Durante su niñez en Washington, D.C., Maria Ayala-Flores no tenía en claro cuál era su situación legal. Sabía que había nacido en El Salvador y que, junto con sus padres, debía renovar sus papeles cada 18 meses. Sin embargo, nunca dudó que Estados Unidos era su hogar desde que llegó de pequeña.
Su sueño era asistir a la universidad, no solo para lograr sus propias metas, sino también para aprovechar las oportunidades que sus padres no pudieron tener. “Quería que mis padres se sintieran orgullosos de mí”, confesó.
Lo que no imaginaba era lo precaria que era en realidad su vida en los Estados Unidos, ni cómo su estatus legal pondría obstáculos en su camino hacia la universidad.
Según datos del Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute), se calcula que el 11% de los estudiantes en las universidades e instituciones superiores de Estados Unidos son inmigrantes. En cuanto al total de estos 1.9 millones de estudiantes, cerca de la mitad son ciudadanos naturalizados, mientras que la otra mitad posee diferentes tipos de estatus migratorio. Aproximadamente 400,000 son indocumentados y más de 500,000 cuentan con algún tipo de estatus legal. Algunos son residentes permanentes, otros son refugiados o solicitantes de asilo, y también hay quienes son beneficiarios de permisos humanitarios. Además, algunos de ellos tienen Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) debido al peligro que representa regresar a sus países de origen.
El sistema de educación superior en los Estados Unidos es, para muchos estudiantes inmigrantes, una luz de esperanza, una oportunidad que desean aprovechar para acceder a una carrera profesional y conseguir estabilidad y seguridad. Sin embargo, enfrentan diversas barreras para acceder a la educación superior, que abarcan desde el proceso de admisión y de inscripción, hasta la obtención de ayuda financiera. Como consecuencia, aunque muchos están autorizados a vivir y trabajar aquí, se les impide el acceso a muchas profesiones y luchan por alcanzar su máximo potencial.
A medida que aumenta el número de inmigrantes con este tipo de estatus, algunos estados están implementando políticas que facilitan el acceso de los estudiantes. En contraste, otros estados mantienen las puertas cerradas al restringir la matrícula estatal exclusivamente a ciudadanos y estudiantes que tienen la residencia permanente (green card). Con Donald Trump preparándose para iniciar su segundo mandato presidencial, la incertidumbre para los estudiantes inmigrantes se intensifica. Trump se comprometió a eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), algo que ya hizo durante su primer mandato. Para beneficiarios del TPS, como por ejemplo Ayala-Flores, que han dependido del programa por años, estas amenazas generan una gran inestabilidad.
“Comencé a defender el TPS en 2017, cuando supe que Trump tenía la intención de eliminarlo por completo”, explicó Ayala-Flores. Junto con su familia, participaron de una demanda que bloqueó los intentos de eliminar el programa en la primera administración de Trump. Aunque le llenaba de orgullo defender a su comunidad, su activismo afectó profundamente su desempeño académico. Se graduó del high school en 2016, un poco antes del primer mandato de Trump, con el deseo de vivir una experiencia universitaria como cualquier otro estudiante.
“Me invadía un sentimiento de culpa porque sé que tengo una voz y puedo usarla. Pero al mismo tiempo deseaba centrarme en mi vida, en mi educación y en mi desarrollo profesional”, comentó Ayala-Flores.
El impacto del estatus migratorio en la ayuda financiera
Ayala-Flores, quien ahora tiene 26 años, y sus padres han sido beneficiarios del TPS desde 2001, tras un terremoto que impidió que regresaran a El Salvador. Gracias al programa de TPS, su familia ha podido quedarse y trabajar de manera legal en los Estados Unidos.
Durante la mayor parte de su vida, Ayala-Flores no pensó demasiado en su situación. Sin embargo, eso cambió en 2015, cuando tenía 17 años y comenzó a solicitar admisión a la universidad. En las conversaciones con la consejera universitaria de su high school, quedó claro rápidamente que ni ella ni sus padres, ni siquiera la propia consejera, sabían mucho sobre las complejidades del TPS, ni si ella podría acceder a ayuda financiera.
