Las interminables filas al frente de los dispensarios de medicamentos se han vuelto el paisaje común en varias ciudades de Colombia. Las imágenes de pacientes haciendo plantones o incluso durmiendo en las calles en lugares como Cali, Medellín o Bogotá para reclamar los fármacos muestran la dramática situación en la que están miles de familias en todo el país ante la escasez de productos para todo tipo de enfermedades, desde el cáncer hasta la diabetes. Ante una crisis que estalla, el presidente Gustavo Petro ha hecho una advertencia: si no se soluciona la entrega, ordenará allanar los dispensarios, una medida que la fiscal general ha dicho que es ilegal.
Los gestores farmacéuticos —los operadores logísticos, cadenas de droguerías y otros establecimientos que distribuyen las medicinas— están en la mira del Ejecutivo. Para el presidente son culpables de la crisis. “No permitiremos que los llamados gestores farmacéuticos, que monopolizaron el mercado de las medicinas y elevaron artificialmente los precios, estén acaparando los medicamentos. El acaparamiento va contra la ley”, publicó en su cuenta de X. Y añadió: “Llegó el momento de democratizar los gestores de la salud”.
Horas antes, decenas de pacientes se tomaron la avenida Las Américas, en Cali, para protestar por el mal servicio del dispensario Disfarma. Se trata de un operador contratado por la Nueva EPS, mayoritariamente estatal e intervenida por el Gobierno, que no da abasto para las necesidades de quienes deben hacer fila por horas para tener la posibilidad de recibir su medicina. Lo mismo han hecho otros colectivos de personas en Bogotá o Medellín. La plataforma Ayer Pacientes Hoy Dolientes ha convocado manifestaciones para “alzar la voz por el derecho a la salud”. “No podemos seguir soportando cirugías aplazadas, tratamientos negados y medicamentos que nunca llegan. La falta de financiamiento del Gobierno actual al sistema nos está matando”, clamaron los ciudadanos en un encuentro que realizaron la semana pasada en la Plaza de Bolívar, en la capital.
La cuestión central para todos es encontrar un culpable. Para el Gobierno, la responsabilidad recae enteramente en las Entidades Promotoras de Salud o EPS, aseguradoras públicas o privadas que están encargadas de contratar a los dispensarios. Según Petro, quieren acaparar los medicamentos para “sabotear las políticas de salud pública”. Su versión es que las EPS “se está robando el dinero público”. El Ejecutivo defiende que la solución es su proyecto de reforma al sistema de salud, que se hundió recientemente en el Senado y pretendía acabar con las EPS para convertirlas en entidades que solo auditen los cobros que hagan los prestadores al Estado.
Por el contrario, para las EPS, los comerciantes y la oposición, la culpa recae sobre el Gobierno, al que acusan de no hacer los pagos suficientes a las aseguradoras para sostener toda la cadena de distribución. La delegada de usuarios de Nueva EPS en el Valle del Cauca, uno de los departamentos más afectados, dijo en conversación con Blu Radio que no se han hecho los giros a los prestadores y que estos, por tanto, no pueden realizar las entregas al ritmo de la demanda. “Es la lógica. Si usted tiene una tienda, le va a suministrar al cliente que le paga. Al que no, no le entrega porque cuándo va a recuperar su capital”, cuestionó.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el principal gremio nacional de comerciantes, refuerza ese argumento: “La difícil situación actual sobre la falta de entrega obedece principalmente a la deuda acumulada del sistema, hoy cercana a los cuatro billones de pesos [casi 1.00 millones de dólares], con una mora que supera los 600 días, lo cual afecta el flujo de caja y los recursos disponibles para la compra de medicamentos”, señaló en un comunicado. A su vez, debatió la acusación del presidente de que las gestoras han aumentado los precios artificialmente. “El 82% de los medicamentos está sometido a control directo de precios por parte de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos”, dependiente del Ministerio de Salud, explicó.
Allanar los dispensarios, la solución de Petro
Uno de los remedios a corto plazo que propone el presidente Petro es “allanar” los dispensarios en donde estén los medicamentos sin entregar. “El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles. Y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, aseguró. La oposición no tardó en responder. La senadora y precandidata presidencial del uribismo María Fernanda Cabal se opuso a “usar la fuerza pública para imponer el desastre”, dijo en X. Según ella, “Petro nos está arrastrando hacia un modelo fracasado, al estilo de Venezuela”.
Las afirmaciones de Petro causaron gran revuelo. La fiscal general, ternada para ese cargo por el presidente, Luz Adriana Camargo, aclaró durante la rendición de cuentas anual de su entidad este viernes que el mandatario no tiene el poder para dar tal orden. “La Fiscalía General de la Nación es la titular de la acción penal, es la única que puede ordenar actividades de investigación y eso debe quedar absolutamente claro”, precisó. Lo que sí puede hacer el mandatario es pedirle a las superintendencias de Salud o de Industria y Comercio, parte del Ejecutivo, que hagan inspecciones a las EPS y a los dispensarios, respectivamente.
En lo que todos coinciden es en la crisis. “Hoy el sistema está colapsado”, manifestó esta semana el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la primera sesión de la mesa técnica para definir el valor de la UPC (Unidad de Pagos por Capitación), el monto que paga el Estado a las EPS por cada afiliado. A inicios de año, el Ejecutivo anunció un aumento de 5,36%, apenas por encima de la inflación, mientras varios actores del sector apuntaban a un incremento de más del 15% para soliviantar la desfinanciación del sistema. La Corte Constitucional declaró que el monto era insuficiente y ordenó la instalación de una mesa de trabajo que incluyera a todos los actores.
