El biólogo, investigador y activista ambiental nicaragüense Amaru Ruiz, exiliado en Costa Rica después de ser expulsado de su país por el presidente Daniel Ortega, opina que “la lucha ambiental es política, pero no ideológica.
En una entrevista con EFE, Ruiz, de 34 años, argumenta que “deben tomarse decisiones políticas para que tengan un efecto real en el cambio de las condiciones ambientales de los países, pero no ideológica -matiza-, porque no es una lucha de izquierdas contra derechas”.
Si bien el ecologismo suele asociarse a movimientos de izquierda, el activista nicaragüense considera que hay ejemplos de gobiernos con tendencia progresista que también han implementado modelos muy perjudiciales para el medio ambiente.
“En América Latina se ha mantenido el modelo neoextractivista pese a que han pasado gobiernos de derecha y de izquierda. Evo Morales, en Bolivia, o Lula Da Silva, en Brasil, por ejemplo, basaron sus economías en el extractivismo y en la violación de los derechos a las comunidades indígenas y campesinas”, asegura Ruiz.
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Él mismo fue expulsado de Nicaragua por denunciar la explotación de los recursos naturales y la violación de derechos humanos.
De todos modos, el ecologista considera que “es natural” que se les atribuya mayor responsabilidad a los sectores económicos dominantes o políticos de derecha porque son los que impulsan modelos de desarrollo “altamente contaminantes”.
“El agua no es de una ideología o de otra, es de todas. Va a ser muy difícil continuar abasteciendo de agua a la población con la disminución hídrica que hubo el año pasado”, reflexiona, tras los episodios de sequía que afectaron a varias regiones del mundo en 2023.
En este contexto, asegura que es necesario tomar conciencia de que es una lucha “de todos”, ya que afecta a “la supervivencia y la estabilidad planetaria”.
“Régimen totalitario”
Nicaragua ha reducido la cobertura forestal al 24 % en todo el territorio nacional entre 2015 y 2022, según una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.
En 2000, varios años antes de que Ortega regresara al poder, Nicaragua tenía una cobertura boscosa del 42 %, mientras que en 1969 era del 75 %.
La Fundación del Río trabaja desde 1990 en la conservación y el desarrollo sostenible del sureste de Nicaragua, lugar en el que se encuentra la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las más importantes del país.
El 2013, esa organización se opuso a la construcción de un canal interoceánico y allí comenzó una persecución que finalizó con el cierre forzoso de la entidad y la retirada de la nacionalidad a Ruiz, su presidente, cinco años más tarde.
El activista advierte de que un 10 % de la población nicaragüense se encuentra exiliada y que ese número ha sido posible gracias la política ejercida en los últimos años por el gobierno de Ortega, que le ha quitado la ciudadanía a muchos habitantes.
“El gobierno de Ortega retiró la nacionalidad a más de 317 personas y ha asesinado a más de 300, además de mantener aún a más de 200 presos políticos en las cárceles”, denuncia el activista ambiental.
“Ha tratado de mantener un control totalitario de todos los poderes y con una estrategia de terror infundada desde de las fuerzas policiales y militares”, remata Ruiz.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que el Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo en 2021, con sus principales adversarios políticos en prisión o en el exilio.
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