Muchos inmigrantes se encuentran en posesión de diversos estatus migratorios temporales, los cuales les impiden solicitar la residencia permanente legal, conocida como green card, o la ciudadanía estadounidense. Dicho estatus les permite residir, y en muchos casos trabajar, legalmente en los Estados Unidos por un tiempo predeterminado. En ciertos casos, existe la posibilidad de renovarlos, aunque no les ofrecen un camino hacia la permanencia. El TPS es uno de esos estatus legales. Según la normativa federal, los beneficiarios de TPS no son considerados “residentes con derecho a recibir ayuda” y, por lo tanto, no tienen acceso a los beneficios financieros federales.
Aunque Ayala-Flores aún podía solicitar el ingreso a distintas universidades, tendría que depender de becas privadas, de sus ahorros y préstamos para poder pagar sus estudios. A pesar de recibir una pequeña beca, Ayala-Flores y su familia no lograron reunir lo suficiente para ingresar a una universidad de cuatro años. En lugar de eso, tras graduarse del high school, se inscribió en Montgomery College, un community college cerca de su hogar.
Le tomaría siete años a Ayala-Flores superar los obstáculos que se le presentaron. Cuando finalmente consiguió su título de asociado en 2023, ya no era una adolescente, sino una joven adulta, con el sueño de obtener una licenciatura aún fuera de su alcance. Como estudiante universitaria de primera generación, Ayala-Flores siempre creyó que una licenciatura era clave para alcanzar el éxito. Quería estudiar matemáticas y pensaba en ser profesora, pero no sabía qué lo podría hacer con solo un título de asociado.
Las barreras burocráticas que enfrentan los inmigrantes que huyen de la crisis política
En agosto de 2021, con 19 años, Farahnaz Ibrahimi huyó de Afganistán cuando las fuerzas estadounidenses se retiraron y el Talibán asumió el control. Ibrahimi era una atleta destacada por ser campeona en artes marciales y una montañista experimentada. Una organización estadounidense, Ascend, le había enseñado a escalar, y temía que su relación con los estadounidenses la pusiera en riesgo.
No tenía idea de cómo sería su vida bajo el régimen talibán, pero sabía que las niñas probablemente perderían su derecho a participar en deportes y a estudiar. Cuando Ascend le ofreció ayuda para irse de Afganistán, Ibrahimi no dudó en aceptarla, confiada en que su nueva vida en los Estados Unidos le permitiría tener más libertad para dedicarse a sus pasiones.
Ibrahimi llegó a Raleigh, Carolina del Norte, con un tipo de visa llamada permiso humanitario(humanitarian parole en inglés). Esta visa le permitió vivir y trabajar legalmente en los EE. UU. mientras solicitaba asilo, pero, al igual que el TPS, el permiso no le aseguraba un camino hacia la residencia permanente. Los voluntarios de Ascend habían formado un “círculo de patrocinadores”, un grupo de familias dispuestas a acoger a afganos beneficiarios del permiso humanitario. Anne McLaughlin, organizadora de este círculo y profesora en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, apoyó a Ibrahimi, quien poco después de llegar a Raleigh comenzó a trabajar en su solicitud universitaria. Su mirada estaba puesta en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Sin embargo, su solicitud se vio detenida cuando la universidad le pidió una copia de sus expedientes académicos del high school.
Este requerimiento, que era común para los postulantes, era imposible para Ibrahimi. Aunque hubiera tenido acceso a una conexión de internet confiable, los talibanes habían cerrado por completo su escuela en Kabul, lo que hacía imposible acceder a su expediente académico. Ibrahimi pensó que si explicaba la situación a la oficina de admisiones de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, entenderían por qué no podía presentar su expediente académico. Sin embargo, asegura que no mostraron disposición a realizar una excepción a la norma.
Jon Westover, el vicerrector asociado y director de admisiones de la universidad, confirmó que la Oficina de Admisiones de Pregrado exige que todos los postulantes de primer año entreguen sus expedientes académicos oficiales de su high school. No obstante, señaló que suelen dirigir a los solicitantes refugiados y desplazados a recursos como el Programa de acceso de Servicios de Educación Mundial (WES, por sus siglas en inglés), que asiste a los postulantes en la creación de registros educativos cuando no se dispone de los expedientes académicos oficiales.
Lamentablemente, los servicios de WES no ayudaron a Ibrahimi. Cuando dejó Afganistán, no se llevó nada: ni registros, ni diplomas, ni documentos. Tuvo que tomar una decisión en un abrir y cerrar de ojos, marchándose solo con la ropa que llevaba puesta.
