El proyecto de ley migratoria en Estados Unidos conocido como Ley Laken Riley se encuentra en el centro del debate político y migratorio. Este ambicioso plan, respaldado por republicanos y diseñado para endurecer las políticas migratorias, prometía una drástica reducción de la inmigración irregular mediante deportaciones masivas. Sin embargo, según un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los costos exorbitantes y la falta de recursos hacen que su implementación sea prácticamente imposible en 2025.
ICE estima que el proyecto tendría un costo de 26,900 millones de dólares solo en su primer año y requeriría duplicar las camas en centros de detención, así como contratar miles de nuevos agentes y abogados para manejar el volumen de detenciones y deportaciones. Esta falta de viabilidad financiera y logística ha generado dudas tanto en legisladores republicanos como demócratas, dejando el futuro de la ley en incertidumbre.
¿Por qué la Ley Laken Riley no afectaría a inmigrantes en EE. UU.?
Aunque la Ley Laken Riley fue aprobada en la Cámara de Representantes, ICE ha emitido una advertencia contundente sobre su inviabilidad. Según el informe, la agencia necesitaría:
- 110,000 camas adicionales en centros de detención, lo que duplicaría las capacidades actuales.
- Contratar a más de 10,000 agentes especializados en operaciones de cumplimiento y deportación.
- Incorporar al menos 7,000 abogados y personal de apoyo para procesar los casos de inmigración.
Sin embargo, la ley no incluye asignaciones presupuestarias adicionales para cubrir estos costos. Esto significa que el proyecto dependería completamente de recursos que ICE no tiene actualmente. Además, expertos advierten que la implementación de la ley podría colapsar el ya sobrecargado sistema judicial de inmigración, que enfrenta atrasos significativos.
¿Qué haría la Ley Laken Riley con los inmigrantes en EE. UU.?
El propósito principal de la Ley Laken Riley era reforzar las políticas migratorias de Trump mediante un control más estricto de las fronteras y el aumento de las deportaciones. De haberse implementado, la ley habría tenido un impacto directo en millones de inmigrantes en Estados Unidos, especialmente aquellos en situación irregular.
Entre las medidas más drásticas de la ley se incluían:
- Aumento de redadas migratorias: la ley contemplaba un incremento significativo en las operaciones de detención por parte de ICE, particularmente en ciudades santuario, donde la cooperación con autoridades federales es limitada.
- Restricciones para solicitantes de asilo: los nuevos criterios habrían dificultado que quienes buscan protección legal en Estados Unidos puedan permanecer en el país mientras se procesan sus casos.
- Desafíos para el sistema judicial: con más de 1.6 millones de casos pendientes en tribunales migratorios, la sobrecarga habría retrasado aún más los procesos legales, afectando tanto a inmigrantes como al sistema judicial en general.
Sin embargo, los problemas financieros y logísticos han frenado estas iniciativas, evitando que el impacto prometido por los legisladores republicanos se haga realidad.
La falta de fondos también se extiende a la infraestructura necesaria para ejecutar las deportaciones masivas que exige el proyecto. Esta situación ha llevado a que legisladores en el Senado trabajen en enmiendas para ajustar la ley, incluyendo aumentos en el presupuesto y una revisión de los criterios de detención, aunque esto no garantiza su viabilidad.
¿Cómo nace la Ley Laken Riley en EE. UU.?
La Ley Laken Riley fue propuesta inicialmente como una respuesta a las promesas de campaña de Donald Trump, quien reiteró su compromiso de endurecer las políticas migratorias en Estados Unidos al regresar al poder en 2025. Promovida por un grupo de legisladores republicanos, el proyecto buscaba ser un pilar central en las discusiones sobre seguridad fronteriza y control migratorio.
El objetivo principal era establecer un marco legal más rígido para combatir la inmigración irregular, alineándose con las medidas aplicadas durante el primer mandato de Trump. Entre sus promesas estaban la construcción de un sistema migratorio más eficiente y la implementación de deportaciones masivas como una solución a largo plazo.
Sin embargo, el memorando de ICE expone que las cifras utilizadas para diseñar el proyecto estaban desactualizadas, lo que llevó a una subestimación de los costos reales. Esto, sumado a la falta de recursos presupuestarios asignados, ha generado escepticismo incluso entre algunos republicanos que inicialmente respaldaron la medida.
El retraso en su votación final en el Senado refleja las crecientes dudas sobre la sostenibilidad de este proyecto, especialmente en un contexto donde el presupuesto federal ya enfrenta presiones significativas.
