Los Ángeles — Afuera de una Home Depot Antonio Torres busca empleo, pero esta vez lo hace alejado de sus compañeros y en una esquina donde puede ver vehículos entrar y salir de un estacionamiento en el centro de Los Ángeles.
Su estrategia, dice Torres, lo hace sentir mejor mentalmente.
“Si la migra llega y te ve en grupo pidiendo trabajo, es más fácil que te identifique. Creo yo, pero si estoy separado de mis compañeros, es posible que pueda librarme de un arresto”, dijo el inmigrante oriundo de Guatemala.
“También he estudiado las calles para saber los lugares seguros para caminar o si puedo entrar a una tienda de inmediato. No creo que llegue la migra a este extremo, pero con el nuevo presidente no se sabe lo que puede suceder”, dijo Torres, quien lleva 12 años viviendo en Estados Unidos son documentos legales.
Torres es uno de millones de inmigrantes que ha decido estar en alerta tras las múltiples órdenes que piden al Departamento de Seguridad Nacional detener a los no ciudadanos, incluidas las personas que buscan asilo, hasta que concluyan sus procedimientos de inmigración.
Los activistas pro inmigrantes han calificado estas acciones como todo un desastre y la peor bofetada a millones de inmigrantes que trabajan para crecer la economía del país. La serie de políticas antiinmigrantes extremas destruirán el acceso al asilo, exacerbarán el sufrimiento y el caos en la frontera sur y desgarrarán a las familias y comunidades inmigrantes en todo Estados Unidos, sostienen.
“El primer conjunto de medidas ejecutivas del presidente recicla las políticas de asilo ilegales de su primer mandato, muchas de las cuales fueron derribadas por los tribunales y todas las cuales hicieron que las comunidades de ambos lados de la frontera fueran menos seguras”, dijo Melissa Crow, directora de litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS).
“Hoy en día el presidente no ha ofrecido soluciones reales a los desafíos en nuestra frontera sur. En cambio, ha redoblado la apuesta por el alarmismo racista y las políticas de crueldad probadas y fallidas. Estamos listos para llevar a esta administración a los tribunales y utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para detener estas medidas destructivas”, dijo Crow.
Y mientras varias organizaciones se preparan para llevar al tribunal a varias de las ordenes de Trump, Tomas Esquivel, quien lava carros en el sur de Los Ángeles, dijo que tras conocer las políticas de Trump desde su candidatura, se ha dado a la tarea de buscar varios negocios que le permitan trabajar diferentes días para no permanecer en uno solo.
“Es un hecho que no puedo esconderme debajo de la tierra. Debo mantener a mi familia y pagar facturas, pero puedo estar más alerta y buscar formas de evadir a las autoridades de inmigracion”, dijo Esquivel, de 62 años.
“Supongo que si me estoy moviendo durante la semana de un trabajo a otro, tal vez no soy detectado como si me quedara en un solo lugar. No soy el único que tiene sus estrategias para no ser arrestado”, dijo Esquivel.
Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, la organización de defensa y derechos civiles de los latinos más grande del país, dijo que la prioridad de la mayoría de los estadounidenses después de las elecciones de noviembre, incluida la gran mayoría de los 64 millones de hispanos del país, fue abordar cuestiones relacionadas con el costo de vida, como la inflación, los precios de la vivienda, la necesidad de empleos mejor remunerados y el acceso a la atención médica. Sin embargo, este no es el caso.
“Muchas de las órdenes ejecutivas propuestas por el presidente son medidas estrictamente punitivas, como cambiar los objetivos de aplicación de la ley para incluir escuelas, iglesias y hospitales, y están diseñadas para infligir dolor a los más vulnerables… Y las medidas de aplicación interna de la ley, como las redadas en los lugares de trabajo, perturbarán y trastocarán los barrios, las empresas y las comunidades de todo el país, y pondrán en riesgo la seguridad de todos los estadounidenses”, dijo Murguía.
“Las órdenes ejecutivas propuestas por el presidente no sólo perjudicarán los derechos civiles y las vidas de millones de personas en este país, sino que el daño infligido a nuestra economía, que se estima en billones de dólares, lo sentirán todos los estadounidenses”, sostuvo.
Enrique Solís, otro inmigrante sin documentos legales en el país desde hace 15 años, dijo que ahora carga con el varios teléfonos de abogados de inmigración en caso de ser detenido, así como un par de teléfonos de organizaciones en pro de los inmigrantes.