Sin embargo, Ibrahimi comenzó a explorar universidades privadas, con la esperanza de que instituciones más pequeñas pudieran tomar decisiones más personalizadas. Fue exactamente lo que encontró en Bard College en Simon’s Rock, en Massachusetts. Ibrahimi comentó que la universidad ya había trabajado con estudiantes desplazados, incluidos otros afganos, y con menos de 2,000 estudiantes de pregrado, sintió que recibió más ayuda y atención en su solicitud. La universidad le otorgó una beca privada, y logró que Ibrahimi se sintiera emocionada y feliz.
Sin embargo, mudarse a Massachusetts fue un desafío. Su comunidad en Estados Unidos estaba en Carolina del Norte y, al enfrentar problemas de salud, se dio cuenta de que no podía quedarse allí. Decidió volver a Raleigh para replantearse su futuro.
La Universidad Estatal de Carolina del Norte no le permitió hacer excepciones, por lo que después de un semestre en Bard, Ibrahimi decidió ir a un community college, tal como hizo Ayala-Flores. Se matriculó en Wake Tech Community College en la primavera de 2023 sin poder presentar el expediente académico de su high school. Al no poder comprobar que había cursado clases, tuvo que empezar desde el principio, tomando materias de matemáticas y ciencias que ya había estudiado en Afganistán. Para ella, era una gran pérdida de tiempo… y de dinero.
Ibrahimi, al igual que Ayala-Flores, enfrentó dificultades con la ayuda financiera. Como beneficiaria del permiso humanitario, no tenía acceso a la matrícula estatal en Carolina del Norte, pero sí a la ayuda federal. Sin embargo, para acceder a esa ayuda, FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) exigía los datos bancarios y las firmas de sus padres.
Eso era una misión imposible. Los padres de Ibrahimi nunca habían tenido una cuenta bancaria, su madre no sabe leer ni escribir, y con la inestabilidad del internet en Afganistán, Ibrahimi apenas podía comunicarse con su familia una vez al mes. No sabía cómo lograr que firmaran los formularios sobre sus finanzas. “Aquí todo es cuestión de papeles”, comentó Ibrahimi. “No confían en ti si no les enseñas un papel.”
Muchos inmigrantes no cualifican para la matrícula estatal
La Alianza de Presidentes de la Educación Superior y la Inmigración, formada por dirigentes de universidades e instituciones terciarias, trabaja para aumentar la comprensión sobre el impacto de la política migratoria en los estudiantes a través de su proyecto digital, el Portal de Inmigración en la Educación Superior (Higher Ed Immigration Portal). Miriam Feldblum, directora ejecutiva de la Alianza, destacó que las dificultades que Ayala-Flores e Ibrahimi han enfrentado son comunes entre los estudiantes desplazados y refugiados. Ya que, a menudo, encuentran dificultades para obtener información clara sobre cómo su estatus afecta a sus solicitudes universitarias.
El informe más reciente de la Alianza concluye que “brindar capacitación completa a los consejeros que trabajan con estudiantes indocumentados, refugiados, solicitantes de asilo y otras poblaciones no inmigrantes podría influir en las tasas de inscripción en programas de educación superior en todo el país”. Los consejeros de high school y las oficinas de admisiones universitarias a menudo no están preparados para enfrentar casos únicos, lo que complica que los estudiantes encuentren a quién acudir para recibir ayuda.
Para Ayala-Flores e Ibrahimi, la falta de acceso a ayuda financiera representó la principal barrera. Cada estado tiene la potestad de determinar qué “estatus de no ciudadanos que califican para la residencia” son reconocidos en términos de residencia, lo que influye en el acceso a becas y ayudas estatales, así como en el costo de la universidad. En Carolina del Norte, donde vive Ibrahimi, no importa cuánto tiempo lleve allí, mientras tenga permiso humanitario, no puede optar por la matrícula estatal y debe pagar la tarifa mucho más alta de matrícula fuera del estado. En Washington D.C., el estatus de Ayala-Flores la excluye de la Beca de Asistencia para Matrícula del Distrito de Columbia (D.C. Tuition Assistance Grant).
