Héctor González, un abogado de inmigración quien cuenta con licencia para practicar abogacía migratoria a través del Departamento de Justicia, fue entrevistado recientemente en La Nueva Mix, una estación de radio en español en Glenwood Springs. Él respondió a las preguntas planteadas por Bianca Godina, editora de Sol del Valle, Axel Contreras, director del programa de La Nueva Mix y una servidora. La oficina de inmigración de González, Connect Immigration, tiene su sede en Gypsum.
En una fecha posterior, entrevisté a Jennifer Smith, una abogada de inmigración con sede en Glenwood Springs, para hacer algunas preguntas de seguimiento.
La entrevista de radio inició con González hablando de cómo las leyes que regulan el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y las de los departamentos de policía son diferentes. Por ejemplo, la policía en Colorado no puede preguntar sobre el estatus migratorio de alguien o arrestarlo por esa razón. Además, ICE no puede simplemente detener a alguien. Si ICE está presente en una parada de tráfico, la policía local debe haber iniciado la detención.
González dijo que es importante mantener la calma cuando se acerque un agente del ICE o un agente de policía. Aunque siempre debe haber una razón legal para que el ICE detenga a alguien, González señaló que una primera impresión puede influir en si alguien es detenido o no. Esto queda a discreción de los agentes del ICE. Sin embargo, dijo que es el derecho constitucional de cualquier persona a permanecer en silencio, y sugirió no compartir información en exceso.
Godina preguntó sobre las “tarjetas rojas”. Se trata de pequeñas tarjetas que los residentes indocumentados pueden llevar consigo y en las que se indican sus derechos constitucionales. González mencionó que si alguien tiene una tarjeta de este tipo, es muy importante que la información sea correcta.
Para los residentes indocumentados puede ser favorable llevarla consigo, coincidió Smith. Sin embargo, una tarjeta roja podría utilizarse para los encuentros con el ICE, pero no necesariamente con la policía local. Cuando son detenidos por una infracción de tráfico, por ejemplo, los conductores están obligados a presentar su licencia de conducir, prueba de seguro y registro del auto.
González aconsejó que es importante saber a quién llamar en caso de que alguien quede bajo custodia del ICE, y es importante que ese contacto sea un abogado migratorio con licencia. También es muy importante decirle a su abogado toda la verdad, para no sorprender al dar a conocer nueva información más tarde en la sala del tribunal. Dijo que los “notarios” a menudo se aprovechan de la gente – personas que pueden ayudar a llenar documentos, pero no son verdaderos abogados.
González y Smith señalaron que las personas deben tener cuidado con las redes sociales y cuando se les ofrece ayuda de personas que no son abogados autorizados. Muchas personas caen en este tipo de estafas y pierden su dinero sin obtener ningún resultado. En virtud de las órdenes ejecutivas actuales, las personas se enfrentarán a procedimientos de expulsión una vez que se rechaza una solicitud, según Smith.
Cruzar la frontera sin permiso es una infracción civil, no un crimen. Sin embargo, es posible que se presenten cargos criminales contra las personas que reinciden entrando a Estados Unidos después de haber sido expulsadas.
El gobierno tiene que presentar cargos civiles contra alguien para que una persona pueda acudir al tribunal de inmigración. “El gobierno, en teoría, tiene la discreción de hacerlo con cada persona, pero también tiene la discreción de no hacerlo”, dijo Smith. Es decir, a veces no se le da oportunidad a la gente de disputar su caso antes de ser deportada.
Por ejemplo, si alguien ha entrado previamente al país y ya se le había emitido una orden de repatriación, podría estar en peligro de “restablecimiento de la expulsión”, que permite al gobierno expulsar a alguien basándose en la orden anterior sin una audiencia judicial.
“También hay algo llamado expulsión acelerada, que, hoy por hoy, se aplica básicamente a cualquier persona en cualquier lugar de Estados Unidos que haya estado aquí menos de dos años”, dijo Smith. La expulsión acelerada se amplió el 21 de enero -el día después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo- y pone a las personas en riesgo de ser expulsadas sin la oportunidad de ver primero a un juez.
Generalmente, cuando el ICE detiene a una persona, primero la lleva a un centro de procesamiento donde se registran sus huellas dactilares y su información biométrica, según Smith. A partir de ahí, alguien sería llevado a un centro de detención, muy probablemente en Aurora si es detenido en Colorado. Generalmente, una vez que alguien es detenido tiene derecho a solicitar una fianza y comparecer ante un juez para explicar por qué debe ser puesto en libertad en Estados Unidos mientras se desarrolla su proceso judicial.
El juez puede tener en consideración si la persona está trabajando u otras conexiones en los Estados Unidos. El costo de la fianza varía en función del caso y de si el juez cree que la persona será responsable de presentarse a las audiencias judiciales.
Además de tener un abogado en marcación rápida, Smith dijo que las personas deben tener un plan. En primer lugar, deben saber si van a dar o no alguna información a ICE. Una vez más, las personas no tienen que dar información a ICE, incluyendo su lugar de nacimiento o estatus migratorio. Sin embargo, alguien puede decidir explicar si está en proceso de obtener el estatus o cuánto tiempo lleva en Estados Unidos. Es bueno designar a alguien que conozca dónde se guardan los documentos importantes y que los padres tengan a alguien a quien sus hijos puedan llamar en caso de ser detenidos.
Para obtener más información sobre Connect Immigration, visite www.connectchurchcolorado.com/es/immigration.
Para obtener más información sobre el bufete de Jennifer Smith, visite www.smithknudson.com/es/.
Traducción por Dolores Duarte
