Mientras en Brasil sigue la investigación de la “Operación puñal verde y amarillo”, el intento de asesinato a Lula da Silva en 2022 que se reveló en las últimas horas, en Argentina continúan siendo detenidas los bolsonaristas que participaron del asalto a los edificios de los tres poderes en Brasilia en enero de 2023.
Este martes, en Jujuy fue apresado Wellington Luiz Firminio, uno de los prófugos por haber participado del intento de golpe de Estado contra Lula. Se trata del tercer detenido en la Argentina, de los 63 que ordenó detener el juez federal Daniel Rafecas.
Según el Folha de Sao Paulo, Friminio intentó cruzar a Chile a través del Paso de Jama, pero fue atrapado por la Gendarmería cuando intentaba eludir el control. “Mi idea era escapar, pero, con mi nombre en Interpol, me arrestaron en mi primera visita a la policía”, dijo Firminio, según publicó el diario brasileño.
El hombre está condenado en Brasil y prófugo al igual que otro centenar de militantes bolsonaristas. El viernes pasado, el juez Rafecas emitió órdenes de arresto contra 63 de ellos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y la Policía Federal la lista es de más de 180 prófugos, que según las investigaciones, se encuentran en Argentina, Paraguay y Uruguay.
El jueves pasado, la Policía Bonaerense detuvo a otro de los prófugos en La Plata. Se trató de Gusmão de Oliveira, condenado a 17 años de prisión, con fallo firme, por los delitos de intento de golpe de Estado, daño calificado, deterioro de activos, asociación criminal armada y abolición violenta del Estado democrático de derecho.
Los detenidos continuarán en la justicia argentina con el proceso de un juicio de extradición; un tratamiento del que el macrismo y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hacen gala como política pública, pero del que evitan hablar en este caso ya que involucra a aliados políticos.
Apoyos de aquí y allá
Según la investigación, varios de los prófugos ya cumplían condena con tobilleras electrónicas en el país vecino y se fugaron, ocultándose en baúles de automóviles o atravesaron las extensas fronteras terrestres. Fuentes policiales revelaron al portal UOL que una de las hipótesis seguidas por sus investigadores es que la huida hacia la Argentina habría sido coordinada y financiada por grupos vinculados al movimiento bolsonarista, que pesa cada vez más fuerte en el sur brasileño.
Las sospechas de que los evadidos en Argentina no sólo cuentan con el apoyo económico y jurídico del bolsonarismo sino también con una posible coordinación con el mileísmo se fortalecieron a fines de septiembre. Fue cuando tres abogados que actúan en la defensa de los brasileños se reunieron con la diputada oficialista María Cecilia Ibañez que les habría garantizado cobertura para permanecer en el país.
A mediados de años, O Globo publicó declaraciones del abogado Helmar de Seouza, defensor de la detenida Dirce Rogério, quien confirmó que su cliente recibió una oferta para huir del país. “Luego de la condena, varias personas que también fueron condenadas comenzaron a sugerir que una posible fuga a Argentina o Uruguay traería la posibilidad de asilo político”, aseguró.
Además, a fines de mayo, los prófugos recibieron el respaldo, en persona, del diputado Eduardo Bolsonaro, considerado el canciller de oficio de su padre Jair. Acompañado de una delegación de políticos, en su mayoría del sur brasileño, Bolsonaro habló en la Cámara Baja argentina invitado por su colega, la libertaria María Celeste Ponce.
Celeste Ponce invitó a Bolsonaro y a otros grupo de diputados de la derecha brasileña para “repudiar los hechos de persecusión política en Brasil”. “Si no hubiera actos como este las personas se quedarían arrestadas en Brasil, pensando que nadie está haciendo nada por ellos”, dijo el hijo del ex presidente en una entrevista posterior al acto junto a la diputada cordobesa, que se define como antifeminista y cierra sus intervenciones con el llamado por “Dios, Patria y Familia”.
