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Análisis noticioso
Con un torrente de órdenes ejecutivas, el mandatario estadounidense volvió a generar cuestionamientos sobre el uso excesivo del poder presidencial y preparó el terreno para nuevas disputas legales.
Por Charlie Savage
Charlie Savage escribe sobre el poder presidencial y la política jurídica.
Después de que el presidente Donald Trump dejara la Casa Blanca en 2021, aquellos que criticaban su uso disruptivo del poder ejecutivo imploraron al Congreso que reforzara los límites legales sobre cuándo los presidentes pueden remodelar unilateralmente el gobierno estadounidense de un plumazo. Pero los legisladores, en su mayoría, no actuaron.
El lunes, cuando Trump tomó posesión del cargo para iniciar su segundo mandato, reafirmó una visión enérgica del poder presidencial. No solo revivió algunas de las mismas interpretaciones amplias de la autoridad ejecutiva que quedaron sin abordar, sino que fue aún más lejos con nuevas pretensiones de poder constitucional amplio e inherente.
Entre una tormenta de órdenes ejecutivas, Trump ordenó a los fiscales que no aplicaran una ley que prohíbe la popular aplicación de medios sociales TikTok hasta que su propietario chino la venda. El presidente Joe Biden había promulgado la ley tras su aprobación con un amplio apoyo bipartidista, y la Corte Suprema la ratificó por unanimidad.
Sean cuales sean los méritos de la ley, la Constitución dice que los presidentes “velarán por la fiel ejecución de las leyes”. Trump no ofreció ninguna explicación clara de cómo él tiene algún poder legítimo para suspender la ley y se limitó a hacer una vaga mención de su “responsabilidad constitucional” en materia de seguridad nacional, política exterior “y otras funciones ejecutivas vitales”.
Las acciones unilaterales, como las declaraciones de emergencia y las órdenes ejecutivas, no pueden crear nuevos poderes legales para un presidente. Por el contrario; son un vehículo mediante el cual los presidentes ejercen una autoridad legal que ya tienen, ya sea porque la Constitución se la ha conferido a su cargo o porque el Congreso aprobó una ley que la crea.
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