Una semana antes de la inauguración presidencial, la sala 416 del ayuntamiento se llenó con más de cien funcionarias y funcionarios municipales, representantes de organizaciones no lucrativas, abogadas, abogados e inmigrantes, para discutir los planes de San Francisco de proteger a sus comunidades más vulnerables contra las amenazas federales que se avecinan.
Organizada por la Comisión de Derechos de los Inmigrantes de la ciudad, en asociación con la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de los Inmigrantes (OCEIA, por sus siglas en inglés), la reunión fue planeada para «generar poder, no pánico» e informar las recomendaciones de la comisión a las personas líderes de la ciudad. Durante horas, se discutieron los recursos establecidos, los compromisos para defender la ordenanza de ciudad santuario y las necesidades críticas que aún no se han satisfecho.
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Aunque el sentimiento sobre la inmigración se ha desplazado hacia la derecha, el liderazgo de San Francisco dice seguir comprometido con la protección de los derechos de sus comunidades indocumentadas. Desde que Trump fue elegido en noviembre pasado, las organizaciones sin fines de lucro y agencias de la ciudad han reanudado las colaboraciones, celebrado decenas de reuniones y organizado talleres, preparando constantemente estrategias, tácticas y simbólicas, en defensa de los derechos de las comunidades inmigrantes.
Ante las promesas de deportaciones masivas, abogados, abogadas y burócratas de la ciudad reconocieron que se avecinan tiempos difíciles para la comunidad inmigrante indocumentada. Sin embargo, dicen también estar familiarizados con el manual de estrategias de Trump y tienen una mejor comprensión de cómo contraatacar con éxito.
«Esperamos que hoy se firmen una serie de órdenes ejecutivas perjudiciales, divisivas e ilegales», dijo el abogado de la ciudad, David Chiu, en una declaración tras la investidura de Trump. «Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a San Francisco y a nuestros y nuestras residentes de acciones federales ilegales».
Defendiendo el papel de San Francisco como ciudad santuario
La ordenanza de ciudad santuario de San Francisco prohíbe a burócratas municipales cooperar con las autoridades federales de inmigración, como el ICE, a menos que lo requiera la ley. Esta ordenanza, que es una parte fundamental de la identidad política de la ciudad, ha sido reafirmada públicamente por funcionarios y funcionarias en los últimos días para recordarles a las y los residentes sus protecciones.
“Queremos que la gente siga utilizando nuestros hospitales, nuestras clínicas y nuestros recursos locales que están disponibles para denunciar delitos”, dijo el director de OCEIA, Jorge Rivas. “Queremos asegurarnos de que nuestros servicios municipales locales sigan siendo seguros de usar”.
Cabe destacar que, como su primera pieza legislativa como supervisora del Distrito 9, Jackie Fielder presentó una resolución el 14 de enero reafirmando la ordenanza de santuario de San Francisco. La resolución fue co patrocinada por el resto de integrantes de la Junta de Supervisores.
“En general, hay una sensación de ansiedad sobre el futuro”, dijo Fielder a El Tecolote. “Y creo que el silencio de las y los funcionarios electos solo aviva esa ansiedad”.
Durante la campaña electoral, Trump amenazó con retener la financiación federal a las ciudades santuario. Las y los representantes de la oficina del fiscal de la ciudad de San Francisco dicen estar preparados para demandar a la administración si es necesario, como lo hicieron con éxito durante su primer mandato.
“Ya hemos litigado este asunto y ganamos”, dijo la fiscal adjunta de la ciudad, Mollie Lee.
Construyendo coaliciones legales y sin fines de lucro
La ordenanza de ciudad santuario de San Francisco no impide que agentes federales realicen redadas en la ciudad. Sin embargo, una gran red de proveedores de asistencia legal dice estar aumentando su capacidad para defender a cualquier persona que necesite representación legal.
“Esta vez, estamos mejor equipados, con recursos que no estaban disponibles en años anteriores”, dijo Pilar Eslava, directora legal del Departamento de Inmigración de La Raza Centro Legal.
Este centro legal es una de las muchas organizaciones no lucrativas en el Distrito Misión que se están uniendo a través de coaliciones para brindar capacitación, sesiones informativas y recursos.
