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La semana pasada estuvo llena de movimientos políticos inesperados, con rumores y especulaciones que circulaban en los pasillos del poder; la incertidumbre permeaba el ambiente, especialmente en torno a las posibles consecuencias legales que podrían afectar a varias figuras clave de la administración local de Los Ángeles
En el centro de la controversia se encuentra la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien se ha visto envuelta en un debate nacional a raíz de la política de “ciudad santuario” de la ciudad. Esta política, que protege a los inmigrantes indocumentados de la cooperación con las autoridades federales de inmigración, ha generado fuertes reacciones a lo largo de los años.
La tensión escaló cuando la organización America First Legal Foundation, liderada por Stephen Miller, exasesor de Donald Trump, envió cartas a casi 250 funcionarios, incluyendo a la alcaldesa Bass, al Fiscal General de California, Rob Bonta, y al jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell. Las cartas acusan a estos funcionarios de violar la ley federal al supervisar una “jurisdicción santuario”.
Aumentando la presión, Tom Homan, exjefe de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y cercano a la administración entrante de Trump, declaró en Fox News que “saber esconder o albergar a un extranjero ilegal” de la policía es un delito grave, con penas de más de un año de prisión. Estas declaraciones han sido interpretadas por algunos como una clara advertencia.
Ante las acusaciones, la oficina de la alcaldesa Bass emitió un comunicado a través de su portavoz, Zach Seidl, calificando la carta de “equivocada en materia de seguridad pública y en cuanto a la ley.” Por otro lado, James Rogers, abogado principal de America First Legal, defendió la postura de su organización con una declaración contundente: “Las políticas santuario son ilegales, se burlan de los principios democráticos de Estados Unidos y demuestran una falta de respeto escandalosa hacia nuestra Constitución y nuestros ciudadanos. Los funcionarios a cargo de las jurisdicciones santuario no tienen excusas y deben rendir cuentas.”
El equipo de transición del presidente electo Trump, por su parte, no ha realizado declaraciones oficiales al respecto, remitiendo las peticiones de información a America First Legal. La situación permanece tensa, mientras se espera una respuesta oficial de la administración entrante sobre las acciones que tomará.
