Los Ángeles — El Senado dio un paso decisivo este viernes al avanzar con la Ley Laken Riley, marcando un triunfo clave para los republicanos sobre su punto de vista contra los inmigrantes sin documentos legales en Estados Unidos.
Con una votación de 61 a 35, los senadores, incluidos 10 demócratas, buscan reforzar la seguridad fronteriza al exigir la detención obligatoria de inmigrantes acusados de delitos graves como robo, allanamiento de morada y agresión a oficiales de la ley. Aunque activistas pro inmigrantes sostienen que este no será el caso, y que muchas personas caerán en las cárceles sin su debido proceso para luego ser entregados a las autoridades de inmigracion.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante universitaria de Georgia brutalmente asesinada hace casi un año por un migrante venezolano. El individuo fue arrestado por hurto y liberado bajo libertad condicional.
Maya Wiley, presidenta y directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, y compuesta por más de 250 organizaciones, dijo que Riley debería estar viva hoy, y su pérdida es una tragedia. Sin embargo, “lamentablemente, este proyecto de ley pondría en peligro a muchas personas de la clase trabajadora, padres, abuelos y personas que contribuyen a nuestras comunidades”, dijo.
“El asesinato sin sentido de Laken Riley no debe usarse para justificar la realización de cambios sin precedentes en las leyes de detención de inmigrantes que invitarán a una mayor discriminación y harán poco por aumentar la seguridad pública”, sostuvo Wiley.
De acuerdo con la activista, la detención obligatoria de inmigrantes sobre la base de una mera acusación de un delito contra la propiedad no violento casi con certeza invitaría a abusos que perjudicarían a las personas de color.
Entre los demócratas que respaldaron la propuesta se encuentran Ruben Gallego (Ariz.), Mark Kelly (Ariz.), Jon Ossoff (Ga.), Gary Peters (Mich.), Jacky Rosen (Nev.), Catherine Cortez Masto (Nev.), Jeanne Shaheen (N.H.), Maggie Hassan (N.H.), Mark Warner (Va.) y Elissa Slotkin (Mich.). Gallego y John Fetterman (D-Pa.).
A pesar de una carta de la Conferencia de Liderazgo que pedía la reconsideración del senado sobre su voto a la legislación, el proyecto de ley está ahora encaminado hacia una votación final en el Senado a principios de la próxima semana. Debido a las enmiendas introducidas, deberá regresar a la Cámara de Representantes para una aprobación adicional antes de que Trump pueda convertirlo en ley.
Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, dijo que el proceso que mostraron los demócratas durante el debate legislativo de la Ley Laken Riley es una alarmante primera señal de aquiescencia hacia Donald Trump y Stephen Miller.
“Dar luz verde a un aumento masivo de detenciones innecesarias y empoderar a los fiscales generales estatales radicales y anti inmigrantes es profundamente perjudicial y socava las soluciones que necesitamos. Fundamentalmente, no evitará que los demócratas sufran ataques republicanos a la inmigración”, dijo la activista.
Cárdenas recordó que a pesar de la victoria de Donald Trump y la prominencia de sus viciosas promesas antiinmigrantes, una gran mayoría del público estadounidense prefiere un enfoque equilibrado de la inmigración, que incluya tanto la seguridad fronteriza como la legalización de los inmigrantes indocumentados, en lugar de la deportación masiva, según reportes.
“Cabe señalar que la legalización de los inmigrantes indocumentados fue más popular que la deportación masiva en una elección directa por un margen de 56-40% en la encuesta de salida de Election 2024 National Edison y un margen de 55-44% en la encuesta electoral masiva AP VoteCast”, dijo.
De acuerdo con los activistas, el proyecto de ley afectará desproporcionadamente a las comunidades negras y latinas que ya están sobre vigiladas y encarceladas a tasas más altas.
Shayna Kessler, directora de la iniciativa Advancing Universal Representation, Vera Institute of Justice, la aprobación de este proyecto de ley marca el tono para el nuevo Congreso y la administración que regresa, de que la retórica y la formulación de políticas antiinmigrantes no solo serán toleradas.
En resumen, la HR 29/S 5 despoja a los inmigrantes de sus derechos básicos al ordenar la detención de algunas personas indocumentadas que no han sido condenadas por un delito o, en algunos casos, ni siquiera han sido arrestadas y acusadas de un delito.
Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, dijo que hay decepción de que “se haya preparado el escenario para el 119.º Congreso con esta política dañina”.
“En lugar de buscar soluciones que fortalezcan a nuestras comunidades y apoyen nuestra economía, el Congreso ha optado por ceder al extremismo, sometiendo a las personas a perfiles raciales, detenciones y negándose el debido proceso”, dijo
“Los inmigrantes son vitales para nuestras comunidades y nuestra economía. Esta legislación ignora esa realidad”, dijo.
En las últimas semanas, algunos demócratas han expresado numerosas preocupaciones sobre el proyecto de ley, especialmente por la falta de fondos necesarios para manejar las detenciones que este generará. El Departamento de Seguridad Nacional estimó que implementar la ley durante el primer año costaría casi $27 mil millones y afirmó que sería “imposible para [Inmigración y Control de Aduanas] llevarlo a cabo con los recursos actuales.”
