En un modesto estacionamiento de Tucson (Arizona), un niño de quinto grado esperaba en el coche mientras su madre, Natalie Burke, entraba en una oficina del gobierno estadounidense para firmar unos papeles. Natalie, una mujer negra de Jamaica con estatus legal de inmigrante, no volvió al coche. Sin previo aviso, los funcionarios de inmigración se la llevaron a un centro de detención. Estuvo encerrada más de un año en condiciones miserables, todo debido a una condena impuesta hace 20 años por marihuana que la convertía en deportable y a pesar de que la marihuana es ahora legal en su estado.
Ocurrió en 2009, 16 años antes de que el presidente Donald Trump firmara la serie de órdenes ejecutivas que empeorarán la situación de inmigrantes como Natalie.
Una de las órdenes ejecutivas instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a “tomar todas las medidas apropiadas para detener” a los inmigrantes hasta que sean deportados, aumentando así el número de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Tanto las instalaciones del ICE como las de la CBP tienen registros de trato y condiciones abusivas, incluso de atención médica deficiente.
Otra orden pone fin a las políticas que hacían que algunos inmigrantes, como Natalie, tuvieran menor prioridad de deportación. La orden incluye un aumento de los juicios por entrar o permanecer en EE.UU. sin autorización, juicios con orígenes racialmente discriminatorios que se han llevado a cabo de forma que violan los derechos humanos. La orden también insta al DHS y al Departamento de Justicia (DOJ) a imponer sanciones penales y civiles a los inmigrantes que no se registren como indocumentados. Estas políticas están sembrando el miedo en las comunidades estadounidenses. Alimentarán un enorme aumento de las detenciones, deportaciones y violaciones de derechos humanos.
Todas las personas, independientemente de su situación migratoria o de sus antecedentes penales, tienen derecho a un trato justo ante la ley y a la oportunidad de defender su libertad y sus derechos cuando son detenidas o corren el riesgo de ser deportadas. Todas las personas tienen derecho a no ser separadas nunca por la fuerza de sus hijos o del país al que llaman hogar sin una oportunidad justa de defender sus derechos. Respetar estos derechos no significa prohibir la deportación. Por el contrario, si se impone la deportación, debe hacerse de forma justa y con dignidad.
Natalie fue puesta en libertad y se le permitió volver a su vida sabiendo que la deportación era un riesgo. Se puso a trabajar y obtuvo licenciaturas, másteres y doctorados; con orgullo envió a su hijo a la universidad. Si las órdenes ejecutivas de Trump se aplican en su totalidad, convertirán a Estados Unidos en un violador sistemático de los mismos derechos humanos que el país está obligado a defender. Las órdenes también harán que desenlaces como el de Natalie sean sencillamente imposibles.
