Massachusetts puede convertirse en un bastión para la defensa de los derechos de los migrantes ante las primeras medidas tomadas por el presidente Trump. El 22 de enero, fue sede de la primera demanda presentada por los fiscales generales de 18 estados para bloquear la orden ejecutiva que limita el reconocimiento del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Además, desde el Senado advirtieron que no colaborarán con las deportaciones facilitando recursos estatales para esas medidas, algo que ya había planteado la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, en noviembre de 2024.
La gobernadora Maura Healey parecía tener una postura más cercana al Presidente al proponer la adopción de una política más restrictiva respecto a las condiciones que debían cumplir las personas para residir en un refugio.
Su planteo era que al menos un miembro de una familia que busque alojarse en refugios de emergencia del estado debiera contar con la documentación para residir legalmente en Estados Unidos. Pero sus reacciones posteriores a los anuncios de Trump fueron críticas. La mandataria consideró que no es correcto ni aconsejable atacar a individuos que han vivido, trabajado y criado a sus familias en los Estados Unidos.
Michael Goodman, director ejecutivo de desarrollo económico y asociaciones comunitarias en la Universidad UMass Dartmouth, dijo a los legisladores que las promesas de Trump sobre inmigración y deportación podrían tener “impactos muy significativos en industrias clave, tanto aquí en Massachusetts como a nivel nacional”, según publicó Cape Cod Times.
“Cuando pensamos en un estado como el nuestro, donde no estamos aumentando la población muy rápidamente, donde dependemos en gran medida de la migración internacional como fuente de crecimiento de la fuerza laboral, esto realmente causa preocupación”, dijo Goodman en una audiencia en Beacon Hill.
En Massachusetts vive aproximadamente 1 millón de inmigrantes, lo que representa el 17 por ciento de la población del estado. Según los datos oficiales recopilados por The Immigrant Learning Center, el 78 por ciento tiene algún permiso legal. Y más de la mitad (el 54 por ciento), ya obtuvo la ciudadanía estadounidense.
El 31 por ciento de los nuevos negocios son fundados por inmigrantes, según datos de 2024 de Indicators of Entrepreneurial Activity, de la UCLA.
Múltiples voces se alzan contra el plan migratorio de Trump en Massachusetts
Una coalición de fiscales generales de 18 estados encabezada por Massachusetts y que incluye a Nueva Jersey, Nueva York y California presentó el pasado 22 de enero una demanda alegando que la orden ejecutiva de Trump denominada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” viola los derechos constitucionales de miles de niños, según detalló la BBC.
Esa disposición de Trump pretende negarle el derecho a ser ciudadanos por nacimiento a los niños hijos de padres inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización cuando ninguno de los dos es ciudadano estadounidense o residente permanente legal, lesiona “una práctica migratoria centenaria que se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza que los niños nacidos en Estados Unidos serán ciudadanos independientemente del estatus migratorio de sus padres”, alegan los fiscales. Un juez ya bloqueó temporal ese intento.
“El presidente no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional o una ley debidamente promulgada. Tampoco está facultado por ninguna otra fuente de derecho para limitar quién recibe la ciudadanía estadounidense al nacer”, afirmaron en el escrito que también impulsó a que Arizona, Oregon, Illinois y Washington presentaran otra demanda en el mismo sentido. Según los analistas de la BBC, inicialmente, la “batalla legal” que estos recursos implican, ya tendrá en la práctica un efecto suspensorio sobre la orden ejecutiva.
En tanto, según Telemundo, dos organizaciones locales de defensa de los inmigrantes, La Colaborativa de Chelsea y el Centro de Trabajadores Brasileños de Boston, ya han presentado una demanda junto con Abogados por los Derechos Civiles impugnando la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump que busca despojar de la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento a los hijos de padres inmigrantes.
Junto a ese frente, también en Massachusetts, las iniciativas relacionadas con las deportaciones masivas se han encontrado con voces institucionales que plantean una oposición lisa y llana. La presidenta del Senado de Massachusetts, Karen Spilka, expresó este miércoles 22 de enero que el estado no utilizará recursos locales para colaborar con deportaciones, salvo en casos de criminalidad.
“Espero que con este tema se deje que los estados decidan, porque no emplearemos a nuestra policía municipal, local o estatal para ayudar a deportar inmigrantes, a menos que sean criminales”, destacó Spilka.
Esa postura, potencia en el ámbito de todo el estado la decisión que ya había anunciado al respecto la alcaldesa de la ciudad de Boston Michelle Wu, quien antes de la asunción de Trump, en noviembre de 2024, se enfrentó a Tom Homan, el nuevo “zar de la frontera” designado por el presidente afirmando que Boston no cooperará con las autoridades federales en los planes de expulsión de extranjeros ilegales.
