Los pasos de la Administración de Donald Trump contra la inmigración empiezan a ser una carrera. El presidente de Estados Unidos ha firmado este miércoles una orden ejecutiva por la que el Pentágono va a desplegar hasta 1.500 soldados estadounidenses más en la frontera con México. La medida llega dos días después de que el presidente firmara una serie de otras órdenes ejecutivas para sellar la línea divisoria, “proteger” a los Estados de una supuesta “invasión” y hasta limitar el derecho de nacimiento a la ciudadanía. Para garantizar que sus iniciativas se aplican como él quiere, el Departamento de Justicia ya ha dejado saber por otro lado que investigará, y podría llevar a los tribunales, a los funcionarios que piense que arrastran los pies para ponerlas en práctica.
Trump había declarado la lucha contra la inmigración ilegal su objetivo primordial durante su discurso de investidura. En sus primeras 72 horas de mandato, la frontera y la inmigración han acaparado buena parte del aluvión de medidas que ha aprobado, y que se espera que incluyan también amplias redadas contra los inmigrantes irregulares en los próximos días. “Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Todas las entradas ilegales se detendrán de inmediato, y comenzaremos el proceso de regreso de millones y millones de delincuentes ilegales a los lugares de donde vinieron”, prometió.
“El presidente ha firmado una orden ejecutiva para enviar 1.500 soldados más a la frontera sur. Esto viene de su medida del primer día de dirigir al Departamento de Defensa para que haga de la seguridad nacional una prioridad de su cometido. Es algo que el presidente prometió en su campaña electoral y que el pueblo estadounidense esperaba. Es una prioridad absoluta del pueblo estadounidense y el presidente la ha cumplido”, ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
No está claro hasta el momento cuándo podría comenzar el despliegue militar, ni cuál será el número exacto de soldados movilizados. Se espera que el secretario de Defensa en funciones, Robert Salesses, firme la medida este mismo miércoles. Mientras tanto, el flamante secretario de Estado, Marco Rubio, que se estrenó en su cargo este martes, ha tenido entre sus primeras tareas una conversación telefónica con su homólogo en México, Juan Ramón de la Fuente, para tratar sobre migración y la cooperación en materia de seguridad.
Tampoco está claro cuál será exactamente su función. Se espera que den apoyo a los agentes de la patrulla fronteriza en misiones logísticas, de transporte o de construcción de barreras contra la entrada de migrantes. Todas ellas son operaciones similares a las que han desarrollado en el pasado otros militares enviados a la frontera. En sus primeros apuntes el lunes, el presidente estadounidense indicó que podrían ayudar al Departamento de Seguridad Nacional en servicios de “espacios de detención, transporte (incluidos vuelos) y otras tareas logísticas”.
Pero desde el lunes también está en el aire la posibilidad de que en el futuro puedan hacer funciones de policía civil. Es un paso extremo y que, en principio, la ley Posse Comitatus prohíbe desde 1878. Pero hay una excepción: la invocación de otra norma más antigua, de 1807, la Ley contra la Insurrección, prevista para sofocar rebeliones internas.
Históricamente, la ley contra la insurrección se ha aplicado con cuentagotas y rodeada de polémica. En los tiempos modernos no se había utilizado desde 1992, cuando el entonces presidente George Bush la empleó para poner fin a los disturbios violentos que estallaron en Los Ángeles después de que un tribunal exculpara a cuatro policías de la muerte del motorista negro Rodney King.
Trump ha apuntado la posibilidad de dar ahora ese paso aplicado a la migración. La orden ejecutiva que el nuevo presidente estadounidense firmó apenas horas después de jurar su cargo estipula que el Pentágono podrá enviar cuantos soldados crea necesarios para garantizar el “control operativo absoluto de la frontera sur de Estados Unidos”. El decreto también obliga a los secretarios de Defensa y de Seguridad Nacional a presentar un plan para sellar las fronteras y determinar si son necesarias medidas adicionales. Entre ellas, invocar la polémica Ley contra la Insurrección.
Los militares movilizados ahora se sumarán a los cerca de 2.200 soldados y millares de efectivos de la Guardia Nacional que ya se encuentran desplegados en la frontera. Durante su primer mandato, Trump había ordenado el despliegue de 5.200 uniformados para proteger la línea; el presidente demócrata Joe Biden también había enviado tropas a la zona.
El martes, después de que Trump cesara a la comandante del servicio de Guardacostas, la almirante Linda Fagan, este cuerpo de las Fuerzas Armadas estadounidenses anunció el envío de aviones, buques y personal adicional al “golfo de Estados Unidos” (el nombre que la nueva Administración ha dado al golfo de México) para ejercer tareas de vigilancia. Ese despliegue se extenderá a las aguas de Florida para “prevenir y disuadir de una migración marítima masiva desde Haití y Cuba”.
Pero el refuerzo militar en la frontera no es la única medida que ha impuesto Trump para controlar la inmigración irregular y tratar de convertir la zona en una barrera impenetrable. El lunes, entre sus decenas de órdenes ejecutivas, firmó el fin de la ciudadanía estadounidense por nacimiento, consagrada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. El decreto del republicano arrebataría la nacionalidad a los niños nacidos de padres inmigrantes irregulares o que se encuentren en Estados Unidos legalmente pero con un permiso de estancia temporal, por turismo o por trabajo. De inmediato, 22 Estados bajo control demócrata denunciaron esa medida ante los tribunales como inconstitucional.
El martes ya autorizó que las redadas que ha prometido, y que amenaza con desencadenar en cualquier momento, puedan extenderse incluso a iglesias, escuelas o hospitales. También ha despedido a las cuatro juezas responsables de supervisar los tribunales federales de migración. Y el Departamento de Justicia ha ordenado investigar a cualquier funcionario, sea federal, estatal o local, que obstaculice la aplicación a marchamartillo de las nuevas medidas.
El fiscal general adjunto interino, Emil Bove, ha emitido una orden en la que precisa que la ley federal prohíbe “resistirse, obstruir o incumplir de cualquier otro modo las órdenes”. Por lo tanto, su Departamento “investigará los incidentes que impliquen cualquier tipo de conducta irregular, para el posible enjuiciamiento” de sus autores.
