Una organización conservadora liderada por el asesor de Trump, Stephen Miller, envió cartas a los líderes de California advirtiendo sobre “graves consecuencias” por las políticas de santuario que protegen a los residentes indocumentados.
WENDY FRY AND JEANNE KUANG
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La frontera sur de California, durante mucho tiempo la “zona cero” de la lucha entre funcionarios federales y locales sobre la política de inmigración, está ahora en el centro de una renovada controversia sobre hasta dónde pueden llegar los líderes locales para proteger a las personas de la deportación.
Después de que el condado de San Diego tomó medidas a principios de este mes para fortalecer las salvaguardas para los residentes indocumentados, una organización liderada por el asesor del presidente electo Donald Trump, Stephen Miller, envió una carta advirtiendo que los líderes electos y los empleados de las jurisdicciones “santuario” podrían ser “penalmente responsables” si impiden la aplicación de la ley federal de inmigración.
En la Carta del 23 de diciembre, America First Legal Foundation escribió: “Hemos identificado al condado de San Diego como una jurisdicción santuario que está violando la ley federal”.
Ese mismo día, la organización jurídica conservadora sin fines de lucro anunció que había identificado a 249 funcionarios electos en jurisdicciones santuario que, según dijo, podrían enfrentar “consecuencias legales” por las políticas de inmigración. La oficina del Fiscal General de California y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recibieron cartas similares.
La carta también sugiere que los funcionarios de la ciudad santuario podrían ser civilmente responsables bajo las leyes federales contra el crimen organizado.
Luego de que Trump se comprometiera a llevar a cabo “la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos”, la junta de supervisores de San Diego promulgó el 12 de diciembre una política que prohíbe a las fuerzas de seguridad locales comunicarse con las autoridades de inmigración sobre personas indocumentadas en cárceles locales sin una orden judicial.
La ordenanza recientemente promulgada en San Diego va un paso más allá de la ley de “santuario” estatal vigente en California, que sólo limita la cooperación entre las fuerzas de seguridad locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) federal. La ley impide a los carceleros notificar al ICE sobre reclusos no ciudadanos que están a punto de ser liberados de la custodia penal local a menos que hayan cometido uno de los aproximadamente 800 delitos graves. Los funcionarios de prisiones estatales se comunican regularmente con el ICE sobre las personas bajo su custodia, incluidos los ciudadanos estadounidenses, según muestran los registros públicos.
La acción del condado de San Diego enfrentó un rechazo inmediato, y la principal funcionaria policial del condado, la sheriff Kelly Martínez, dijo que no seguiría la nueva política y que continuaría permitiendo que las autoridades de inmigración accedan a los reclusos de la cárcel.
La carta de la American First Legal Foundation envió su carta a la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Nora Vargas, quien renunció a su cargo el viernes citando preocupaciones de seguridad apenas unas semanas después de ser elegida para un segundo mandato.
“La ley federal es clara: los extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos están sujetos a ser expulsados del país, y es un delito ocultarlos, albergarlos o protegerlos. También es un delito impedir que los funcionarios federales apliquen la ley de inmigración”, afirma la carta, fechada tres días después de la renuncia.
Vargas remitió las preguntas sobre la carta a un portavoz, que no hizo comentarios de inmediato. Vargas, quien nació en Tijuana, ha defendido durante mucho tiempo los derechos de los solicitantes de asilo y los inmigrantes. Fue la primera inmigrante y latina en formar parte de la junta de supervisores de San Diego. Fue elegida para la junta en 2020, cambiando el escaño de republicano a demócrata por primera vez en décadas.
Los portavoces del equipo de transición de Trump no respondieron de inmediato a las preguntas sobre si la administración planea procesar a los funcionarios locales en las ciudades santuario.
California prepara batallas legales con la administración Trump
Los funcionarios estatales han pedido a la Legislatura, en una sesión especial convocada por el gobernador Gavin Newsom el mes pasado, 25 millones de dólares para luchas legales con la administración entrante en temas que incluyen la inmigración.
“Esta es una táctica de miedo, simple y llanamente”, se lee en una declaración de la oficina del Fiscal General Rob Bonta, en respuesta a la carta de America First. “Si bien no podemos comentar los detalles de la carta, queremos ser claros: la SB 54 fue confirmada por los tribunales durante la primera administración de Trump, y evita el uso de recursos estatales y locales para la aplicación de la ley federal de inmigración con ciertas excepciones limitadas. Sin embargo, la SB 54 no hace nada para impedir que las agencias federales lleven a cabo la aplicación de la ley de inmigración por sí mismas. California seguirá cumpliendo con todas las leyes estatales y federales aplicables, y esperamos que todas las agencias locales de aplicación de la ley hagan lo mismo”.
