El 7 de enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que Grecia deportó ilegalmente a una mujer turca a Turquía. Fue en 2019, cuando A.R.E. fue expulsada de manera indebida tras cruzar la frontera entre ambos países, sin haber tenido la oportunidad de solicitar asilo. El Tribunal reconoce que no se trata de un hecho aislado, sino que existen “fuertes indicios” de que las autoridades griegas llevan a cabo “una práctica sistemática de devoluciones en caliente”.
Una investigación internacional en la que ha participado EL PAÍS junto a los medios Solomon (Grecia), Tagesspiegel (Alemania), Inkstick (Estados Unidos) y Wochenzeitung (Suiza) ha constatado cómo las fronteras exteriores de la Unión Europea se han reforzado con inteligencia artificial (IA) y tecnologías de vigilancia automatizada que no solo no garantizan el respeto de los derechos fundamentales, sino que, al contrario, pueden ser utilizadas para agilizar las devoluciones en caliente ilegales e impedir el ejercicio del derecho de asilo, así como el de otros derechos fundamentales.
La investigación —que ha combinado trabajo sobre el terreno en nueve países con decenas de entrevistas a responsables políticos, funcionarios policiales, refugiados, informadores anónimos y defensores de los derechos humanos, además de revisar miles de páginas de documentos, públicos y confidenciales— arroja un preocupante resultado: dotar de más y mejor tecnología a las fronteras exteriores de Europa no evita que sigan siendo espacios opacos donde reina la impunidad.
Una de las fronteras clave es la que separa la región griega de Evros y Turquía. Varias fuentes consultadas en esta investigación coinciden en que este confín terrestre se ha convertido en un banco de pruebas para verificar tecnologías que la industria de defensa denomina “fronteras inteligentes” y que son financiadas con fondos europeos.
En la mayor parte de los 192 kilómetros que separan a Grecia de Turquía se extiende una valla que refuerza el límite natural, el río Maritsa, cuyo nombre en griego (Evros) da nombre a la región. En el delta —an popular destino de ornitólogos, pero que cada vez recibe menos turistas— está emplazada la primera de las 11 torres de vigilancia dispuestas a lo largo del cauce. Son estructuras de 15 metros de altura, similares a antenas de telefonía, dotadas con dispositivos de videovigilancia, cámaras térmicas con visión nocturna, radares y medidores de distancia por láser.
Todas estas modificaciones han sido implementadas al amparo del Sistema Automatizado de Vigilancia de Fronteras (ABSS por sus siglas en inglés), creado en 2007. Diez de las torres recogen imágenes y datos sobre movimientos considerados “sospechosos”, entendiéndose por tales a posibles candidatos para la migración irregular. La undécima torre transmite el contenido a dos centros de control: uno en Alejandrópolis y otro en la capital, Atenas.
Las torres permiten, según fuentes policiales griegas, registrar movimientos dentro de territorio turco, con una distancia máxima de 15 kilómetros desde la frontera. La información se transmite en directo a los centros de control, donde sistemas de inteligencia artificial procesan los datos y reconocen animales, pescadores, otros moradores de la zona y eventuales amenazas.
Aunque el sistema está entrenado para distinguir la presencia de hombres armados, en la práctica se centra en la detección de refugiados. Cuando detecta a un grupo o un individuo que considera sospechoso, se activa una alarma. Entonces, los agentes griegos deciden si envían efectivos al lugar donde creen que se va a producir el cruce o si avisan a sus homólogos turcos para que estos detengan al grupo de supuestos migrantes antes de que crucen la frontera. El pasado año, Turquía arrestó a 222.516 migrantes que se dirigían hacia Grecia, según los datos oficiales de Ankara.
Lena Karamanidou, vecina de la región e investigadora de la Red de Vigilancia de la Violencia Fronteriza (BVMN, por sus siglas en inglés), denuncia que la policía griega utiliza la información recogida por el ABSS para acometer expulsiones colectivas. Las devoluciones en caliente, que impiden que las personas expulsadas tengan ocasión de solicitar asilo o de alegar si corren peligro en el caso de ser deportadas, son una práctica ilegal ampliamente documentada.