De acuerdo con la Alianza, 25 estados en EE. UU. ofrecen matrícula estatal a todos los estudiantes residentes, sin importar su estatus migratorio, inclusive personas indocumentadas. Aunque muchos estados siguen limitando el acceso a los estudiantes indocumentados, algunos han encontrado formas de incluir a quienes tienen permisos temporales, como el TPS y el permiso humanitario. Kentucky implementó un nuevo programa de becas para apoyar a los estudiantes inmigrantes. Ahora, aquellos con TPS y permiso humanitario, junto con otros permisos temporales, pueden acceder a financiamiento adicional para cubrir el costo de la matrícula.
Sin embargo, los estudiantes inmigrantes también enfrentan barreras indirectas, indicó Feldblum. Algunos estados permiten que las personas con diversos estatus migratorios obtengan licencias de conducir y licencias profesionales u ocupacionales, mientras que otros limitan el acceso, lo que afecta las oportunidades educativas y laborales de los estudiantes inmigrantes.
Por último, saber cuántos estudiantes enfrentan estas situaciones complejas sería de gran ayuda para que educadores, consejeros y defensores puedan tomar decisiones informadas sobre la mejor manera de ayudar a sus estudiantes. Sin embargo, actualmente no se recopila información detallada sobre cuántos estudiantes con cada tipo de visa están intentando ingresar a la educación superior. Existen estimaciones sobre cuántos estudiantes están inscritos, pero los datos no reflejan cuántos lo intentan sin lograrlo.
Los títulos universitarios permanecen fuera del alcance de muchos
El paso de Ayala-Flores por el community college estuvo lleno de retos. Tras inscribirse como estudiante de tiempo completo, comenzó a cuestionarse qué estaba haciendo allí exactamente. También se preguntaba cómo esa experiencia académica la acercaría a sus metas. Las inquietudes relacionadas con la posible eliminación del Estatus de Protección Temporal(TPS) para salvadoreños durante el primer mandato de Trump hicieron que concentrarse en sus estudios fuera aún más complicado. En medio de la demanda judicial y las protestas en defensa del TPS, decidió interrumpir sus estudios antes de obtener su título de asociado.
Su esperanza es que este no sea el cierre de su vida académica. Sus hermanos menores, nacidos en los Estados Unidos, asisten a universidades de cuatro años para estudiar ingeniería mecánica. Le parece inevitable sentir celos de las oportunidades que ellos tuvieron solo por haber nacido allí, oportunidades que ella siempre deseó, pero no pudo alcanzar.
Ayala-Flores procura no pensar demasiado en lo que pudo haber sucedido. En cambio, se enfoca en el futuro: está solicitando ingreso a universidades de cuatro años, enfocándose en sus aplicaciones y considerando qué tipo de apoyo financiero podría recibir. Ha sido complicado encontrar empleo solo con el título de asociado, señaló. Además, está convencida de que obtener una licenciatura le abrirá puertas hacia un trabajo más significativo, posiblemente como docente.
Ibrahimi considera que su experiencia en el community college ha sido útil, pero también frustrante. Como no pudo cumplir con los requisitos para la solicitud de ayuda financiera, ha estado pagando sus clases con préstamos. Sin embargo, recientemente consiguió demostrar su independencia de sus padres, lo que facilitará el acceso a ayuda financiera. Espera terminar su título de asociado para el otoño de 2025. Después, intentará nuevamente transferirse a la Universidad Estatal de Carolina del Norte en busca de su licenciatura.
Al principio, al llegar a Estados Unidos, Ibrahimi no tenía definido qué quería estudiar, aunque sabía que quería crear y construir cosas. Hoy, está decidida a estudiar ingeniería y trabaja en la Universidad Estatal de Carolina del Norte analizando cómo la distracción afecta el aprendizaje de los estudiantes. A pesar de su empleo en la universidad, todavía no puede matricularse como estudiante.
La aprobación de su solicitud de asilo ha sido el mayor cambio en su vida. Este nuevo estatus le da la posibilidad de ser reconocida como residente estatal en Carolina del Norte y, con suerte, de transferirse en el futuro a la Universidad Estatal de Carolina del Norte. A pesar de las dificultades, continuará su búsqueda para obtener el título.
“Quería conocer la sensación de estudiar en paz”, declaró Ibrahimi, y continuó: “asistir a clases sin pensar en si saldré del aula con vida”.
Traducido por Flavia Melisa Franco
Lauren DeLaunay Miller es reportera independiente y becaria local de noticias en California, especializada en inmigración, salud y medio ambiente. Puedes contactarla en lauren_d_miller@berkeley.edu.
