El presidente Donald Trump firmó un lote de órdenes ejecutivas el día de su investidura para empezar a aplicar su agenda conservadora, pero es probable que algunas de sus más ambiciosas —revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento y negar la identidad de las personas transgénero— se enfrenten a desafíos legales.
Las órdenes ejecutivas son declaraciones obligatorias del presidente a los organismos federales o al ejército sobre cómo deben utilizar los recursos que les otorga el Congreso o actuar dentro de los límites de la Constitución de Estados Unidos. Es típico que los presidentes firmen decretos al tomar posesión para mostrar su afán por empezar a trabajar.
Pero Trump lo dejó claro, planea utilizar su autoridad presidencial para llevar a cabo su agenda en la mayor medida posible. De hecho, ya batió el récord de órdenes ejecutivas firmadas el primer día de mandato.
Sin embargo, algunas de sus órdenes ejecutivas se enfrentan a desafíos legales, cuando los legisladores disputen el alcance de la autoridad de Trump. Ahora, muchos se preguntan si hay alguna forma de detener o impugnar una orden ejecutiva.
¿Pueden bloquearse las órdenes ejecutivas?
Como cualquier ley, las órdenes ejecutivas están sujetas a revisión judicial y pueden ser bloqueadas si violan la Constitución o si el Congreso aprueba una legislación que interfiera directamente con ellas.
Las órdenes ejecutivas no requieren la aprobación del Congreso, pero este puede aprobar leyes que se nieguen a financiar la orden y frustren el impacto. Por ejemplo, el Congreso podría negarse a financiar el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump para ahogar su autoridad.
El Congreso también puede aprobar leyes que invaliden una orden ejecutiva; sin embargo, si el presidente veta la ley, la Cámara de Representantes y el Senado necesitan una mayoría de dos tercios para anular tal veto.
Sin embargo, es poco probable que ocurra bajo el mandato de Trump, ya que tanto la Cámara de Representantes como el Senado están dominados por los republicanos.
Los tribunales también pueden bloquear de forma temporal la entrada en vigor de las órdenes ejecutivas si consideran que es necesario revisar la constitucionalidad.
¿Pueden anularse las órdenes ejecutivas?
Un presidente puede revocar una orden ejecutiva y los tribunales pueden anular una orden si consideran que viola la Constitución.
Trump revocó varias de las órdenes ejecutivas del expresidente Joe Biden al asumir el cargo el lunes, incluyendo sacar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, eliminar las protecciones para las personas transgénero y levantar los requisitos para que las agencias federales promuevan el registro de votantes.
Los tribunales también pueden anular una orden ejecutiva si determinan que infringe la Constitución. La orden ejecutiva de Trump que revoca la ciudadanía por derecho de nacimiento a los nacidos de padres inmigrantes parece una violación directa de la 14ª Enmienda que otorga el estatus de ciudadano a cualquier persona nacida en Estados Unidos.
¿Hasta qué punto se mantendrán las órdenes ejecutivas de Trump?
Es probable que muchas de las órdenes ejecutivas de Trump —en particular las destinadas a restringir la inmigración— se enfrenten a impugnas legales por parte de estados, individuos y grupos de defensa.
Su política de “permanecer en México” enfrentó demandas cuando se promulgó por primera vez en 2019 y tribunales federales suspendieron la aplicación mientras revisaban la legalidad. En última instancia, Biden anuló la política durante su gobierno, pero si Trump la restablece es probable que se enfrente a más demandas.
También es probable que la orden ejecutiva de Trump que determina que el gobierno solo puede identificar dos géneros se enfrente a un rechazo legal. Jueces federales de todo EE. UU. determinaron que los prejuicios contra las personas trans constituyen una forma de discriminación, según un precedente del Tribunal Supremo.
Otra área legal gris es la relativa a la orden que suspende la entrada en vigor de la prohibición de TikTok durante 75 días. El Congreso aprobó la ley que prohíbe TikTok con la disposición de que el presidente podía retrasar la prohibición 90 días mientras se llegara a un acuerdo viable. El Tribunal Supremo avaló la legislación, por lo que no está claro si Trump tiene autoridad para suspender la prohibición.
