Representantes de la Alianza de Cristianos de Cuba en la reunión del 26 de junio.
La Alianza de Cristianos de Cuba (ACC), una red independiente de líderes religiosos creada en 2022 publicó el comunicado tras su segunda asamblea general anual el 26 de junio de 2024 en la ciudad de Las Tunas, pidiendo al gobierno de Cuba acciones más concretas para proteger la libertad religiosa en el país.
En el comunicado, el grupo condena las continuas violaciones por parte del gobierno cubano del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y pide un nuevo marco legal que permita el registro de grupos religiosos, señalando que esto permitirá emprender acciones legales, cuando ocurren violaciones a la libertad de religión o de creencias (FoRB por sus siglas en inglés).
El grupo continúa exigiendo la liberación de todos los presos políticos y de conciencia e insta al gobierno a detener inmediatamente los procedimientos judiciales “precriminales”, que se utilizan para juzgar a individuos sospechosos de cometer delitos en el futuro, incluidos los políticos. ‘crímenes’.
Desde el 1 de enero de 2024, Christian Solidarity Worldwide (CSW) ha documentado 20 casos en ocho provincias de líderes religiosos, incluidos los de grupos religiosos cristianos y afrocubanos, que fueron objeto de acoso, amenazas y multas debido a su falta de reconocimiento legal. En algunos casos, se vio afectada una asociación religiosa registrada que practicaba su culto en un lugar no registrado. En otros, un líder religioso fue atacado debido a la condición de no registrado tanto del grupo religioso como del lugar.
“CSW apoya a la Alianza de Cristianos de Cuba en su llamado al gobierno cubano para que proteja los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de religión o creencias”, dijo en el comunicado Anna Lee Stangl, jefa de Defensa de CSW.
“En los últimos años, hemos visto un deterioro constante en lo que ya era un pobre historial en FoRB, con líderes de diferentes grupos religiosos en todo el país siendo sometidos a un mayor acoso y amenazas porque el gobierno cubano exige el registro de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los de carácter religioso, y sus lugares de reunión, pero se niega a crear procedimientos transparentes y acordes con las normas internacionales que les permitan cumplir con la ley”, añadió Lee Stangl.
En un caso típico, un pastor fue multado con 30.000 pesos cubanos (aproximadamente 1.250 dólares estadounidenses), que es seis veces su salario mensual de 5.000 pesos cubanos, además el inspector de vivienda calificó el ministerio como “una iglesia ilegal, no registrada”. El pastor protestó por la injusticia de la multa, señalando que la iglesia solo no está registrada porque el gobierno le ha impedido registrarse, sin embargo, finalmente se vio obligado a pagar bajo la amenaza de que la multa se duplicaría si no lo hacía.
Lee Stangl dice que, “Es preocupante que ahora estemos viendo la imposición de multas onerosas, incluso cuando la situación económica de la mayoría de los cubanos ha empeorado dramáticamente en los últimos años, a personas cuyo único “crimen” es intentar practicar pacíficamente su religión. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que presione al gobierno cubano para que implemente políticas que permitan el desarrollo de un floreciente sector de la sociedad civil independiente y legal.’”
La declaración de la ACC también abordó la violencia contra las mujeres y pidió al gobierno desviar los recursos dedicados a “perseguir a quienes piensan diferente y se manifiestan contra la política gubernamental” a la protección efectiva de sus ciudadanos y al desarrollo de más oportunidades económicas, y pidió reformas en torno a los derechos de los trabajadores, concluyendo con la promesa de “seguir defendiendo, orando y luchando por la dignidad del pueblo cubano”.
