueva ley que obliga a algunos hospitales a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio está empezando a “empujar a la gente aún más hacia las sombras”, lo que muestra un atisbo de lo que sucede cuando lugares sensibles se convierten en objetivos de la aplicación de las leyes de inmigración, destacó Javier Hidalgo, director legal de RAICES, un grupo sin fines de lucro en San Antonio que aboga por refugiados e inmigrantes.
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Texas se ha convertido en un modelo de represión migratoria, agregó Hidalgo, pero eso también ha motivado a los defensores y organizaciones sin fines de lucro a proporcionar herramientas y recursos a las familias afectadas para frenar los efectos perjudiciales de las detenciones y deportaciones. Estas podrían afectar a casi 5.8 millones de hogares estadounidenses, en los que al menos un familiar es indocumentado.
Al igual que Texas, Florida también “verá el peso” de las políticas migratorias de Trump antes que otros estados, ya que el gobernador Ron DeSantis ha demostrado ser un aliado en el avance de la agenda del presidente entrante, señaló Sousa-Lazaballet.
De manera similar a lo que hace Hidalgo en Texas, Sousa-Lazaballet en Florida ha estado facilitando miles de conversaciones difíciles, pero necesarias, para garantizar que las familias inmigrantes tengan un “plan de dignidad” en marcha.
El plan incluye la redacción de documentos de poder notarial o de tutela que describan quién se hará cargo de los niños que se quedan atrás si las autoridades de inmigración detienen a un padre indocumentado. Sousa-Lazaballet dijo que esto garantiza que los padres no pierdan la custodia de sus hijos ante el Departamento de Familias y Niños simplemente porque nunca regresaron a casa después de ser detenidos o deportados.
En Phoenix, Arizona, José Patiño, vicepresidente de educación y asuntos externos de Aliento, una organización de defensa, está haciendo lo mismo con sus “paquetes familiares”. Patiño dijo que es importante que las familias resuelvan la tutela legal sobre cualquiera de sus propiedades y cuentas financieras para garantizar que los familiares que se quedaron atrás puedan acceder a ellas si el sustentador principal de la familia es detenido o deportado.
Según la experiencia de Sousa-Lazaballet, los primeros 30 a 45 minutos de este tipo de conversaciones son “solo llantos, sollozos y un intento de que la gente recupere el sentido común” para elaborar el plan que necesita.
Si bien prepararse para lo peor es importante, el proceso también tiene un impacto significativo en la salud mental de los adultos y los niños de las familias inmigrantes, a medida que intentan seguir viviendo con sus rutinas diarias, dijeron Patiño, Hidalgo y Sousa-Lazaballet.
RAICES, el mayor proveedor de servicios legales de inmigración en Texas y una de las principales agencias de reasentamiento de refugiados, ha dicho que está “lista para desafiar cualquier acción presidencial que amenace el acceso equitativo al derecho legal y humano de buscar seguridad en Estados Unidos”.
Si se rescinde la política que restringe las acciones de aplicación de la ley de inmigración en lugares sensibles, dependiendo de cómo la Administración Trump la ejecute, puede haber fundamento legal para una impugnación, señaló Hidalgo. Hasta entonces, la organización permanecerá vigilante.
La Coalición por Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles planea hacer lo mismo, afirmó Jorge-Mario Cabrera, director de comunicaciones de la organización.
Durante el último mes, la coalición ofreció 93 presentaciones sobre cómo conocer sus derechos en escuelas, empresas y organizaciones de Los Ángeles que brindan servicios comunitarios. A medida que se acerca el día de la inauguración, Cabrera dijo que anticipa que la demanda de este tipo de capacitaciones aumentará.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos “no tiene jurisdicción sobre nuestras vidas, la Constitución sí la tiene, y estamos protegidos independientemente de nuestro estatus migratorio”, destacó Cabrera.
El 20 de enero, United We Dream, la red liderada por jóvenes inmigrantes más grande del país, planea reabrir la línea directa que lanzaron durante el primer mandato de Trump como presidente, informó Anabel Mendoza, directora interina de comunicaciones de la organización.
Mendoza dijo que la línea directa brindará apoyo a inmigrantes y a cualquier persona afectada por las acciones de control de inmigración en el próximo año.
“Nadie será inmune a las ramificaciones y consecuencias de las deportaciones masivas. Afecta a todos”, afirmó. Es por eso que United We Dream también insta a los funcionarios electos en todos los niveles del Gobierno a “apoyar a los inmigrantes”, pero lo más importante es que tomen “acciones concretas y tangibles que pongan barreras a lo que sabemos que Trump está planeando”.
Eso, junto con la “presión pública masiva”, sería clave para garantizar que las tácticas de control de inmigración que “van en contra de los valores estadounidenses” no se conviertan en la nueva normalidad, dijo Patiño.
Mientras tanto, Patiño dijo que está aconsejando a los inmigrantes indocumentados, especialmente a los jóvenes, que se sometan a evaluaciones legales para averiguar si son elegibles para algún tipo de ayuda que pueda ponerlos en el camino de obtener un estatus migratorio legal.
Para aquellos que ya están en ese proceso, Hidalgo recomienda que siempre tengan su documentación migratoria al día y lleven los documentos consigo en caso de un encuentro con un oficial de inmigración.
