José Pablo Quirós
Pastor en Comunidad Nexo
A un año de las elecciones de 2026, Costa Rica revela un escenario político que contradice las tendencias progresistas globales: el 70% de la población rechaza categóricamente el aborto y el 83% se opone al suicidio. Estos datos, revelados por una nueva encuesta nacional, señalan que los candidatos a la presidencia y las diputaciones enfrentarán un electorado que se posiciona firmemente a favor de la vida.
El estudio “Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas, 2024”, elaborado por académicos de la Universidad Nacional, encuestó a 1.302 personas de distintos perfiles socioeconómicos y rangos de edad. La investigación abarcó temas como creencias religiosas, participación en actividades de iglesia, valores sociales y política, ofreciendo un panorama integral sobre el pensamiento actual de la sociedad. De manera clara, 70% de quienes contestaron sobre el aborto, y 83% de los encuestados sobre el suicidio consideraron que dichos temas ‘nunca son aceptables’.
Ante esto, es claro que los costarricenses se posicionan a favor de la vida de cada persona, desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Tal posicionamiento es coherente con lo que, como país, se ha sostenido tradicionalmente. A su vez, los resultados contrastan significativamente con el debate en las redes sociales: mientras que grupos activistas dominan las discusiones en esas plataformas con ideologías que parten de una cultura de muerte, la gran mayoría silenciosa de la población se mantiene firme en favor de la vida.
Por lo tanto, a poco menos de un año de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, el resultado de la encuesta en análisis se convierte en texto de consulta obligatoria para todos aquellos que pretenden postularse a cargos de elección popular. Quienes son llamados a gobernar desde los diferentes puestos públicos deben conocer el pensamiento generalizado de la sociedad a la cual deben regir, por lo que los resultados de esta encuesta no pueden ser ignorados.
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos evitó caer en la trampa de utilizar el conocido caso Beatriz como un pretexto para inventar un supuesto derecho humano al aborto, y promover su aceptación en la región. Ahora, corresponde a aquellos que aspiren a cargos de elección popular en Costa Rica resistirse a las presiones de algunos que pretenden justificar la terminación de vidas humanas inocentes, o que promueven la cultura de muerte a través de la promoción del suicidio asistido.
Por su parte, el electorado costarricense debe exigir de los candidatos a presidente y diputados, además de una fuerte sustancia en sus propuestas sobre otros temas que apremian a la nación, el respeto a la vida como un elemento base de sus campañas. Será el desarrollo de políticas públicas que asistan a los más vulnerables, empezando por los que aún están por nacer, y no la promoción de la muerte, la manera en la que Costa Rica debe tutelar la dignidad de cada persona.
