Sin necesidad de más detalles sobre la designación de los carteles de la droga como organizaciones de terrorismo internacional, incluidos sus retos legales e implicaciones logísticas, se puede adelantar que se trata de una pésima noticia para muchas comunidades mexicanas.
En esta nueva guerra, porque eso será, una guerra, otra vez México pondrá muchas —demasiadas— víctimas mortales. Porque la unilateral medida del nuevo presidente de Estados Unidos se traducirá en operativos en poblaciones donde no solo caerán “narcos”.
¿Quién define lo que es un “narco” mexicano? ¿Qué fatales alcances tendrá esa denominación que pretende Donald Trump, según confirmó este lunes, en poblados donde por múltiples razones, o sinrazones, los criminales fuerzan a inocentes a ser parte de su oscuro emporio?
El terreno de la legalidad en México es gelatinoso, sin duda. La batalla por instalar el Estado de derecho es, en muchas regiones, poco más que un bonito discurso de la capital de la República. Pero tiene que ser una aspiración permanente, no un pretexto para machacar leyes.
¿Un aguacatero o un limonero de Michoacán, será tratado por Washington como criminal por pagar cuota a un cartel que le tiene amenazado? ¿Los mineros y los transportistas, también? ¿Los restauranteros, los constructores? ¡¿Los gobiernos estatales que se dejan tomar recursos, maquinaria, personal, y hasta territorios?!
Sin hablar con sus vecinos del sur, sin interesarse en cómo ayudar en vez de perjudicar, el magnate neoyorquino quiere ahora definir —con una pluma que tiene detrás de sí al ejército más grande del planeta, y a poderosas agencias que compiten dando golpes, sin reparar en la legalidad, como el del Mayo, por más presupuesto— quién es un narco y quién no en México.
¿Eso llamado base social del narco también es parte de lo que incluirá esta medida que suena a una fase más del expansionismo adelantado por Trump? Escuece este apetito de la Casa Blanca por extralimitarse al perseguir criminales, violando leyes y pisoteando soberanías.
En México, le toca solo a las y los mexicanos perseguir y castigar a quienes quebrantan la ley. Si los actos de tales individuos o colectivos llegaran a generar problemas allende las fronteras, no es el intervencionismo una medida legítima, sino una venganza ilegal.
Al perseguir objetivos comunes, el diálogo y la cooperación entre países tienen que ser agotados. Agotados supone explorar de buena fe, que de igual a igual se desarrollen estrategias conjuntas, que se reconozcan los mutuos derechos, y se acepte la corresponsabilidad en el origen del problema, como es en el caso de los estupefacientes.
No solo porque pueda ser violatoria del marco legal, es inaceptable la pretensión de Trump en este terreno. También porque no somos colonia, ni país sin gobierno al que hay que tutelar. Es que encima se tiene que rechazar una acción que solo traerá problemas y muerte.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en una coyuntura de máxima gravedad. El embate trumpiano le tomará con legitimidad democrática, pero con asideros internacionales muy endebles y argumentos nacionales demasiado incipientes.
En los años morenos, México ha desdeñado organismos multilaterales, particularmente esos que revisan parámetros democráticos o de derechos humanos. De la ONU no se cansaron de decir lo anacrónica que es, así le hayan pedido luego que les comprara medicinas.
Claro, articular un discurso multilateral implica, antes que nada, cultivar esas relaciones, mismas a las que en seis años se les dio la espalda. Y, en segundo lugar, estar dispuestos a cubrir los costos de pedir: aceptar que otros van a observarnos cosas también.
Escuchar que Trump declarará como terroristas a los cárteles no debe erizar la epidermis nacionalista; debe, sobre todo, activar la conciencia de no volverse un criminal combatiendo a los líderes criminales, y sobre todo, preservar el entorno en donde han crecido esos grupos: generar en la criminalización, no discriminar, nos llevará a conflictos impredecibles, ¿a un Vietnam?, así Estados Unidos en este escenario tenga menos bajas por la sofisticación actual de armas y tecnología.
Reducir la capacidad criminal no debe pasar por arrasar con poblados o aceptar ni minimizar las mal llamadas víctimas colaterales. Los narcos no son unos bandoleros perdidos en la montaña, sino un sistema de negocios estructurado y, en muchos casos, con apoyo social.
Junto con llamados a respetar la ley y los principios de la diplomacia, hay que denunciar que medidas como las anunciadas están lejos de ser una solución; igualmente, hay que enunciar los riesgos para la población, sobre todo para jóvenes y gente de pocos recursos.
Nadie está defiendo a los narcos. Al contrario: se trata de exigir muy claramente que cualquier idea o plan que se quiera poner en acción no desdeñe la complejidad de fenómenos en donde, por cierto, intereses criminales de EEUU también han de ser expuestos y atacados.
México no debe poner los muertos en esta hora en que se revive lo peor, que ya es mucho decir, de Nixon y de Reagan, sea en la hipocresía de la supuesta lucha de Estados Unidos contra las drogas, sea en la forma de intervenir en América Latina.
A quienes pidan esperar a ver los detalles de lo que pretende Trump, hay que contraponer lo que él mismo dijo en su toma de posesión sobre el canal de Panamá. Usó mentiras para comenzar a pavimentar algo que regresaría el reloj, y la ley, décadas atrás.
No hay que esperar para insistir en que la política en contra de los criminales debe ser producto de la ley y sus mecanismos, no la imposición de un voluntarismo injerencista que hará que países como México pongan los muertos, y en EEUU sigan disfrutando mercancías ilegales y hasta una tajada de las ganancias de las mismas.
