El pasado lunes 20 de enero, Donald Trump asumió el cargo de presidente de Estados Unidos y firmó una serie de órdenes contra la inmigración. Los decretos ejecutivos, que incluyen la deportación masiva, han causado polémica por cómo afectarán a algunos estados. En el caso de Pensilvania, los especialistas vislumbran un impacto económico.
El Pew Research Center publica periódicamente investigaciones sobre los inmigrantes en Estados Unidos. De acuerdo con su último reporte, la población que vive en EE.UU. nacida en el extranjero alcanzó un récord de 47,8 millones en 2023, un aumento de 1,6 millones con respecto al año anterior.
El centro también señala que “en la actualidad, los inmigrantes representan el 14,3% de la población de Estados Unidos”.
Con respecto a su estatus migratorio, indica que la mayoría (77%) se encuentran en el país de manera legal. Para 2022, 49% eran ciudadanos estadounidenses naturalizados, un 24% eran residentes permanentes legales, el 4% eran residentes temporales legales y el 23% eran inmigrantes no autorizados.
Los inmigrantes no autorizados se refiere a las personas que ingresaron al país sin permiso legal o llegaron con una visa no permanente y se quedaron después de su vencimiento. Para 2022, aproximadamente cuatro millones de los indocumentados en el país eran mexicanos.
Después de México, los países con las mayores poblaciones de inmigrantes no autorizados en EE.UU. en 2022 fueron:
Por su parte, la American Immigration Council señala que en Pensilvania existe “una gran población inmigrante”. Alrededor del 7,7% de los residentes del estado nacieron en el extranjero, porcentaje que corresponde a 995.800 residentes inmigrantes.
CBS News destaca que Trump ha amenazado con retirar fondos a las ciudades santuario y Filadelfia es una de ellas, donde viven aproximadamente 47.000 inmigrantes indocumentados.
Cathryn Miller-Wilson, directora ejecutiva de HIAS Pennsylvania, una agencia de refugiados, dijo al medio citado que: “Eliminar a los inmigrantes y refugiados de la población tendrá un impacto negativo (…) tanto a nivel nacional, estatal y local, lo que dañará nuestra capacidad de financiar cosas como la educación y la atención médica”.
Mientras que Jasmine Rivera, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Pensilvania (PIC, por sus siglas en inglés), dijo a GoErie que, desde principios de octubre, finalizaron un plan que se basó en lo que las organizaciones vivieron durante la primera administración de Trump. Añadió: “recordar lo que sucedió, lo que fue efectivo, qué cosas queremos hacer de manera diferente y qué se debe ampliar sabiendo lo que sabemos ahora”.
Rivera agregó que el gobierno de Trump ha aprendido muchas lecciones: “Creo que son mucho más hábiles en cuanto a cómo ser eficaces para que las cosas se hagan más rápido. Ellos (los republicanos) salieron de inmediato con la Ley Laken Riley, que está allanando el camino para estas redadas y deportaciones masivas”.
La Coalición de Inmigración de Pensilvania publicó en abril de 2024 un informe acerca de la población migrante y cómo fortalecen a las comunidades. En dicho reporte muestran el impacto económico que tiene el grupo poblacional en la economía de la entidad y las tendencias demográficas que se espera que continúen durante las próximas décadas.
Una de cada diez personas que componen la fuerza laboral de Pensilvania es inmigrante y alrededor del 13,4% de los empresarios del estado. También representan el 16,7% de los trabajadores en el campo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), según el American Immigration Council.
Mientras que un porcentaje mayor trabaja en la agricultura, incluidos aproximadamente 30.000 que son indocumentados, según una estimación del Departamento de Agricultura de Pensilvania, señala GoErie.
En noviembre de 2024, después de las elecciones de Estados Unidos, la PIC se unió a líderes de organizaciones y defensores para presentar testimonio en una audiencia conjunta del Comité de Políticas de la Mayoría de la Cámara de Representantes sobre el impacto económico de la inmigración en la entidad.
En la reunión se presentaron hallazgos recientes para destacar la historia y la investigación que apuntan a un declive económico si la población inmigrante de Pensilvania desaparece, expresan en un comunicado del caucus demócrata de la Cámara de Representantes del estado.
“Los inmigrantes son propietarios de pequeñas empresas, trabajadores de la salud, educadores y trabajadores”, dijo el representante Danillo Burgos. “Apoyan a las industrias esenciales para la economía de Pensilvania mientras revitalizan los vecindarios e invierten en el futuro de nuestra comunidad”, continuó.
El informe de 2024 de la PIC destacó los desafíos que enfrenta el estado, incluida la escasez de mano de obra debido al envejecimiento y la disminución de la población. “Si bien el declive y sus consecuencias son terribles, también presentan una oportunidad única para que nuestros líderes adopten medidas sobre políticas significativas que impactarán positivamente a todos los residentes”, indica el informe.
En ese sentido, Ryan Bizzarro, presidente del Comité de Política de la Mayoría de la Cámara de Representantes, comentó: “Debemos ser conscientes de que Pensilvania tiene alrededor de un millón de residentes nacidos en el extranjero que son indispensables –en nuestra fuerza laboral y comunidad– cuando se trata de forjar un futuro mejor para el estado”.
Desde la perspectiva de Bizarro: “Los residentes de Pensilvania se han visto muy afectados por los gastos del costo de vida, una dura realidad que solo empeorará hasta que abordemos la escasez de mano de obra, incluso a través de la inmigración”.
