“En toda la región, los gobiernos crean narrativas estigmatizadoras contra los defensores, culpando a las comunidades y a las familias y no investigando a las empresas que operan en las regiones donde los defensores son asesinados o amenazados”.
En México y Honduras se observan tendencias similares, con 18 defensores asesinados en cada país el año pasado. En México, más del 70% de las personas asesinadas eran indígenas. En Brasil, el número de asesinatos descendió de 34 en 2022 a 25 en 2023. Más de la mitad eran indígenas. El informe destaca los avances en la protección medioambiental que se han producido bajo la presidencia de Lula da Silva, que asumió el cargo en enero del año pasado.
“En toda la región, los gobiernos crean narrativas estigmatizadoras contra los defensores, culpando a las comunidades y a las familias y no investigando a las empresas que operan en las regiones donde los defensores son asesinados o amenazados”, afirma Alejandra Gonza, fundadora y directora de Global Rights Advocacy, una ONG que trabaja con defensores en Latinoamérica.
Aunque es difícil establecer una relación directa entre el asesinato de un defensor y los intereses de una empresa concreta, el informe señala a la minería como la industria que más muertes provoca. 25 defensores asesinados el año pasado se habían opuesto públicamente a operaciones mineras y el 92% procedía de América Latina, una región con una elevada concentración de minerales fundamentales para la transición energética.
Los riesgos para América Central
Global Witness afirma que los defensores en Centroamérica han sufrido más ataques per cápita que en cualquier otra parte del mundo, y que casi todos ellos (97%) han tenido lugar en Honduras, Guatemala o Nicaragua. En 2023, 36 defensores fueron asesinados en la región. Esto significa que casi uno de cada cinco asesinatos documentados en el mundo tuvo lugar en una región con menos del 1% de la población mundial.
“Tras la pandemia, se ha producido un aumento de grandes proyectos de infraestructuras y extractivistas, lo que ha supuesto amenazas para los defensores”, afirma César Artiga, representante del pueblo salvadoreño para el Acuerdo de Escazú. “Sin embargo, no se trata solo del sector privado. En algunos casos, las amenazas proceden del Estado, que criminaliza a los defensores y crea campañas de desprestigio”.
El informe afirma que América Central ha sido objeto de una extracción “insostenible”, en industrias como la tala y la minería. Se dice que las comunidades se ven obligadas a resistirse ante la ausencia de procedimientos de consulta adecuados. Así lo demostraron los acontecimientos ocurridos en Panamá el año pasado, donde los planes para adjudicar un contrato minero se cancelaron tras protestas a escala nacional que duraron un mes.
Según Global Witness, la expansión de los regímenes autoritarios en Centroamérica otorga impunidad a las élites políticas y económicas que utilizan la violencia para mantener el control de los recursos naturales. La región contiene entre el 5 y el 12% de la biodiversidad mundial en su mosaico de ecosistemas tropicales, que abarca una estrecha franja entre las costas del Pacífico y el Caribe.
“Estos regímenes existen y trabajan en tándem con las élites económicas concentradas, que tienen el poder de facto en los territorios. Ambos se benefician de la explotación de los recursos naturales”, afirma Bertha Zúñiga Cáceres, activista hondureña. Su madre, Berta Cáceres, destacada activista y lideresa indígena que había liderado la oposición a un proyecto hidroeléctrico, fue asesinada en 2016. “Es desgarrador no encontrar justicia para los defensores del medioambiente en la región”.
