La primera semana de la guerra arancelaria global desatada por el presidente Donald Trump ha dejado más incógnitas que certezas en Colombia. No obstante, el ambiente de ruptura en los códigos tradicionales del comercio mundial es palpable. Y una de las preguntas a resolver en Bogotá se centra en el futuro del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por los dos países en 2012. El tributo de aduana del 10% decretado por Washington supone una amenaza a la economía local. Y obliga al Gobierno del presidente Petro a repensar la estrategia para lidiar con la Casa Blanca. ¿Qué pasará en 90 días, cuando termine la pausa anunciada por la gran potencia el miércoles de esta semana?
Una cuestión compleja. Lejos de las especulaciones, que en general plantean los peores escenarios, hoy queda claro que los dientes legales del TLC han perdido firmeza. Lo dicen varios expertos. Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio de este Gobierno, señala que Estados Unidos lo ha incumplido de forma dañina. “No hay debate. Es un síntoma, quizás, de que la base jurídica de los acuerdos es relativamente endeble. Y de que las consecuencias de violar un tratado internacional no son tan escandalosas como se percibe en Colombia”, afirma el también exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La estrategia de Trump se basa en la declaración de una “emergencia nacional”. Su Gobierno ha apelado a esta herramienta jurídica con el objetivo de enfrentar supuestas amenazas a la seguridad de los Estados Unidos, y pasar la aplanadora arancelaria. Una lectura más amplia, sin embargo, aporta matices: “La OMC ha dicho que para que un país pueda invocar razones de seguridad nacional tiene que haber un escenario de guerra, o de conmoción interior”, explica el abogado experto en aduanas y académico de la Universidad Javeriana Gabriel Ibarra.
A su juicio, este asunto se debe analizar a la luz del ajedrez de la política internacional, no desde la letra menuda de los tratados ni de las lógicas legales del comercio internacional. “Todos los argumentos de Estados Unidos son muy debatibles”, zanja el economista Hernando José Gómez, quien fue negociador colombiano del TLC “e infortunadamente el apartado sobre la seguridad nacional está incluido en los acuerdos de la OMC. Lo que sucede es que nunca se ha podido establecer unos criterios objetivos para saber qué constituye, realmente, una amenaza y qué no lo es. Entonces cada país argumenta lo que quiere”.
El giro proteccionista estadounidense también abre otros interrogantes. El primero de ellos, quizás, sobre el papel de la Organización Mundial del Comercio. El organismo, hoy visto como una maquinaria lenta y ausente, ha perdido fuelle en temas de solución de controversias e incluso a la hora de encontrar formas de allanar el camino en todo lo que suponga un obstáculo para el tránsito de mercancías.
Pero hay más aristas. “A pesar de que Estados Unidos está incumpliendo con el capítulo de los aranceles, un TLC está compuesto por muchos otros puntos que hay que analizar”, advierte Gómez. Y señala que es un buen momento para recordar que, a pesar de las falencias del sistema multilateral vigente, “el mundo funciona mucho mejor cuando hay reglas claras y libre comercio”.
De la misma manera, considera que “estamos en una situación muy complicada donde los Estados Unidos se quejan de que los países han abusado de su mercado con muchos aranceles que no son recíprocos”. Un discurso, en su opinión, miope. Para empezar, porque se trata de una potencia con superávit en la balanza comercial de servicios. Es decir, que el saldo entre exportaciones e importaciones es positivo a favor de las primeras, en un componente que a menudo se pasa por alto frente al de bienes —el de los objetos que cruzan físicamente las aduana—. Además, porque en el caso de Colombia es el país sudamericano el que tiene un déficit en el comercio entre los dos Estados, en una cifra que en 2024 llegó a 1.300 millones de dólares.
En todo caso, la coyuntura ha dado pie a sectores cercanos al presidente Petro, críticos de los efectos del TLC, para revivir su idea de renegociar los acuerdos. Reyes comparte esta visión: “Por ejemplo, en distintos sectores del campo. La leche, el maíz, el arroz, han salido bastante perjudicados por el tratado con Estados Unidos. Nosotros aceptamos reducir los impuestos de entrada a esos productos norteamericanos, con efectos sobre nuestra agricultura, a cambio de un acceso privilegiado de nuestros productos a Estados Unidos. Ahora nos encontramos con una barrera del 10% de entrada. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir cumpliendo”.
Otras voces apuestan por la cautela. No es momento, recuerdan, para emitir mensajes destemplados. Basta recordar el llamado a la renegociación por parte de más de 75 países que, en los últimos días, han hecho fila en la Casa Blanca para tratar de moderar el panorama. Un salvavidas que no parece efectivo a corto plazo. Por eso, si el eje de las decisiones de Trump ahora gira en revitalizar la capacidad productiva de las empresas estadounidenses, a través de un proteccionismo cerril, Ibarra adelanta que Colombia se debe preparar para un horizonte reducido: “Se vuelve a la vieja discusión entre el multilateralismo y el minilateralismo. Como es el caso del G-20 o el G7. Ese modelo, en un momento tan polarizado, podría ayudar a paliar las cosas mientras todo se decanta”.
