La ciudad intentó trabajar con la comunidad para establecer espacios de mercado temporales y ofrecer fondos de ayuda de emergencia para los vendedores, así como otros servicios de apoyo.
Por Ginger Conejero Saab, NBC BAY AREA • •
El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, está dando un nuevo paso para abordar el problema de las ventas ilegales de bienes robados.
Algunos creen que todo comienza con el llamado cercado, que se está produciendo al aire libre en las calles de la ciudad, un problema que la exalcaldesa London Breed también intentó abordar.
Breed, junto con el senador estatal Scott Weiner, presentó el proyecto de ley SB-925 el año pasado para tratar de abordar el problema del cercado de la ciudad, pero no obtuvo el apoyo necesario para salir de un comité del Senado.
El lunes, Lurie y Weiner, junto con los supervisores de la ciudad, intentarán presentar una nueva legislación.
En noviembre de 2023, Breed y la entonces supervisora Hillary Ronen implementaron una moratoria de venta ambulante a lo largo de Mission Street para combatir la venta de bienes ilegales. Sin embargo, los vendedores autorizados que siguieron las reglas de la ciudad también se vieron afectados.
La ciudad intentó trabajar con la comunidad para establecer espacios de mercado temporales y ofrecer fondos de ayuda de emergencia para los vendedores, así como otros servicios de apoyo.
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La moratoria se extendió en febrero de 2024 hasta agosto de 2024. La ciudad dijo que los datos mostraron mejoras realizadas en el vecindario.
En junio de 2024, se anunció la SB-925, que buscaba abordar el problema de las cercas creando requisitos e imponiendo sanciones penales.
El proyecto de ley habría permitido a San Francisco exigir a los vendedores que obtuvieran un permiso para poder vender bienes que se consideran robados con frecuencia. La ciudad habría podido pedir a los vendedores pruebas de que los bienes se obtuvieron de manera legítima. Aquellos que incumplieran la ley recibirían una infracción por las dos primeras infracciones. Eso podría escalar a un delito menor y hasta seis meses en la cárcel del condado por una tercera infracción.
