Nueva York – Agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA) tendrán la facultad para colaborar con las autoridades migratorias en Estados Unidos con el fin de deportar a más personas bajo la Administración Trump.
The Wall Street Journal fue el primer medio en reportar el miércoles que el presidente está incrementando los recursos humanos para cumplir con las deportaciones masivas que anunció durante su campaña.
Bajo la iniciativa de Trump, quien juró al cargo este lunes, agentes de oficinas como la DEA tendrán poderes similares a los de un oficial de migración, especifica un memo en poder del referido medio.
El documento firmado por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, señala que el DHS está otorgando autoridad de control de migración a varias agencias del Departamento de Justicia, incluyendo, aparte de la DEA, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Alguaciles federales.
Lo anterior no está ajeno a lo expresado por el jefe adjunto de Gabinete de Trump, Stephen Miller, quien dijo el miércoles que las referidas agencias, así comos el FBI (Negociado Federal de Investigaciones), apoyarán al Servicio de Inmigración y Control Aduanas (ICE) en la aplicación de leyes migratorias.
“Las redadas iniciales de inmigración ya han detenido y expulsado a algunos de los criminales más despiadados de este país. En los próximos días, habrá una escala masiva en las actividades de aplicación de la ley”, declaró Miller en entrevista con Fox News.
Según el documento, los agentes del FBI pueden detener inmigrantes (bajo el Título 8). Título 8 establece las restricciones sobre quién puede ingresar al país, así como sanciones penales por cruzar la frontera sin inspección. Las personas que crucen la frontera sin solicitar asilo primero pueden ser expulsadas bajo la normativa.
Sin embargo, oficiales del FBI usualmente se mantienen al margen a menos que el caso involucre un asunto de seguridad nacional.
En el caso de la ATF y la DEA, el personal no suele intervenir en procesamientos migratorios, a menos que se trate de casos de tráfico de armas o de drogas. Como resultado de la nueva directriz, el panorama cambiaría.
El memo es parte de las acciones tomadas por Trump y su equipo tras declarar “emergencia nacional en la frontera” para expulsar a la mayor cantidad de migrantes indocumentados de EE.UU.
Las primeras redadas bajo el nuevo gobierno han dejado a al menos 538 inmigrantes detenidos y unas 373 órdenes de detención presentadas, de acuerdo con un mensaje de ICE este jueves en la red social X.
Otras medidas para atajar la inmigración ilegal incluyen el despliegue de 1,500 soldados a la fontera con México.
Los nuevos efectivos se suman a unos 2,500 efectivos de la Guardia Nacional y la Reserva de Estados Unidos.
Por otro lado, Trump ordenó cerrar la aplicación de citas migratoria CBP One para solicitudes de asilo.
“A partir del 20 de enero de 2025 a las 12:00, las funciones de CBP One, que anteriormente permitían a personas indocumentadas presentar información por adelantado y programar citas en ocho puertos de entrada de la frontera sur ya no están disponibles”, anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el martes. “Todas las citas han sido canceladas”, añadieron.
Estimados de medios como CBS News apuntaban a que, aproximadamente, 270,000 migrantes esperaban obtener una cita cuando se aunció la suspensión del servicio.
La aplicación fue lanzada por la Administración Biden, y empezó a funcionar en enero de 2023. Más de 930,000 personas diligenciaron sus casos por esa vía.
Adicional, el Gobierno además reactivó la política “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en la frontera.
La Administración también ha puesto en vilo a familias de indocumentados cuyos hijos cuentan con ciudadanía tras haber nacido en Estados Unidos.
Sin embargo, la propuesta de Trump para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento recibió su primer golpe este jueves cuando un juez federal en Seattle determinó que la orden ejecutiva era inconstitucional.
“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el caso presentado sea tan claro como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional“, dictaminó el juez de distrito federal John C. Coughenour.
La Enmienda 14 de la Constitución establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
(Con información de Efe)
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