Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE. UU. el 20 de enero, América Latina enfrenta un periodo transformador y turbulento en sus relaciones con su vecino del norte. El primer mandato de Trump se definió por negociaciones transaccionales, tácticas de presión económica y la marginación de temas relativos a los derechos humanos en favor de ganancias políticas a corto plazo, un patrón que podría intensificarse en su segundo mandato.
Las nominaciones de Trump, incluyendo a Marco Rubio como Secretario de Estado, Christopher Landau como Subsecretario de Estado, y las rápidas nominaciones de embajadores de EE. UU. a varios países de América Latina, como México, indican que la región será una mayor prioridad en la política exterior de EE. UU., especialmente en relación con la migración y las drogas de uso ilícito. El creciente alineamiento de Trump con líderes populistas, a menudo autoritarios, en América Latina, como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador y la familia Bolsonaro en Brasil, podría fortalecer a actores antidemocráticos y amenazar las instituciones democráticas de la región, las libertades civiles, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos.
Bajo una segunda administración de Trump, WOLA anticipa retrocesos significativos a nivel de normas democráticas, espacio cívico, protección de los derechos humanos, independencia judicial, iniciativas de inclusión y diversidad, y la respuesta a la crisis climática.
Podría haber desacuerdos con aliados históricos sobre las estrategias bipartidistas a largo plazo para abordar problemas persistentes, como los conflictos armados internos y los grupos armados ilegales organizados. Priorizar estrategias de control militarizado de drogas y políticas migratorias restrictivas, aunado a una preferencia por la diplomacia transaccional, corre el riesgo de consolidar aún más el autoritarismo, poniendo bajo mayor amenaza a actores de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos y personal gubernamental reformista.
A medida que las normas e instituciones democráticas sean objeto de un ataque creciente y los compromisos con la diversidad y la inclusión se debiliten, será cada vez más importante fomentar la solidaridad y la coordinación entre los actores de la sociedad civil en la región y el mundo. Esto será esencial para contrarrestar la erosión de las libertades democráticas, proteger los derechos humanos y el estado de derecho.
WOLA ha identificado áreas clave a observar y posibles medidas de respuesta para abordar estos riesgos.
Migración
Aunque la administración de Biden puso el sistema de asilo de Estados Unidos fuera del alcance de muchos migrantes que llegaban a la frontera entre EE.UU. y México, abrió y preservó otras vías para la protección de personas migrantes, así como la protección contra la deportación en Estados Unidos. Programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el Estatus de Protección Temporal (TPS), y el estatus de permiso humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela podrían eliminarse bajo Trump. Además, las rutas migratorias legales, como las Oficinas de Movilidad Segura, que brindan evaluación y procesamiento para migrantes en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, incluyendo el reasentamiento de refugiados, podrían también cerrarse.
El enfoque de Trump en la deportación masiva, probablemente utilizando personal militar, algo sin precedentes en la historia moderna de EE.UU., podría expulsar a millones de personas mediante redadas, internamiento en campamentos y deportaciones a gran escala. Un renovado programa “Quédate en México” podría enviar a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar su trámite en México, si el gobierno mexicano se ve obligado a aceptarlo. Las organizaciones sin fines de lucro y las entidades que defienden a las personas migrantes podrían enfrentar ataques legales coordinados. La construcción del muro fronterizo se reanudará. Las entidades de migración y fronteras de EE.UU., como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), su componente de Patrullas Fronterizas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), verán cómo sus ya problemáticas culturas organizacionales empeoran debido a la débil y permisiva supervisión, lo que aumenta el riesgo de abusos y uso indebido de la fuerza. Las tragedias evitables, desde separaciones familiares hasta vidas destrozadas y maltrato en custodia y detención, probablemente se multiplicarán.
