La escuela pública como espacio de libertad, no de adoctrinamiento religioso
El sistema educativo español sigue siendo un terreno minado por los resquicios de acuerdos predemocráticos con la Iglesia Católica. Cuarenta y cinco años después de la Constitución de 1978, España no ha conseguido desvincular la educación pública de las imposiciones religiosas. La religión confesional sigue ocupando espacio en las aulas, perpetuando desigualdades y vulnerando derechos fundamentales.
Desde los tres años, el alumnado se ve segregado por motivos ideológicos en escuelas que deberían ser un espacio de encuentro y aprendizaje igualitario. Este adoctrinamiento institucionalizado no solo perpetúa privilegios históricos de la Iglesia Católica, sino que abre la puerta a que otras confesiones repliquen prácticas similares, agravando la división social y cultural desde edades tempranas.
A pesar de la Proposición no de Ley aprobada en 2018 por la Comisión de Educación del Congreso, que instaba al Gobierno a garantizar la laicidad de la escuela, la inacción política ha sido la norma. La falta de valentía legislativa perpetúa un sistema que segrega y adoctrina, financiado con dinero público, mientras ignora las demandas de colectivos sociales, sindicales y educativos que llevan décadas denunciando esta situación.
El ascenso de la extrema derecha en los gobiernos autonómicos no ha hecho sino agudizar el problema. Políticas de privatización y apoyo a la enseñanza concertada refuerzan el dominio de la Iglesia en el ámbito educativo, mientras se precariza la red pública. El resultado es un sistema dual que refuerza desigualdades económicas y sociales, desmantelando uno de los pilares fundamentales de la democracia: la igualdad de oportunidades.
EL CAMINO HACIA UNA EDUCACIÓN PLENAMENTE LAICA
El principio de laicidad no es solo un ideal democrático; es una necesidad para garantizar la libertad de conciencia y la cohesión social. Sacrificar la neutralidad del sistema educativo en favor del proselitismo religioso supone un ataque directo a los derechos de la infancia y a la diversidad cultural de nuestra sociedad.
Entre las medidas urgentes exigidas por organizaciones como Europa Laica y sindicatos educativos destaca la necesidad de:
- Eliminar de forma inmediata la enseñanza de religión confesional del currículo escolar. Las aulas deben ser espacios de conocimiento, no de fe.
- Dejar de financiar el adoctrinamiento religioso en centros escolares con fondos públicos. Cada euro destinado a privilegios confesionales es un euro sustraído a la educación de calidad.
- Derogar los Acuerdos con la Santa Sede y con otras confesiones religiosas. Estos pactos, heredados de la dictadura, son la base legal de los privilegios confesionales que perpetúan la desigualdad en las escuelas.
- Reforzar la red pública de enseñanza, eliminando progresivamente los conciertos educativos. La educación pública debe ser el motor que garantice la igualdad de oportunidades, sin injerencias privadas ni confesionales.
La pasividad del gobierno de coalición frente a estas demandas ha sido decepcionante. Mientras se presume de políticas progresistas, se sigue subvencionando un modelo que atenta contra los principios de igualdad y libertad consagrados en la Constitución. La inercia del sistema y el cálculo político parecen pesar más que el compromiso con los derechos de las y los estudiantes.
La defensa de la escuela pública y laica no es solo una cuestión educativa, sino un acto de resistencia frente a la regresión ideológica. Es una lucha por la democracia, la igualdad y la libertad de conciencia, pilares fundamentales que no pueden quedar subordinados a intereses religiosos o económicos.