Aunque las autoridades griegas niegan la existencia de devoluciones en caliente, tanto en las islas como en la frontera terrestre, de manera extraoficial presumen de que, gracias a ellas, las llegadas de migrantes se han reducido. “Más de 30.000 llegadas al año son difíciles de gestionar, por lo que tenemos que centrarnos en impedir por todos los medios que los traficantes criminales empujen a los inmigrantes hacia Grecia”, declara un alto cargo del Gobierno heleno bajo condición de anonimato.
60.000 llegadas al año
A pesar de la política de mano dura, Grecia contabilizó más de 60.000 llegadas en 2024, más del doble del objetivo oficioso citado por la fuente gubernamental. La mayoría fueron por mar y se registró un notable descenso en Evros, lo que tanto Atenas como Bruselas consideran un éxito.
Al margen del sistema de torres de vigilancia, las autoridades griegas utilizan drones equipados con cámaras de alta resolución que detectan grupos de migrantes que terminan siendo devueltos a Turquía. En un documento interno al que ha tenido acceso esta investigación, la policía detalla cómo localizó y detuvo a un grupo de refugiados a los que descubrió un dron.
Aunque el derecho de asilo y el derecho a la protección subsidiaria están recogidos en los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tanto los migrantes detenidos antes de cruzar la frontera como los que son expulsados mediante una deportación colectiva no cuentan con ninguna vía para hacer efectivos sus derechos. Además, durante las devoluciones en caliente se ponen en peligro la vida, integridad física, el patrimonio, los derechos de la infancia y otra serie de derechos fundamentales, según numerosos informes de Acnur (la agencia de la ONU para los refugiados), la oficina de derechos fundamentales de Frontex (la agencia europea de fronteras) o las ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otros.
Esta investigación envió 26 preguntas al Ministerio para las Migraciones griego relativas a dichas vulneraciones de derechos y la tecnología referida, a las que este organismo respondió en escueto correo electrónico: “No damos respuestas, especialmente en esta fase de intensificación de la cuestión migratoria, sobre temas operativos delicados que afectan a la seguridad del país”.
Drones de última generación
En la zona del delta del Evros opera un subsistema de vigilancia compuesto por equipos proporcionados por dos proyectos europeos llamados Andromeda y Nestor. Andromeda es un pilón situado junto a un edificio llamado pabellón forestal, equipado con una cámara térmica, un sensor AIS que localiza la posición de embarcaciones y un radar marítimo, además de drones, una patrullera con cámaras térmicas y radares.
Los drones, denominados INUS, están equipados con tecnología llamada sistema polivalente de conocimiento de la situación, que combina vehículos autónomos con agentes de carne y hueso. El operador humano de la plataforma INUS puede gestionar en tiempo real diversas funcionalidades como controlar cámaras, alternar entre activos aéreos o terrestres, y enfocar eventos en un mapa para supervisar la situación y planificar acciones.
El proyecto Nestor, por su parte, está montado sobre un pilón más bajo y cuenta con una cámara térmica fabricada por la empresa de defensa griega Miltech, junto a una antena de radiogoniometría automática y el sistema SignalShark, que detectan señales de radio y determinan su procedencia. Ambos han sido desarrollados por la empresa alemana Narda Safety Test Solutions.
Aunque oficialmente se trata de herramientas diseñadas combatir la delincuencia transfronteriza, todas las fuentes consultadas confirman que su objetivo real es reducir la cantidad de solicitantes de asilo que llegan a Europa. Ambos sistemas forman parte del programa comunitario Horizonte 2020, dotado con 80.000 millones de euros de financiación.
La investigadora Karamanidou cree que estas tecnologías, además de facilitar las expulsiones colectivas, las vuelven más opacas. Se queja de que los datos generados por estos sistemas no están a disposición de ningún organismo externo, tampoco de Frontex.
No toda la tecnología que se prueba o se compra, sin embargo, acaba formando parte de las operaciones de vigilancia. En 2021, la policía griega presentó un cañón sónico (Long Range Acoustic Devices, LRAD), un dispositivo que genera sonidos extremadamente fuertes para disuadir a los refugiados de acercarse a la valla. Esta investigación no ha encontrado evidencia de que haya sido utilizado ni una sola vez. Sucede lo mismo con unas cámaras para detectar emisiones de dióxido de carbono que debían servir para detectar la presencia de personas en zonas de acceso restringido, pero que resultaron inútiles por la existencia de plantas que, por la noche, absorbían oxígeno y liberaban dióxido de carbono (CO₂).