Si bloquear la migración se convierte en la principal prioridad de la política exterior de Estados Unidos en las Américas, la relación entre Estados Unidos y la región se distorsionará aún más. México y otros países a lo largo de la ruta migratoria podrían enfrentar mayor presión para bloquear a personas migrantes y aceptar más deportados de otros países, mientras sus economías luchan por absorber a grandes cantidades de sus propios ciudadanos repatriados. Las naciones de la región experimentarán un aumento en el número de migrantes y solicitantes de asilo dentro de sus fronteras, agravando una crisis humanitaria en un hemisferio donde hay más de 20.3 millones de personas desplazadas por la fuerza y apátridas; un tercio de ellas son de Venezuela, con necesidad protección internacional. La asistencia estadounidense a las autoridades de control fronterizo y migratorio de otros países podría aumentar, con el riesgo de replicar una cultura organizativa propensa a abusos y con escasa rendición de cuentas, como la que caracteriza a la CBP y a ICE, que son las principales entidades que brindan formación y asesoramiento a sus homólogos extranjeros. Por otro lado, líderes corruptos y autoritarios —incluido posiblemente el régimen en Venezuela— podrían buscar congraciarse con Estados Unidos aceptando deportados y bloqueando a personas migrantes.
México
Trump ha propuesto una acción militar de EE.UU. en México, a través de un despliegue de fuerzas especiales de EE.UU. en territorio mexicano, como posible respuesta al narcotráfico, una idea que ha ganado apoyo dentro del Partido Republicano. Es difícil subestimar los riesgos para los derechos humanos de tales propuestas o el impacto potencialmente catastrófico de una acción militar unilateral de EE.UU. en la relación entre EE.UU. y México. Pero incluso si no se materializa una acción militar de EE.UU., tales propuestas presagian una relación en la que las amenazas de medidas unilaterales podrían ser el punto de partida para el diálogo en áreas cruciales como seguridad y migración, lo que podría llevar a resultados contraproducentes en lugar de soluciones políticas efectivas.
Después de décadas de una «guerra contra las drogas» militarizada en México no se ha logrado proteger de la violencia a la población mexicana ni frenar el consumo ilícito de drogas en EE.UU., en cambio, ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos .En lugar de centrarse en la aplicación de la ley antidrogas y las interdicciones, abordar eficazmente el crimen en México requiere reducir la impunidad y la corrupción. En la medida en que la administración Trump 2.0 priorice acciones militares nocivas que aparenten ser «duras» contra el crimen o en la frontera, quedará poco espacio para la cooperación en las áreas que realmente son relevantes para fortalecer el estado de derecho, proteger a la población y reducir la migración forzada.
Venezuela
Los acontecimientos recientes plantean interrogantes sobre si el enfoque de la administración Trump hacia Venezuela será similar a las políticas de su primer mandato. El 9 de enero, por primera vez desde las elecciones presidenciales de Venezuela en julio de 2024, Trump abordó brevemente la situación en una publicación en Truth Social. Su mensaje llegó un día antes de que Nicolás Maduro asumiera otro mandato presidencial de seis años, sin evidencia que respalde la legitimidad de su supuesto triunfo y en medio de fuertes condenas de la comunidad internacional. Trump se refirió a Edmundo González Urrutia como presidente electo y destacó el apoyo que recibió de la comunidad venezolana en Estados Unidos. El nominado para Secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó durante su audiencia de confirmación en el Congreso que el país está controlado por una organización criminal y narcotraficante, criticó a la administración Biden por haber sido manipulada para disminuir las sanciones y proporcionar millones de dólares a Maduro a través de licencias petroleras, y destacó los importantes riesgos geopolíticos involucrados en los tratos de Venezuela con países como Rusia e Irán. A su vez, Michael Waltz, quien ha sido nombrado asesor de seguridad nacional de Trump, se reunió con González Urrutia durante su reciente visita a Washington D.C., pero en su calidad de congresista de Florida, dejando incierta la postura de la administración sobre Venezuela. Trump también nombró a Richard Grenell como enviado presidencial para misiones especiales, incluyendo Venezuela, pero aún no está claro cuál es su postura ni cómo se alineará su posición con la del Departamento de Estado.
