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Por Por Ramón Elizondo para La Prensa Libre AR
Dos días después de las elecciones, el juez federal J. Campbell Barker del distrito oriental de Texas eliminó por completo el alivio migratorio del presidente Biden, conocido como Parole in Place, el cual permitía a cónyuges indocumentados e hijastros de ciudadanos estadounidenses a permanecer dentro del país mientras solicitaban un permiso permanente en lugar de esperar 10 años fuera de la nación.
En su declaración, el juez afirmó que la administración Biden había excedido el límite de su poder y que ese nivel de autoridad solo le correspondía al Congreso otorgarlo, ya que la orden ejecutiva no beneficiaba a los Estados Unidos en su conjunto, poniéndose del lado de Texas, Missouri, Arkansas y otros estados que desafiaron el programa.
Uno de los desafiantes fue el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, quien lanzó un comunicado inmediatamente después del fallo diciendo que los estadounidenses están pagando las políticas migratorias de la administración Biden-Harris.
“Joe Biden y Kamala Harris crearon una crisis en la frontera sur, y el pueblo estadounidense tuvo que pagar las consecuencias”, dijo Bailey.
Por su parte, la organización no lucrativa Arkansas Unido, quien ha ayudado a la comunidad migrante de Arkansas desde el 2010, dijo en redes sociales que no bajarán la guardia ante la nueva administración y que seguirá trabajando para lograr reformas que beneficien a los inmigrantes. “Sigamos luchando para una reforma migratoria digna y justa para millones de personas”, dijeron en el comunicado.
Mientras tanto, la ACLU, quien ha luchado por décadas para defender los derechos humanos, dijo que estaba lista para entablar las demandas legales que sean necesarias en contra de la nueva administración.
“Muchos de nosotros tememos lo que estos resultados significan para nuestras comunidades, nuestra nación y para nosotros mismos,” dijo el director ejecutivo de ACLU, Anthony D. Romero. “Juntos, somos lo suficientemente poderosos para cambiar el curso de la historia de nuestra nación y defender nuestros derechos y libertades más fundamentales”.
La ACLU fue la organización que más demandas presentó durante el primer mandato de Trump, llegando a 434 demandas contra su administración, bloqueando algunas de las políticas más controversiales que Trump realizó contra los derechos humanos, como la prohibición de entrada a personas de origen musulmán y la separación de familias inmigrantes, cuando los niños fueron arrebatados de las manos de sus padres bajo la política de Tolerancia Cero.
Ahora la ACLU dice estar lista para cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca, pues cuentan con expertos legales y un equipo de defensa listos para combatir a su administración, especialmente en los siguientes temas:
- Cualquier plan de deportación masiva ilegal mediante una acción coordinada.
- Defensa legal a los denunciantes y críticos que se atreven a enfrentarse a las políticas de Trump.
- Utilizar los tribunales para afirmar que las personas LGBTQ están protegidas contra la discriminación bajo la ley federal.
- Desafiar los ataques de la administración Trump hacia la libertad reproductiva de la mujer.
“Esta es mi sexta elección presidencial como director ejecutivo de la ACLU y no tengo ninguna duda de que nuestra organización es la mejor preparada para afrontar este momento”, dijo Romero.
De la misma forma, la directora ejecutiva del National Immigration Project, Sirine Shebaya, dijo que reconoce que la comunidad migrante se siente con incertidumbre acerca de su futuro, pero dio esperanzas.
“Reconocemos que muchos se sienten aterrorizados por lo que traerán los próximos cuatro años”, dijo Shebaya. “Si bien no podemos evitar que se produzcan todos los daños, estamos aquí para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarnos y protegernos mutuamente”.
