Finalmente, la Comisión Europea de Ursula von der Leyen ha presentado su propuesta para la implantación del modelo Meloni de externalización de los flujos migratorios. Esta es una de las primeras patas que configuran el nuevo Pacto de Migración y Asilo, la cual buscaría el aumento de las deportaciones, según la Comisión y su Comisario de Interior, Magnus Brunner, de aquellos que han visto rechazada su solicitud de asilo, ya que estas no se estarían produciendo en la mayoría de las ocasiones en que se rechaza la solicitud.
Las nuevas medidas
Esta nueva regulación introduce severas complicaciones para las personas migrantes como una diferenciación por nacionalidad a la hora de saber si la persona debe o no entrar en un procedimiento de asilo, así como una evaluación de posibilidades a este efecto, la paralización del cómputo del tiempo que la persona lleva en territorio de la UE (esencial en procesos de regularización de la documentación o de detención administrativa), un procedimiento de comprobación de sí la persona migrante puede representar un riesgo para la seguridad del Estado, ampliación de plazos de detención si se considera que la persona puede huir antes de ser deportada, aumento de plazos de prohibición de regreso a la UE en caso de expulsión.
También se contempla la posibilidad de castigos que van desde la reducción o denegación de ayudas al reasentamiento en algunos casos y en otros la penalización también en los incentivos a los retornos voluntarios, en cualquier caso, se incrementan y endurecen las medidas de control y castigo sobre aquellas personas migrantes que no cooperen con su expulsión o retorno.
La guinda del pastel entra en juego en la autorización que da el texto legal presentado para realizar deportaciones a países de los que la persona deportada no es originaria, pero tiene un acuerdo con el país que pretende deportarlo, es decir, en caso de que un país y otro tengan un acuerdo entre estos para llevar a cabo estas deportaciones podrán llevarla a cabo, bajo los términos de ese acuerdo, y siempre según dice el texto de la Comisión respetando las garantías básicas y Derechos Humanos de las personas migrantes, sin embargo, el uso de estos acuerdos ha sido ampliamente documentado en diversos países con los que la UE comparte frontera, como es el caso de Serbia donde el tratado de readmisión firmado entre el país y la Unión ha conllevado la expulsión fraudulenta de miles de solicitantes de asilo. Los únicos excluidos de este tipo de deportación serían menores y familias con menores, según el texto de la Comisión.
Una trampa legal y política
La naturaleza jurídica de la propuesta de la Comisión también juega un papel esencial, ya que en vez de actualizar el marco jurídico del asilo, como se ha hecho en otras ocasiones mediante una Directiva, esta vez la Comisión ha usado otro tipo de instrumento jurídico, el Reglamento.
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Esto conlleva que en caso de ser aprobado, este nuevo marco jurídico debe aplicarse de manera directa y uniforme en todos los Estados parte de la UE, evitando que cada estado pueda tener una aproximación distinta hacía los solicitantes de asilo e implicando una pérdida de soberanía y autonomía frente a la Unión, razón por la cual, cabe preguntarse si países que tienden más a ejercer esta soberanía estarán de acuerdo con el uso de este instrumento jurídico, como es el caso de la Hungría de Orbán.
Otra trampa es el establecimiento y legalización de la posibilidad de que los miembros de la UE deporten personas hacía terceros países con acuerdos bilaterales, ya que esto evita que en estos acuerdos figuren compromisos en materia de derechos humanos a la hora de realizar acuerdos con la unión, y, en cambio, deriva esa responsabilidad en los países que podrán establecer acuerdos más flexibles en términos de derechos humanos para los solicitantes de asilo, además de dar luz verde a acuerdos como el de Meloni que valiéndose de vacíos y artimañas legales escapan del control de la legalidad de su estado y de Europa.
Por último, cabe destacarse que, una vez una competencia sobre cualquier cuestión es cedida a la UE, esta no puede volver a ser ejercida por los estados, con lo cual una aprobación de este marco jurídico vía Reglamento implica el comienzo de una unificación judicial en materia de asilo dentro de la Unión.
Los derechos humanos en juego
Aunque esta propuesta de la Comisión está orientada a personas que ya han visto rechazada su solicitud de asilo, y que, por tanto, están en una situación distinta a la que enfrentan quienes se pretendía que fuesen ingresados en los campos de refugiados de Albania por parte de las autoridades italianas, el efecto final de la regulación en su conjunto lleva al mismo resultado: la externalización de la frontera y la detención de estas personas.
Un ejemplo de los resultados de tratados de estas características es el país ya mencionado, Serbia. En este país a partir de que la UE junto al gobierno alemán financiara la apertura de diversos ‘centros de tránsito’ con cientos de millones de euros y a pesar de los compromisos en materia de derechos humanos que adquirió Serbia con la UE, estos nunca fueron lugares en los que las personas migrantes vivieran con todas las garantías mínimas.
Algunos de estos campos acabaron siendo vaciados de un día para otro en un cambio de aproximación en conjunto entre las autoridades serbias y húngaras, como fue el caso del campo de Subotica en el norte del país que en noviembre de 2023 de un día para otro y sin mediar razones la población migrante fue subida a buses para ser llevada lejos de esta frontera, uno de los principales focos de entrada en la UE en la ruta de los Balcanes hasta ese momento.
Posteriormente, la zona fue securitizada, se realizaron redadas en lugares fuera del campo que eran conocidas por ser frecuentadas por personas migrantes y toda la zona norte del país fue convertida en un campo de caza mediante perfilamientos raciales y detenciones.