Tras la victoria electoral de Trump, Maduro lo felicitó públicamente y expresó esperanzas de una relación en la que todos ganan. Aunque parece poco probable que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambos países, la administración entrante enfrenta dilemas complejos que podrían abrir la puerta a un enfoque transaccional entre ambos gobiernos. Maduro probablemente buscará mantener las licencias petroleras otorgadas por OFAC, lo que convirtió a Venezuela en el tercer mayor proveedor de petróleo para Estados Unidos en 2024. Mientras tanto, Trump desea frenar la migración reanudando los vuelos de deportación hacia Venezuela. Estos intereses superpuestos, a pesar de las diferencias ideológicas y narrativas incendiarias, podrían señalar un cambio respecto a las tácticas de máxima presión de su primer mandato, con el pragmatismo económico ocupando un papel central. Los comentarios recientes del asesor principal Tom Homan, enfatizando que espera que Trump “trabaje con Venezuela” para recibir estos vuelos de deportación, contrastan con las posiciones históricamente duras de Rubio y Landau sobre Venezuela, generando nuevas preguntas sobre el futuro de la relación entre ambos países.
Colombia
Con el apoyo de los Estados Unidos, Colombia ha logrado grandes avances en la resolución de sus conflictos armados internos durante las últimas dos décadas. Estamos lejos de la Colombia de la década de 1980, donde tanto el conflicto como la violencia relacionada con las drogas estaban fuera de control. El acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) encaminó a Colombia hacia enfoques basados en soluciones más sostenibles a largo plazo para abordar las causas profundas del conflicto, la violencia y las economías ilícitas. Sin embargo, también está claro que la gran desigualdad en Colombia requiere abordar la falta de presencia estatal en áreas remotas y en centros urbanos empobrecidos. Las comunidades afrodescendientes, indígenas y rurales necesitan enfoques diferenciados y específicos que incluyan su participación activa.
Aunque se han logrado algunos avances, en Colombia persisten graves problemas de seguridad, narcotráfico, derechos humanos y humanitarios. Entre las violaciones de derechos más notables se encuentran el alto número de asesinatos y ataques contra líderes sociales, especialmente personas defensoras del medio ambiente, el desplazamiento interno y la falta de justicia en la mayoría de los casos. Aunque aún no está claro qué políticas adoptará la próxima administración de Trump hacia Colombia, es evidente que no se pueden ignorar las lecciones del pasado. Volver a las políticas nocivas e ineficaces que caracterizaron los primeros años del “Plan Colombia,” como un enfoque de seguridad de línea dura para combatir las drogas (que a menudo conduce a abusos), no resolverá el problema de las economías ilícitas. Deben evitarse declaraciones irresponsables, retórica ideológica y conflictos verbales, ya que la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia es mutuamente beneficiosa. Colombia es el principal socio de Estados Unidos en el abordaje de la migración desde Venezuela y también un socio comercial clave que prioriza a Estados Unidos sobre China.
Centroamérica
Aunque Trump aún no ha propuesto medidas específicas para Centroamérica, es probable que su administración desmantele la Estrategia de EE. UU. para Abordar las Causas Originarias de la Migración de la administración Biden, la Iniciativa Centroamérica Adelante, la Alianza para Centroamérica y el Llamado a la Acción liderado por la vicepresidenta Harris. El compromiso de Estados Unidos con la región cambiará drásticamente. Es poco probable que la nueva administración priorice abordar los factores subyacentes que impulsan la migración, como la violencia, la inseguridad, la pobreza y el cambio climático, problemas agravados por la corrupción endémica y la débil gobernanza en la región.
Las iniciativas de EE.UU. que buscan proteger el espacio cívico y amplificar las voces de los defensores de los derechos humanos no serán una prioridad. Los actores corruptos que han socavado la democracia y que fueron sancionados bajo la administración Biden, como muchos funcionarios guatemaltecos, probablemente serán respaldados por Trump y sus aliados, quienes tienen fuertes vínculos con muchos de ellos. Esto podría llevar a una reversión de las sanciones y a una mayor inestabilidad política. Por otro lado, es probable que veamos presión continua por parte de representantes republicanos en el Congreso y el ejecutivo sobre la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dada la preocupación por las políticas que están afectando a las empresas estadounidenses y sus vínculos con Venezuela, Cuba, China, Nicaragua y otros adversarios de EE.UU.
A pesar de estos desafíos, hay espacio para un cambio positivo en el caso de Nicaragua, ya que existe apoyo bipartidista e interés en restaurar la democracia en el país. Además, el sector privado en Centroamérica y EE.UU. podría desempeñar un papel clave en instar a la administración Trump a implementar iniciativas de inversión, promover la seguridad jurídica, defender el estado de derecho y respetar los valores democráticos.
