La relatora especial de la ONU sobre la tortura, Alice Edwards, advirtió que la situación del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas “puede ser potencialmente mortal” tras conocer denuncias de malos tratos en la prisión donde esta recluido tras ser arrestado en la embajada mexicana en Quito.
“Me inquietan los informes médicos y de otra índole que sugieren que el Sr. Glas fue sometido a tortura, incluyendo pulgares dislocados, laceraciones en las muñecas por el uso excesivo de esposas, y contusiones y hematomas en los brazos, muslos y tórax, indicativos de golpes físicos”, señaló Edwards en un comunicado de la ONU.
La relatora instó al gobierno del presidente Daniel Noboa a garantizar un trato humano y digno para Glas, quien permanece desde abril en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil (suroeste), a donde fue llevado luego de su arresto durante una cuestionada incursión policial en la embajada mexicana en Quito.
Edwards también ha solicitado información sobre las acciones tomadas para investigar las “graves” denuncias de tortura. Un comité que aboga por la liberación del exvicepresidente ha pedido que médicos independientes evalúen la salud física y mental de Glas, de 54 años.
“El Gobierno de Ecuador tiene el deber de proporcionar al Sr. Glas y a todos los detenidos la atención médica necesaria y el monitoreo regular de la salud, así como un espacio adecuado, higiene, saneamiento, iluminación y ventilación”, apuntó Edwards, preocupada por las condiciones de la prisión donde permanece.
Glas está en medio de una disputa entre Ecuador y México, que le otorgó un asilo político que el gobierno ecuatoriano no reconoce. Según Quito su detención es legítima pues el exvicepresidente fue condenado por delitos comunes.
A raíz de la incursión en la embajada, México demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y sacó a su personal de ese país. También delegó a Suiza su representación diplomática en Quito.
El excompañero de fórmula del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017) se refugió en la embajada mexicana en diciembre pasado, antes de que la justicia le dictara orden de prisión por supuesto peculado en el manejo de fondos para la reconstrucción de poblados devastados por un terremoto en 2016. El proceso está en curso.
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