CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre.— El gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró ayer como área natural protegida el polígono “Felipe Carrillo Puerto”, que abarca el banco de materiales de la empresa Calica, propiedad de la estadounidense Vulcan Materials.
La zona abarca municipios clave como Playa del Carmen, Tulum y la porción continental de Cozumel, lo que incluye los terrenos que durante años han sido explotados por la compañía norteamericana.
La declaratoria del área natural protegida se suma a un conflicto que ha escalado en el último año entre el gobierno de México y la empresa Vulcan Materials, que ha operado la extracción de piedra caliza en la región.
Esta disputa alcanzó un punto álgido en mayo de 2022, cuando las autoridades mexicanas clausuraron las operaciones de la compañía bajo el argumento de violaciones ambientales, y tras varias advertencias por el impacto ecológico que estaba causando en la zona.
Sin embargo, la empresa estadounidense defendió que operaba conforme a la ley y aseguró que la clausura afectaba una inversión millonaria que sostenía cientos de empleos.
El conflicto atrajo la atención del gobierno de Estados Unidos. Antes de la reciente declaratoria, senadores republicanos y demócratas presentaron una iniciativa de ley en el Senado estadounidense que busca imponer sanciones a México en caso de que se concretara la expropiación de la cantera de caliza y la terminal marítima de Puerto Venado, ambas parte de las instalaciones de Vulcan Materials.
La senadora republicana por Arizona, Katie Britt, expresó su preocupación sobre el tema, señalando que “el plan del presidente López Obrador para apoderarse del puerto de aguas profundas de Vulcan (Materials) representaría una expropiación flagrante de una operación propiedad de EU legalmente permitida”.
Arizona es el estado sede de la firma Vulcan Materials, lo que ha convertido el tema en un asunto prioritario para algunos políticos estadounidenses.
Por su parte, el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, advirtió que esta acción “sólo daña aún más la relación económica entre nuestros dos países”, refiriéndose también a las tensiones previas derivadas de la controvertida reforma judicial en México.
En línea con estas declaraciones, el senador republicano Bill Hagerty afirmó que “ningún país o presidente, y especialmente uno de nuestros mayores socios comerciales, debería tener permitido intimidar a una empresa de EU sin consecuencias”.
La propuesta legislativa incluye la posibilidad de sancionar a todas las compañías de buques que hagan uso de la terminal marítima de Puerto Venado, elevando la disputa a un nivel internacional que podría afectar las relaciones comerciales entre ambos países.
El presidente López Obrador ha defendido la postura de su gobierno, argumentando que la protección del medio ambiente y de las zonas naturales de Quintana Roo es una prioridad frente a los intereses de las empresas privadas, y que las acciones en torno a Calica son parte de una estrategia más amplia para recuperar el control sobre los recursos naturales y frenar los abusos cometidos en áreas vulnerables al daño ecológico.