Cuba
En su primer mandato, y a petición de Marco Rubio, el presidente Trump revertió muchas de las políticas de acercamiento con Cuba implementadas durante la administración Obama, imponiendo nuevas sanciones, suspendiendo grupos de trabajo sobre cuestiones como cooperación ambiental, migración y los derechos humanos, y poniendo nuevamente a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo (SSOT) poco antes de dejar el cargo. Biden revirtió algunas de estas políticas, como facilitar la reunificación familiar y las remesas, ampliar los viajes autorizados y apoyar el sector privado y la libertad de internet. Sin embargo, impulsada por una economía colapsada, escasez generalizada de energía, alimentos, combustible y medicinas, y un aumento en la represión, entre otros factores, hemos visto un nivel histórico de migración cubana desde 2022. Cuba también permaneció en la lista SSOT hasta los últimos días de la administración Biden, cuando fue retirada el mismo día que el gobierno cubano anunció la excarcelación de 553 personas.
Con Marco Rubio a punto de convertirse en Secretario de Estado de EE.UU. y otros partidarios de la línea dura cubano-estadounidense que probablemente ocuparán puestos clave en la administración y en el Congreso, los limitados compromisos establecidos durante la administración Biden con Cuba llegarán a su fin. Aunque la nueva administración debería seguir exponiendo su preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba, incluido el dramático aumento de la represión tras las protestas del 11 de julio de 2021, esto no debería ir acompañado de un aumento en las restricciones sobre Cuba, que sólo han empeorado la crisis humanitaria en la isla y no han logrado avanzar significativamente en cuestión de derechos humanos o reformas políticas.
Políticas de drogas
Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos finalmente están disminuyendo después de haber aumentado durante muchos años. Este prometedor descenso se debe probablemente a muchos factores, entre los cuales destaca el apoyo sin precedentes del gobierno federal a herramientas de reducción de daños que salvan vidas, como la naloxona, el antídoto para la sobredosis. Durante el primer mandato de Trump, las muertes por sobredosis causadas por opioides sintéticos como el fentanilo se cuadruplicaron, pero su administración no adoptó estrategias de reducción de daños. Ahora, con los primeros indicios de que las muertes por sobredosis están disminuyendo, Trump debería intensificar el apoyo federal a la reducción de daños, no abandonarlo. Desde 2008, más de un millón de personas han muerto por sobredosis de drogas en Estados Unidos. Incluso con las recientes buenas noticias, el número de muertes por sobredosis sigue siendo alarmantemente alto. Abandonar ahora la política de reducción de daños pondría en peligro estos primeros signos de progreso, en detrimento de todas las personas en el país.
A pesar del rotundo fracaso de operaciones de control antidrogas lideradas por Estados Unidos para reducir los suministros ilegales de drogas en el extranjero y sellar sus fronteras, los políticos de todo el espectro político continúan respaldando enfoques que suenan «duros,» aunque han demostrado ser no solo ineficaces, sino también contraproducentes, al hacer que las drogas ilegales sean más tóxicas y los mercados de drogas más letales. La amenaza de Trump de imponer aranceles elevados a México y la generalización entre los republicanos de propuestas de ataques militares unilaterales por parte de Estados Unidos están marcando la pauta de un enfoque coercitivo hacia la región que da prioridad a la fuerza militar para acabar con el narcotráfico. Se puede esperar que tales tácticas produzcan grandes resultados en la teatralidad de la guerra contra las drogas: estadísticas de erradicación de cultivos, incautaciones de drogas, arrestos de «capos»–generando muchas imágenes que Trump podrá utilizar para crear un espejismo de éxito en el control de drogas.
Pero tales operaciones son incapaces de disminuir realmente el suministro de drogas o frenar el alcance y poder de las redes de narcotráfico y el crimen organizado. Peor aún, el control militarizado de las drogas provocará consecuencias devastadoras, principalmente un aumento de la violencia y más derramamiento de sangre en América Latina y el Caribe. Tales desventuras dejarán un rastro de vidas y comunidades destruidas, sin ofrecer ningún beneficio en lo que más importa para los estadounidenses: reducir el número de muertes por sobredosis de drogas.
