Los Ángeles —
Activistas pro-inmigrantes en California se oponen firmemente a la Propuesta 36, que busca revertir aspectos importantes de la Propuesta 47 (aprobada en 2014), conocida por sus reformas en sentencias para delitos de drogas y robos menores.
La Propuesta 36 reclasificaría estos delitos como felonías para reincidentes, incrementando penas y la probabilidad de encarcelamiento, lo cual afectaría desproporcionadamente a inmigrantes y personas de color, dicen activistas.
Al igual, abogados expertos de inmigracion advierten que el aumento de sanciones criminales podría agravar los riesgos de deportación para inmigrantes, llevando a más separaciones familiares y a una mayor marginación de estas comunidades.
Por ejemplo, la simple posesión de una sustancia controlada es un “delito grave” de inmigración si las condenas previas por posesión se utilizan como un aumento de la pena. Un delito grave desencadena las penas de inmigración más severas posibles, ordenando la deportación de por vida en casi todos los casos y prohibiendo casi todo alivio de inmigración, incluso para residentes permanentes de largo plazo con dependientes ciudadanos estadounidenses, personas que buscan asilo y víctimas de abuso doméstico. Incluso si la persona completa con éxito el tratamiento obligatorio de drogas y se le otorga una desestimación, la condena por delito grave agravado permanecerá.
Al igual, la Propuesta 36 aumentaría el encarcelamiento por muchos delitos y, debido a la estrecha cooperación entre muchas cárceles, prisiones y el ICE, un mayor encarcelamiento a menudo significa más detenciones y deportaciones.
Críticos de esta medida, incluida Courage California argumentan que la Propuesta 36 no aborda las causas profundas como la pobreza, la adicción y la salud mental, prefiriendo enfoques punitivos que podrían aumentar las poblaciones carcelarias y reducir los fondos para programas comunitarios esenciales.
Estos activistas enfatizan que las inversiones en servicios sociales han demostrado mejores resultados para la seguridad pública y el bienestar comunitario que las tasas crecientes de encarcelamiento, señalando el éxito de la Propuesta 47 al reducir la reincidencia a través de iniciativas comunitarias y apoyo en salud mental.
Recientemente, Courage California y unos líderes de 13 organizaciones asociadas anunciaron su oposición unificada a la Propuesta 36, calificandole como “un intento financiado por corporaciones de hacer retroceder una década de progreso exitoso que costará a los contribuyentes miles de millones de dólares”.
Irene Kao, directora ejecutiva de Courage California, dijo que la Propuesta 36 es un ataque a las comunidades y a las reformas de seguridad pública por las que los californianos han luchado y votado.
“Los financiadores y partidarios de esta medida electoral no se preocupan por la seguridad real de nuestras comunidades; si lo hicieran, no estarían trabajando para eliminar las partes de la Propuesta 47 que han desviado más de $800 millones en ahorros de nuestros días de encarcelamiento excesivo anteriores a 2014 para financiar los programas críticos de tratamiento y desvío que nuestras comunidades necesitan”, dijo Kao.
“Para empeorar las cosas, si se aprueba, la Propuesta 36 costaría a los contribuyentes más de 26 mil millones de dólares en costos penitenciarios en la próxima década”, sostuvo.
A nivel estatal, Onyemma Obiekea, directora de políticas de Black Women for Wellness Action Project, argumentó que la Propuesta 36 propone llevar a California de nuevo a una era de encarcelamiento masivo, que devastó profunda y desproporcionadamente a las comunidades negras.
“Al revertir los esfuerzos respaldados por los votantes que han demostrado implementar soluciones efectivas y receptivas que respaldan la dignidad y la seguridad de todas nuestras comunidades, la Propuesta 36 establece un precedente peligroso que solo desestabiliza nuestras comunidades y perpetúa las desigualdades sistémicas por las que hemos luchado tanto para mitigar los daños”, dijo Obiekae.
A juicio de Jane Kim, directora estatal del Partido de las Familias Trabajadoras de California, para que las familias y comunidades prosperen en California, se deben financiar recursos y servicios que hagan que los vecindarios sean más seguros y al mismo tiempo garanticen la rendición de cuentas.
“La Propuesta 36 es errónea: envía a más personas a nuestro sistema carcelario quebrado mientras recorta la financiación de soluciones que incluyen más de $800 millones en la próxima década para salud mental, tratamiento de drogas, servicios para víctimas y los programas de prevención del delito que los californianos necesitan y por los que votaron”, dijo Kim.
Para Justin Dolezal, presidente de Small Business Forward y copropietario de Bar Part Time, corporaciones como Walgreens y Target han alimentado “cínicamente la falsa narrativa de que el robo minorista está fuera de control y está dañando sus resultados, por lo cual la Propuesta 36 es necesaria”. Sin embargo, “se reveló que la falsa narrativa estaba motivada por su incapacidad para competir con los minoristas en línea y pagar altos alquileres comerciales”, dijo Dolezal.
Para este empresario y activista, si se aprueba la Propuesta 36, “las personas acusadas de delitos menores se convertirán en chivos expiatorios de estos fracasos corporativos”.
“Reducir los umbrales de robo grave no disuade el robo; simplemente envía a más personas vulnerables a prisión por delitos menores, al mismo tiempo que recorta los servicios y programas que sí funcionan y le cuesta dinero a los contribuyentes”, dijo Dolezal.
No obstante, la Propuesta 36 en California cuenta con el respaldo de figuras importantes de la aplicación de la ley y grandes empresas minoristas.
Entre sus principales defensores se encuentran la Asociación de Fiscales del Distrito de California y empresas como Walmart, Target y Home Depot. Estos partidarios sostienen que sanciones más severas ayudarán a abordar problemas crecientes, como el robo minorista organizado y la crisis del fentanilo. Además, defensores como los alcaldes de San Francisco y San José argumentan que la medida ofrece un equilibrio entre la seguridad pública y el tratamiento de adicciones al dar la opción de rehabilitación como alternativa al encarcelamiento en ciertos casos.
Los simpatizantes ven la Propuesta 36 como una forma de contrarrestar las consecuencias no deseadas de la Propuesta 47, que redujo ciertas penas en el pasado y, según ellos, contribuyó al aumento de los robos y problemas relacionados con las drogas.
Para los activistas en contra como Pablo Rodríguez, director ejecutivo de Communities for a New California, el proyecto no ofrece soluciones reales.
“Está plagado de consecuencias no deseadas, como la posible desviación de fondos necesarios de las escuelas. Le costaría al Valle de San Joaquín millones de dólares de los contribuyentes, ya que abrumaría las cárceles y los tribunales locales”, dijo.
Recientemente, en una votación dividida, los supervisores del condado de Los Ángeles aprobaron una resolución que se opone a la Propuesta 36. A favor de la resolución en contra se encuentran Hilda Solis, Holly Mitchell y Lindsey Horvath, pero Kathryn Barger votó en contra y Janice Hahn se abstuvo de votar.
Por su parte, en el Ayuntamiento de Los Ángeles, Eunisses Hernández se opone a la Propuesta 36. Y el fiscal de distrito Gascón también.
