A medida que crece el debate sobre las deportaciones masivas prometidas bajo la administración entrante de Trump, El Cajón ha entrado en la discusión considerando una resolución que permita a las autoridades locales asistir a los oficiales de inmigración federales.
Los miembros del Concejo Municipal de El Cajón no se opusieron al concepto de la resolución cuando se presentó en su reunión del martes, pero la mayoría fue influenciada por las preocupaciones de alrededor de 10 oradores que expresaron temor de que podría generar ansiedad entre los residentes migrantes latinos y podría llevar a un aumento en la criminalidad debido a la desconfianza hacia las autoridades locales. El concejo instruyó al personal de la ciudad a regresar con una versión modificada de la resolución para abordar esas preocupaciones.
La resolución propuesta habría declarado la intención de la ciudad de El Cajón de cumplir con las leyes federales de inmigración y reflejar “el enfoque equilibrado de la ciudad sobre la seguridad pública, el cumplimiento legal y la confianza comunitaria.” El gerente de la ciudad, Graham Mitchell, dijo que ninguna otra ciudad en el condado, si no en el estado, había adoptado una resolución similar.
La resolución es un contraste evidente con la aprobada recientemente por la Junta de Supervisores del condado, que prohíbe a las agencias del condado cooperar con las autoridades federales en la ejecución de la ley de inmigración, incluso en el caso de la transferencia de reclusos inmigrantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El alcalde Bill Wells apoyó la resolución de El Cajón tal como estaba y emitió el único voto en contra de una moción alternativa que pedía devolverla con un nuevo texto. Este cambio busca aclarar la intención de la resolución: proteger a todos los residentes colaborando con los oficiales de ICE solo para asistir en los arrestos de migrantes que hayan cometido delitos graves.
Entre los oradores en contra de la resolución original estuvo Pedro Ríos, director del programa Frontera EE. UU./México del Comité de Servicio de los Amigos de América, quien dijo que se trataba de una campaña de miedo.
“Aprobar esta resolución no solo es un error, sino que muestra sus verdaderos colores”, expresó.
Otros oradores, la mayoría latinos, dijeron que la resolución los dejaba con miedo de que la policía de El Cajón los detuviera y les pidiera prueba de ciudadanía aunque no hubieran hecho nada malo.
Mitchell y Wells dijeron que la resolución era un intento de abordar cómo El Cajón y otras ciudades de California se ven atrapadas entre un nuevo empuje federal para endurecer la inmigración ilegal y una ley estatal que restringe el papel que las autoridades locales pueden desempeñar.
El Proyecto de Ley 54 del Senado del Estado de California, en vigor desde 2018, limita el uso de los departamentos de policía y de sheriff locales para investigar, detener o arrestar a personas por violaciones civiles de inmigración, entre otras acciones.
En una carta del 10 de diciembre dirigida al fiscal general estatal Rob Bonta, Wells solicitó una aclaración de los parámetros del SB 54. Bonta aún no ha respondido, y la resolución incluía un esfuerzo continuado por buscar esa clarificación.
“Las disposiciones del SB 54 añaden complejidad a la que la ciudad debe enfrentarse, especialmente porque las políticas de inmigración estatales y federales son inconsistentes, poniendo a las ciudades y su personal en una posición difícil”, decía la carta a Bonta.
Wells también preguntó si la resolución para asistir a los oficiales federales podría poner a la ciudad en problemas con el estado.
“Si la ciudad de El Cajón se involucra en esfuerzos cooperativos con las autoridades federales de inmigración en casos que involucren a delincuentes condenados por felonías, ¿qué acciones de cumplimiento o sanciones seguirá el Estado de California bajo el SB 54?”, escribió. “¿Existen pasos procedimentales específicos que la Oficina del Fiscal General tomaría en respuesta a una posible falta de cumplimiento?”
El concejal Gary Kendrick dijo que veía razonable cooperar con ICE para arrestar a criminales graves, pero se mostró comprensivo con las preocupaciones planteadas por los oradores.
“Creo que es importante que realmente trabajemos para salvaguardar los derechos de todos”, dijo. “Nuestra comunidad inmigrante es una parte fundamental de nuestro tejido social, y no quiero desgarrar ese tejido.”
Los concejales Michelle Metschel y Steve Goble expresaron preocupaciones similares.
El condado aún está lidiando con las consecuencias de su resolución de diciembre que prohíbe la cooperación con ICE en asuntos de inmigración. La ex presidenta de la junta, Nora Vargas, dijo que tal política era necesaria para mantener a las familias unidas y proteger la confianza pública.
Esa resolución puso al condado en desacuerdo con la alguacil Kelly Martinez, una funcionaria electa que dijo que su departamento es un organismo independiente que no tiene que seguir la directiva de los supervisores. Martinez dijo que la Oficina del Sheriff actuará dentro de los parámetros del SB 54.
Aún más confusas las reglas, asesores del presidente electo Donald Trump han amenazado con futuras consecuencias legales para las ciudades y condados que no cumplan con las autoridades federales de inmigración.
Vargas, quien desde entonces dejó su puesto en la junta, fue una de las funcionarias electas a nivel nacional que recientemente recibió una carta advirtiendo a los llamados condados y municipios “santuario” que enfrentan riesgos legales si no cumplen con la ejecución de la ley de inmigración federal. La carta fue enviada por la Fundación America First Legal, que está dirigida por Stephen Miller, quien Trump ha nombrado subdirector de política de su gabinete.
Original Story
El Cajon considers resolution to support feds with immigration arrests
