La legislatura de Arizona, controlada por los republicanos, aprobó este martes una medida para tipificar como delito estatal el cruce de su frontera con México por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada. Ahora, los votantes deberán refrendar en las elecciones de noviembre si la medida se convierte en ley.
La medida, votada 31 a favor versus 29 en contra, permitiría a la policía estatal y local detener a las personas que crucen la frontera sin autorización. También facultaría a los jueces estatales para ordenar a las personas condenadas por este delito que regresen a su país de origen.
La propuesta es similar a una ley de Texas que ha sido suspendida por un tribunal federal de apelaciones mientras se impugna. El Senado de Arizona aprobó la medida por 16 votos a favor y 13 en contra. Tras su aprobación en la Cámara de Representantes estatal, pasará por alto a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, que ya vetó una medida similar a principios de marzo, y se enviaría a las urnas para su refrendo por los votantes el 5 de noviembre.
“Los líderes empresariales, las fuerzas de seguridad fronterizas y los líderes locales bipartidistas de todo el estado que se oponen a este proyecto de ley saben que no nos hará más seguros, sino que demonizará a nuestras comunidades y conducirá a la elaboración de perfiles raciales”, dijo Hobbs después de que la legislación fuera aprobada por el Senado estatal.
Aunque la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de inmigrantes en Estados Unidos, los defensores de la medida dicen que es necesaria porque el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para impedir que la gente cruce ilegalmente por la vasta y porosa frontera de Arizona con México. También afirman que algunas personas que entran en el estado sin autorización cometen robos de identidad y se aprovechan de las prestaciones públicas.
Además de los efectos prácticos de la política, la medida pone uno de los temas clave de los votantes en la campaña electoral en Arizona de una manera nueva, junto a los candidatos y sus plataformas. La inmigración se situó prácticamente empatada con la inflación y el costo de la vida entre los principales temas en la encuesta nacional de abril de NBC News, continuando una tendencia reciente. El martes, el presidente, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para detener temporalmente las solicitudes de asilo en la frontera sur, mientras se enfrenta a la presión de los votantes y de Trump sobre el tema.
Los opositores afirman que la propuesta conduciría inevitablemente a la elaboración de perfiles raciales por parte de la policía y cargaría al estado con nuevos costos de las agencias de aplicación de la ley que no tienen experiencia con la ley de inmigración, además de dañar la reputación de Arizona en el mundo de los negocios.
El senador estatal demócrata Flavio Bravo, que representa a uno de los distritos con mayor diversidad racial de Arizona, criticó las intenciones de los republicanos al presentar la ley.
“Esta nueva lista de republicanos sólo sabe que los va a ayudar en sus encuestas”, dijo Bravo en una entrevista con NBC News.
“No creo que sean antiinmigrantes, no creo que les importe mucho esto. Sólo quieren terminar la sesión rápidamente, hacer algo y rezar para ganar en noviembre”, dijo Bravo, nieto de un minero de cobre mexicano.
“Vamos a llamar a las puertas de la comunidad, recordándoles que voten, haciéndoles saber quién está con nosotros y quién no”, dijo Alejandra Gómez, directora ejecutiva de la organización de base de derechos civiles Living United For Change In Arizona, comúnmente conocida como LUCHA.
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Mientras que los partidarios de la medida minimizaron las preocupaciones sobre los perfiles raciales, al aseverar que los agentes locales todavía tendrían que desarrollar una causa probable para detener a las personas que entran en el estado, lejos de los puertos de entrada.
El representante estatal republicano Alex Kolodin, un firme defensor de la medida en la Cámara estatal, dijo que la inmigración es “algo que apasiona mucho a mis electores”. Y agregó: “Creo que mis electores probablemente acudirán de todos modos a las urnas”.
Los partidarios también afirman que la medida se centra sólo en la región fronteriza del estado y —a diferencia de la histórica ley de inmigración de 2010 de Arizona — no se dirige a las personas en todo el estado. Los opositores señalan que la propuesta no contiene ninguna limitación geográfica sobre dónde se puede aplicar dentro del territorio estatal.
La propuesta de votación contiene otras disposiciones que no están incluidas en la medida de Texas y no están directamente relacionadas con la inmigración. Entre ellas figuran la tipificación como delito punible con hasta 10 años de prisión de la venta de fentanilo que provoque la muerte de una persona, y el requisito para que las agencias gubernamentales que administran programas de prestaciones utilicen una base de datos federal para verificar que un no ciudadano tiene derecho a recibir prestaciones.
Advirtiendo sobre los posibles costos legales, los opositores señalaron la prohibición de contrabando de inmigrantes de Arizona de 2005, utilizada por el entonces sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, para llevar a cabo 20 patrullas de tráfico a gran escala dirigidas contra inmigrantes. Esto condujo a un veredicto en 2013 por perfil racial y a unos costos legales y de cumplimiento financiados por los contribuyentes que ahora ascienden a 265 millones de dólares y se espera que alcancen los 314 millones de dólares en julio de 2025.
Según la propuesta actual, una primera condena por la disposición de cruce de fronteras sería un delito menor punible con hasta seis meses de cárcel. Los jueces estatales podrían ordenar el regreso de las personas a sus países de origen una vez cumplida la pena de encarcelamiento, aunque los tribunales estarían facultados para desestimar los casos si los detenidos aceptan regresar a sus hogares.
La medida obligaría al departamento penitenciario del estado a custodiar a las personas acusadas o condenadas en virtud de la misma si las fuerzas del orden locales o del condado no disponen de espacio suficiente para alojarlas.
La propuesta incluye excepciones para las personas a las que el Gobierno federal haya concedido el estatus de presencia legal o asilo.
La disposición que permite detener a quienes crucen la frontera entre puertos no entraría en vigor hasta que la ley de Texas o leyes similares de otros estados lleven 60 días en vigor.
No es la primera vez que los legisladores republicanos de Arizona intentan criminalizar a los inmigrantes que no están autorizados a estar en Estados Unidos.
Al aprobar su proyecto de ley de inmigración de 2010, la Asamblea Legislativa de Arizona consideró ampliar la ley de allanamiento del estado para tipificar como delito la presencia de inmigrantes e imponer sanciones penales. Sin embargo, se suprimió la mención del allanamiento y se sustituyó por el requisito de que los agentes, al aplicar otras leyes, preguntaran la situación migratoria de las personas si se creía que se encontraban ilegalmente en el país.
El requisito de interrogar a las personas fue finalmente ratificado por la Corte Suprema de Estados Unidos a pesar de la preocupación de los críticos por la caracterización racial, pero los tribunales prohibieron la aplicación de otros artículos de la ley.