Eslava dijo que las abogadas y los abogados de diferentes organizaciones también han establecido un sistema coordinado para brindar representación legal inmediata a las personas que sean detenidas, montando guardia para cumplir con este deber. Más de 20 organizaciones forman parte de la Red de Respuesta Rápida de San Francisco, que conecta a las personas inmigrantes con la representación de emergencia y permite que las personas informen sobre la presencia de ICE a través de su línea directa las 24 horas: (415)-200-1548.
“Nuestro objetivo colectivo es garantizar que ninguna persona enfrente estos desafíos sola”, dijo Eslava a El Tecolote.
Francisco Ugarte, quien dirige la oficina de la Defensoría Pública de San Francisco, dijo que las personas extranjeras detenidas, a menudo desconocen sus derechos, y enfatizó la necesidad de aumentar la financiación para los grupos legales que ofrecen representación gratuita: “Garantizar que cada inmigrante que enfrenta la deportación tenga acceso a un abogado en los términos más enérgicos es esencial para resistir la deportación masiva”.
Esfuerzos para apoyar a la comunidad inmigrante
A través de talleres y paneles, las personas líderes comunitarias también han centrado su atención en educar a la comunidad inmigrante sobre sus derechos y qué hacer si los funcionarios de inmigración se acercan.
En un taller reciente organizado por el Programa de Jornaleros en el Distrito Misión, docenas de personas trabajadoras escucharon las explicaciones sobre los derechos que podrían invocar en caso de ser detenidos por ICE. El grupo reflexionó sobre las recientes redadas en Bakersfield y sobre cómo muchas personas inmigrantes que se mantuvieron en silencio pudieron evitar la deportación.
“Nos vamos un poco más relajadas y un poco más tranquilas”, compartió una mujer durante el círculo de reflexión de cierre del grupo. “Tenemos más gente de nuestro lado”.
Algunas organizaciones sin fines de lucro de asistencia legal, como Carecen SF, han recurrido a Instagram para compartir presentaciones sobre cómo conocer sus derechos, mientras que otras están distribuyendo pequeñas tarjetas rojas que las personas inmigrantes pueden entregar a funcionarios federales para invocar sus derechos de la Cuarta Enmienda.
Mientras tanto, la comunidad de artistas también se está movilizando para cambiar los discursos dañinos y crear espacios seguros. En la protesta del sábado en la Misión, cientos de personas bailaron y cantaron en apoyo de los derechos de las personas inmigrantes, sosteniendo impresiones recién diseñadas y música inspirada en estos momentos.
Desafíos inminentes
A pesar del frente unido, muchas organizaciones no lucrativas dicen que San Francisco debe invertir más fondos en recursos para inmigrantes y hacer más simbólicamente para afirmar sus compromisos.
Actualmente, la ciudad enfrenta una lista de espera de 1200 personas para su defensa de deportación, mientras que muchas personas inmigrantes también luchan por satisfacer necesidades básicas como la vivienda.
Para abordar la lista de espera, los grupos legales dicen estar priorizando los casos mediante fechas de audiencias y ofreciendo servicios educativos para cerrar la brecha. Aunque la ciudad ha aumentado la financiación para los grupos de defensa legal, Eslava dice que se necesita mucho más para aumentar su capacidad.
Sin embargo, muchos temores se extienden más allá del control de la ciudad, incluidos los ataques a las protecciones del programa DACA y las restricciones a las vías de inmigración legal.
“He vivido la mayor parte de mi vida aquí. San Francisco es mi hogar”, dijo Sarah Souza, miembro de la Comisión de Derechos de los Inmigrantes y receptora DACA. “No tengo ningún otro lugar a dónde ir. Y estoy muy preocupada por cualquier reacción negativa hacia mi comunidad”.
Aun así, las personas líderes de la ciudad y de organizaciones sin fines de lucro enfatizaron que meses de preparación y toda una presidencia anterior, harán la diferencia.
“Creo que es válido que la gente tenga miedo”, dijo Lucía Obregón, comisionada de derechos de los inmigrantes y directora de la Coalición de Paridad y Equidad Latina de San Francisco. “Pero creo que también tenemos que darnos cuenta de que hay una gran red aquí y que hay mucha gente que se preocupa y está lista para luchar”.
