Preocupación de la Iglesia en México y Centroamérica por políticas migratorias de Trump

El inicio del mandato de Donald Trump en Estados Unidos, marcado por la implementación inmediata de políticas migratorias más estrictas, ha generado preocupaciones sobre posibles deportaciones masivas. Ante este panorama, ¿qué opinan los agentes de pastoral de la Iglesia Católica que trabajan directamente con migrantes y acompañan sus procesos?

Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, se registraron más de 2,1 millones de encuentros con migrantes indocumentados en la frontera entre México y Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). De este total, cerca de 110.000 eran menores no acompañados.

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump aseguró: “El 20 de enero, como una de mis primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre TODOS los productos que entren en Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas”. 

México 

Aunque la política migratoria del gobierno de Claudia Sheinbaum —quien asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024— aún no se ha definido con claridad, se llevó a cabo el Foro de Consulta para una Migración Ordenada, Segura y Regular, organizado por la Secretaría de Gobernación, para delinear las estrategias que regirán en esta materia.

Mientras tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que se están fortaleciendo los vínculos entre las instituciones de la Iglesia Católica que atiende migrantes “a fin de estar atentos a la situación local, nacional e internacional, y responder lo mejor posible a los retos en materia de migración, deportación de migrantes y solicitantes de refugio”.

A través de un comunicado firmado por Mons. Eugenio A. Lira Rugarcía, responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH) y Obispo de Matamoros —en la frontera con Texas (Estados Unidos)—, se aseguró que la Iglesia Católica seguirá “ofreciendo una cálida recepción en nuestras instalaciones”, a través de sus 54 casas y albergues, además de comedores y otras instalaciones disponibles.

“Brindándoles hospedaje, alimento, ropa y artículos de aseo personal; apoyo en el cuidado de su salud física, emocional y espiritual; contactarlos con sus familiares; ayudarlos en la obtención de los documentos que requieran; acompañarlos en los trámites legales que necesiten realizar, así como en el acceso a la educación, al reconocimiento de competencias y a la bolsa de trabajo”, se lee en el comunicado.

El P. Héctor Julio López, secretario ejecutivo de la DEPMH, expresó a ACI Prensa su preocupación por las posibles normativas que se implementen una vez que Trump llegue al poder, pues serían desfavorables “totalmente a todo el tema migratorio, a todas las personas en movilidad humana: mujeres, niños, hombres, jóvenes, familias”.

Honduras

En Honduras también persiste una creciente preocupación por lo que podría ocurrir ante un cambio drástico en las políticas migratorias. Para Clara Bonilla, de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Honduras, “el recrudecimiento de las políticas migratorias [sólo] genera que los migrantes se expongan a mayores peligros en su afán de llegar a esa ruta”.

Según la ONU, la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. En palabras de Bonilla, en entrevista con ACI Prensa, “muchos de ellos son capturados por el crimen organizado, son utilizados, esclavizados prácticamente durante años, y luego simplemente son asesinados”. 

Este contexto de inseguridad ha dado lugar al fenómeno de las caravanas de migrantes, en las que cientos o incluso miles de personas caminan juntas, de acuerdo a Bonilla, en un “afán de resguardarse unos a otros, porque se empieza a ver o se empieza a entender que el ir juntos les va a dar un poco más de seguridad”.

Por otra parte, Juan Torres, también miembro de la Pastoral de Movilidad Humana hondureña, reveló que recientemente se organizó “una caravana que comenzó a organizarse desde finales del año pasado, cuando ya se supo que Trump había ganado la elección”. “No es solamente una, hay más iniciativas también de gente que se está organizando para salir del país y llegar antes que él [Donald Trump] tome posesión a Estados Unidos”, agregó. 

Panamá 

Jorge Ayala, secretario ejecutivo nacional de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Panameña, expresó su preocupación por “los distintos mensajes y anuncios que ha realizado el presidente electo de Estados Unidos”. 

Panamá es un país clave en la ruta migratoria hacia Estados Unidos debido a que es el punto de entrada de América del Sur a Centroamérica. Los migrantes que parten de América del Sur llegan a Panamá a través del tapón del Darién, una región selvática de difícil acceso que también abarca parte de Colombia.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia, para el año 2023 más de 520.000 personas cruzaron este territorio hacia Panamá, con un aumento del 110% respecto al año anterior, incluyendo 406.905 adultos y 113.180 menores de edad.

Ayala expresó su preocupación por la posible implementación en Estados Unidos de políticas migratorias “que atenten a los derechos humanos de las personas, entre ellas la separación de las familias, las deportaciones ‘en caliente’, no permitir el acceso al debido proceso de asilo, la finalización del Estatus de Protección Temporal para algunas nacionalidades, entre otras medidas restrictivas y represivas anunciadas”.

De acuerdo al sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el Estatus de Protección Temporal es la categoría otorgada por las autoridades estadounidenses a algunos países que se encuentran en condiciones “que impiden a los ciudadanos del país regresar a su país temporalmente de manera segura”. Los ciudadanos de esos países no son removidos de Estados Unidos y pueden obtener documentos de autorización de empleo y autorización de viaje.

Entre los países que actualmente se encuentran en ese estatus figuran Venezuela, Haití, Ucrania, Sudán, Líbano, Yemen y Etiopía.

Ante estas circunstancias, Ayala hizo un llamado a “buscar un equilibrio entre el derecho de las personas a migrar y el derecho de los países a controlar sus fronteras desde un enfoque de derechos humanos, justicia social y bien común”.