Arzobispo defiende el papel de la religión en el debate público sobre el suicidio asistido

El líder de la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales hizo una sólida defensa del papel de la religión en el debate político sobre el suicidio asistido, cuya legislación será votada mañana en la Cámara de los Comunes.

Se le pidió al Cardenal Vincent Nichols, Arzobispo de Westminster, que respondiera a los comentarios de Lord Falconer de Thoroton, el ex Lord Canciller, quien el 24 de noviembre dijo a The Guardian que las “creencias religiosas” no deberían imponerse a los demás, cuando se trata del debate sobre el suicidio asistido.

Durante una entrevista con Times Radio el 25 de noviembre, el Cardenal Nichols dijo: “Pensé que vivíamos en una democracia donde se permitía a las personas expresar sus puntos de vista y presentar un argumento, un argumento racional. Si el señor Falconer no puede ampliar ese espacio a la creencia religiosa, entonces no estoy seguro de por qué debería estar en la política, en realidad”.

El purpurado continuó: “No es que la política sea una forma de vida separada y aislada, es parte de la vida de este país. La creencia religiosa es una parte muy importante de la vida de este país, y la mayoría de la gente del mundo tiene una creencia religiosa en Dios. Así que es Charlie Falconer quien está en la tribuna, no yo”.

Se cree que la decisión sobre el suicidio asistido está “en el filo de la navaja”, según las proyecciones de votación. Un análisis reciente de Election Maps UK indica que 285 diputados están a favor de la nueva ley, mientras que 289 diputados se oponen.

Cuando Times Radio le preguntó cómo se sentiría si el suicidio asistido se legalizara en Inglaterra y Gales, el Cardenal Nichols respondió: “Tendría miedo por muchas personas vulnerables que se sentirían presionadas. Ya sabes, el derecho a morir puede convertirse fácilmente en un deber de morir, lo que corroe la confianza en uno mismo”.

El arzobispo católico también ha añadido su firma a una carta publicada el 24 de noviembre, firmada por varios líderes religiosos, incluidos musulmanes, sijs, hindúes, ortodoxos coptos y ortodoxos griegos, en la que manifiestan “su profunda preocupación” por el impacto de la ley.

“En el Reino Unido —indica la carta—, se estima que 2,7 millones de personas mayores han sido objeto de abusos; muchas de ellas también pueden ser vulnerables a la presión para que pongan fin a sus vidas de forma prematura. Los activistas en favor de la discapacidad y quienes trabajan con mujeres en relaciones abusivas también han destacado el peligro de consecuencias no deseadas si se cambia la ley.

“La experiencia de jurisdicciones que han introducido una legislación similar, como Oregón y Canadá, demuestra lo trágicas que pueden ser estas consecuencias no deseadas”, señala.

Añade que “las salvaguardas prometidas no siempre han protegido a los vulnerables y marginados. Incluso cuando están rodeadas de familiares y amigos queridos, las personas que se encuentran al final de su vida todavía pueden sentirse como una carga. Esto es especialmente así mientras la asistencia social para adultos sigue estando infrafinanciada. En este entorno, es fácil ver cómo un ‘derecho a morir’ podría fácilmente terminar en la sensación de que uno tiene el deber de morir”.

Mientras tanto, en el periodo previo al debate un número cada vez mayor de figuras políticas importantes se han manifestado en contra del proyecto de ley.

Los ex primeros ministros Boris Johnson, Teresa May, Liz Truss y Gordon Brown han indicado que se oponen al proyecto de ley, mientras que David Cameron, que ocupó el cargo de primer ministro entre 2010 y 2016, ha cambiado de opinión a favor de la muerte asistida.

Los actuales miembros destacados del gobierno, incluido el secretario de Salud, Wes Streeting, y la secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, han dejado claro que se oponen a un cambio en la ley y votarán en contra del proyecto de ley.

El controvertido proyecto de ley está patrocinado por la diputada Kim Leadbeater, y han sido asignadas cinco horas de debate mañana en la Cámara de los Comunes.

Después del debate, habrá una votación y, si el proyecto de ley se ratifica, pasará a la siguiente etapa del proceso legislativo. El proyecto de ley sobre adultos con enfermedades terminales (final de la vida) permitiría a las personas con enfermedades terminales, que tienen un pronóstico de seis meses o menos de vida, solicitar el suicidio asistido por un médico.

Los parlamentarios tienen derecho a un “voto libre” sobre el tema, lo que significa que pueden votar según su conciencia, en lugar de seguir una línea partidaria.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente enCNA.