“Las personas en mi situación debemos acatarnos a las leyes, hacer el menos ruido posible, involucrarnos con las organizaciones que nos ayudan y seguir haciendo nuestro trabajo siempre estando alertas”, dijo Solís.
Varios sectores de inmigrantes sin documentos están asustados y en alerta, dicen activistas. Inclusive aquellos padres que planean tener hijos o tienen hijos ciudadanos pequeños. Por ahora, los defensores de los derechos de los inmigrantes han demandado a la administración Trump por su orden ejecutiva que busca despojar a ciertos bebés nacidos en los Estados Unidos de su ciudadanía estadounidense.
Angela Gomes, madre sin documentos legales dijo que este 2025 planeaba ser madre, pero con la situación en la se encuentra el país con el nuevo presidente, eso es algo que ella y su esposo discuten ahora.
“Los niños tienen todo el derecho de ser ciudadanos donde nacen, pero por ahora es de pensarse si uno quiere traer a un niño a esta vida, a este país con esta presidencia”, dijo Gomes, residente de Whittier.
La demanda contra la orden fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, Asian Law Caucus, el State Democracy Defenders Fund y el Legal Defense Fund en nombre de organizaciones con miembros cuyos bebés nacidos en suelo estadounidense serán denegados de la ciudadanía en virtud de la orden, incluyendo New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York.
“Negar la ciudadanía a los niños nacidos en los Estados Unidos no solo es inconstitucional, sino que también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses. La ciudadanía por derecho de nacimiento es parte de lo que hace de los Estados Unidos la nación fuerte y dinámica que es”, dijo Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
“Esta orden pretende repetir uno de los errores más graves de la historia estadounidense, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a las que se les niegan todos los derechos como estadounidenses”, dijo.
Wendy Cervantes, directora de Inmigración y Familias Inmigrantes del Centro de Derecho y Política Social (CLASP), augura que las próximas semanas y los próximos cuatro años serán increíblemente difíciles para los niños de familias de estatus mixto, así como para los educadores, trabajadores sociales, profesionales médicos y otros proveedores que los atienden.
“Es el efecto acumulativo de estas políticas (deportaciones masivas, restricciones al acceso a la atención médica y la asistencia alimentaria, amenazas a la ciudadanía por nacimiento) lo que causa el mayor daño a los niños. En conjunto, estas políticas significarán que prácticamente todos los aspectos del bienestar de estos niños estarán bajo ataque a la vez”, dijo Cervantes.
“Y nosotros, como país, pagaremos el precio de una agenda política destinada a negar a millones de niños su derecho a prosperar, lo que en última instancia nos dejará como una nación más débil y menos próspera”, dijo.
Mientras tanto, en una esquina afuera de la autopista 60, sobre la calle Rosemead, Julio Casillas vende naranjas.
“No se puede dejar de trabajar, pero hay que estarnos moviendo constantemente. No sabemos si una patruya que se detenga a nuestro lado pueda ser amigable o el boleto a las deportaciones”, dijo Casillas, de 67.
Otras órdenes firmadas son:
- El cierre de la frontera y suspensión del asilo: La administración ha emitido una proclamación que suspende el procesamiento de asilo en la frontera sur y faculta a los agentes fronterizos para “repeler, repatriar o expulsar” a las personas que buscan seguridad sin el debido proceso.
- Rescisión de los programas de libertad condicional y CBP One: La administración puso fin a un programa que había permitido a las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores estadounidenses volar a los Estados Unidos y presentar sus casos de inmigración de manera segura, con el apoyo de sus comunidades. También ha puesto fin al proceso de cita previa a través de la aplicación CBP One, que, a pesar de todos sus defectos, se había convertido en una de las únicas rutas viables para que las personas solicitaran asilo en los puertos de entrada a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos. Esta semana, el gobierno canceló todas las citas pendientes, dejando a unos 30,000 solicitantes de asilo, que habían pasado meses esperando sus entrevistas de selección, varados en México sin ningún recurso.
- Reanudación de la política de Permanecer en México: el gobierno planea reiniciar su fallida política de Permanecer en México, formalmente conocida como los “Protocolos de Protección al Migrante”. Esta política obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar sus audiencias en los tribunales de inmigración de Estados Unidos en condiciones peligrosas en algunas de las zonas más peligrosas de México.
- Suspensión de la admisión de refugiados: Además de sus medidas draconianas en la frontera, la administración ha resucitado su prohibición de reasentamiento de refugiados, suspendiendo indefinidamente el reasentamiento de refugiados admitidos a través del programa de admisión de refugiados en el extranjero.