Cambio climático
El cambio climático ya está causando estragos, alterando y destruyendo vidas en comunidades alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Sequías e incendios más severos, tormentas e inundaciones más intensas, y los estragos causados por aumento del nivel del mar son una realidad, no una preocupación vaga en un futuro lejano. Sin una acción internacional concertada, la devastación no hará más que aumentar. Estados Unidos es, con mucho, el mayor emisor histórico de dióxido de carbono, y por lo tanto tiene una responsabilidad significativa en la creación de la crisis climática. En contraste, América Latina y el Caribe, en su conjunto, tienen una responsabilidad histórica mínima en las emisiones que calientan el planeta, pero las personas habitantes de estos países son altamente vulnerables a los desastres provocados por el clima. Sin embargo, Trump amenaza con retirar al gobierno estadounidense del histórico Acuerdo de París para responder al cambio climático, como ya hizo en su primer mandato. A su vez, los republicanos en el Congreso parecen decididos a recortar toda la ayuda internacional estadounidense para el clima, incluida la asistencia para proteger la selva amazónica. Estas serían medidas trágicamente miopes y graves heridas autoinfligidas, cediendo el liderazgo climático a otros países, incluyendo China, y obstaculizando los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono y hacer frente a la aterradora realidad de nuestro planeta frente al calentamiento global.
Las traumáticas consecuencias de la crisis climática ya son visibles en todo el territorio estadounidense, y la destrucción provocada por el cambio climático en América Latina y el Caribe planteará cada vez más desafíos en la región, incluyendo el aumento del desplazamiento y la migración. Estados Unidos no puede aislarse de las consecuencias regionales. Todos las personas estadounidenses tienen interés en que Estados Unidos se comprometa a prevenir un aumento de la temperatura global. Apoyar a los vecinos de las Américas para aumentar su resiliencia ante la crisis climática y recuperarse de los daños causados por esta debe entenderse como un imperativo tanto moral como práctico para todo gobierno estadounidense, incluida la administración entrante de Trump.
Justicia de Género y Racial
Anticipamos que esta administración reducirá los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para promover la justicia de género, la diversidad, la inclusión y la protección de los grupos vulnerables tanto en la política exterior de EE. UU. como en las operaciones del Departamento de Estado. Se espera la reinstauración de la política de Ciudad de México, que limitará la asistencia estadounidense a organizaciones involucradas en servicios de aborto o en la defensa de cambios en las leyes relativas al aborto. Estos cambios podrían agravar las desigualdades estructurales y socavar los intereses de EE. UU. a nivel nacional como internacional.
Abordar la salud reproductiva y las necesidades específicas de mujeres, minorías de género y étnicas, y poblaciones vulnerables refuerza a los países como socios estratégicos y contribuye a mitigar economías ilícitas. Además, garantizar la protección a víctimas de trata, abuso sexual y violencia de género es fundamental. La igualdad de derechos y la participación política de mujeres y minorías fomentan la innovación y fortalecen la capacidad de EE. UU. para enfrentar desafíos globales complejos.
Iniciativas como el Plan de Acción Racial EE. UU.-Colombia y el Plan de Acción Conjunta para Eliminar la Discriminación Racial y Étnica y Promover la Igualdad (JAPER) subrayan la importancia de avanzar en los derechos y las oportunidades económicas como una prioridad continua, incluso para la administración entrante.
Conclusión
Durante al menos los próximos dos años, Trump contará con un Congreso controlado por el partido republicano que impulsará varias de sus prioridades, en particular su restrictiva agenda de migración, y realineará, si no reducirá, las áreas de asistencia estadounidense, centrándose en la ayuda a temas de seguridad, eliminando o recortando drásticamente la financiación de organismos internacionales y contrarrestando el papel de China a nivel mundial. Mientras Trump se prepara para un segundo mandato, América Latina se enfrenta a la perspectiva de un autoritarismo más profundo, crecientes desafíos en materia de derechos humanos y una mayor erosión de los principios democráticos, con muchos líderes que probablemente encuentren en la nueva administración estadounidense un aliado para sus agendas conservadoras. La comunidad internacional, junto con la sociedad civil de América Latina, debe prepararse para estos desafíos y trabajar conjuntamente para defender los derechos humanos, proteger las instituciones democráticas y resistir las influencias autoritarias.
