- La deforestación continúa siendo el gran desafío del país, como en los últimos tres años, tras las fracturas en los diálogos de paz con disidentes de las FARC.
- La protección de los líderes ambientales e indígenas será otro desafío para las autoridades colombianas, que deberán ocupar el territorio en manos de los grupos que amenazan a los protectores.
- La agenda legislativa incluirá nuevamente el proyecto de trazabilidad de la ganadera y se sumará el desplazamiento por causas del clima.
- Se espera que la Paz Total ayude en la protección de Parques Nacionales Naturales y territorios colectivos a merced de negocios ilegales.
En 2024, Colombia superó su marca de deforestación con respecto al total de áreas deforestadas durante los dos años anteriores. El gobierno de Gustavo Petro deberá mover sus fichas para evitar que la cifra de bosque perdido aumente y logre así cumplir la meta propuesta en su Plan de Desarrollo, el documento que traza los objetivos de gobierno. A ese escenario, se suma que, en medio de las negociaciones de grupos armados que controlan territorio, economías y población, está en peligro la vida de líderes sociales y la conservación del ambiente.
Este será un año clave para el presidente Petro, cuando le queda un año y medio para las elecciones presidenciales. Deberá demostrar si cumplió con sus metas y compromisos como la protección de líderes ambientales, los acuerdos realizados en la COP16, la ley de pasivos ambientales y la participación de comunidades indígenas en términos de protección ambiental.
Estos son algunos de los principales desafíos que Colombia deberá enfrentar en 2025.
1. La protección de los líderes ambientales e indígenas
Colombia tendrá que lograr en los próximos 12 meses materializar una política pública que logre proteger a los líderes que abogan por el ambiente. Cifras de organizaciones nacionales de derechos humanos dan cuenta de que la violencia contra liderazgos sociales, ambientales e indígenas no paró en 2024 y que aumentó respecto a 2023. Datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran que, entre el 1° de enero y el 20 de diciembre de 2024, fueron asesinados 166 líderes y defensores ambientales.
Además, el Programa Somos Defensores registró a finales de noviembre que 65 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados y 318 personas fueron agredidas, amenazadas, desplazadas, secuestradas y desaparecidas debido a su liderazgo.
Global Witness mostró en su último informe 2023 que Colombia fue el país más letal para los defensores ambientales: en el país ocurrió el 40 % de los casos que documentó la organización a nivel mundial. Por segundo año consecutivo, Colombia ocupó el primer puesto en 2024 con 79 asesinatos, seguido de Brasil, con 25; y Honduras, con 19. Es por esto, que Colombia tiene como desafío la implementación de una política pública que garantice la seguridad de los líderes y defensores, un tema pendiente que se renueva cada año.
Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, aseguró que se debe empezar a trabajar en el cumplimiento de la sentencia SU 463 de 2023 de la Corte Constitucional. En noviembre del año pasado, el alto tribunal declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI), una figura que la Corte adopta cuando se cumplen ciertos requisitos para enfrentar una situación grave, como la violación masiva y recurrente de los derechos humanos. La figura se adoptó tras la presentación de varias demandas de líderes sociales.
El alto tribunal ordenó a varias instituciones del Estado, entre ellas al ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación, que adopten e implementen órdenes específicas para garantizar la vida, la seguridad, la integridad y la justicia efectiva de quienes defienden derechos.
“Las medidas que emitió la Corte Constitucional estaban pensadas para que se implementaran entre tres y seis meses, algunas en un año y otras, digamos, de manera indefinidas en el tiempo porque se tienen que mantener las acciones. En la Comisión de Seguimiento, el programa Somos Defensores hace de secretaría técnica. Hemos solicitado información al Gobierno de cómo avanza con cada medida pero no nos ha entregado nada”, afirmó Torres.
Para la protección de los líderes y defensores es necesaria la materialización de una política rápida y efectiva. Además, es clave la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las órdenes de protección de los líderes y defensores en el país. Para Carlos Alberto Gaitán, coordinador de Territorio, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), es central que el Gobierno cumpla los compromisos pactados: “Hemos buscado al Gobierno, hemos manifestado qué vamos a hacer para la protección de los indígenas pero no se ha puesto en marcha”, aseguró.
2. Frenar la deforestación
Colombia deberá colocar todos sus esfuerzos para frenar el alza de la deforestación. Luego de dos años -2022 y 2023- con disminuciones en la tasa de tala, los primeros tres meses de 2024 dieron un pico: se perdieron 77 816 hectáreas de bosque, según manifestó la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. La cifra es alarmante. Aunque el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM) dejó de publicar los boletines trimestrales de deforestación, se identificó un incremento del 40 % en el primer trimestre de 2024, en comparación con el mismo período de 2023.
El reto de frenar la deforestación y el desafío de la restauración es enorme. Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, considera que no es clara la estrategia ni de dónde saldrán los recursos para reforestar las 753 000 hectáreas de bosque, meta trazada por el Gobierno para 2026. Es que el Ejecutivo está en medio de negociaciones con distintos grupos armados -paramilitares, disidencias de las extinta guerrilla de las FARC y bandas criminales-, quienes por medio de la intimidación y control del territorio prohibieron la tala durante cierto tiempo. Sin embargo, en septiembre de 2024, las disidencias que controlan parte de la región Amazónica emitieron un comunicado promoviendo el corte de bosque en pie.
El exministro Rodríguez advirtió que durante 2022 y 2023 el Gobierno pudo cumplir con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo por las negociaciones y su política de Paz Total. Ese panorama cambió tras el fraccionamiento de las disidencias y el fortalecimiento de otros grupos armados en el país.
Como explicó el director de la Fundación para Desarrollo y Conservación Sostenible (FCDS), Rodrigo Botero, en cuanto a la baja en deforestación durante 2023, tocaba mirar la cifra en perspectiva porque se dio bajo control social y territorial de un grupo armado y no por medidas y soluciones dadas por el Gobierno. “No podemos celebrar que bajo un proceso de cohesión de los grupos armados, la gente haya cambiado sus prácticas. No puede ser el camino que lo que haya presentado una reducción sea eso”, advirtió.
Como lo advierten los expertos es necesario que el Gobierno llegue de manera íntegra a los territorios, donde los actores armados ilegales controlan las dinámicas sociales y económicas de las regiones.
3. El resguardo de áreas protegidas y territorios colectivos
Colombia tiene el 24 % del territorio bajo medidas de protección ambiental y espera antes que se acabe el gobierno de Petro pasar al 34 %. Sin embargo, el control armado en varias zonas del país hace casi imposible esa protección. Este año será clave que el Estado pueda llegar a los territorios donde sus funcionarios a cargo del control ambiental y conservación fueron desplazados. Se trata de los mismos territorios donde las organizaciones de la sociedad civil que protegen e investigan fueron también amenazadas.
“Es necesario garantizar la seguridad y la presencia de la institucionalidad ambiental. Se necesita el retorno de la institucionalidad pública y que se le brinde también seguridad a los funcionarios que hacen esa labor”, manifestó Botero.
Al menos 10 áreas protegidas no cuentan con un guardaparques de Parques Nacionales Naturales, tras el desplazamiento masivo y quema por parte de las disidencias de la cabaña del Parque Nacional Natural Río Puré (ver especial). Los guardaparques históricamente han sido objeto de los grupos armados. Según datos recolectados por la Comisión de la Verdad, durante 40 años han habido 17 guardaparques asesinados, un desaparecido y un exiliado.
Para Julia Miranda, congresista colombiana y quien fue directora de Parques Nacionales, “no tener guardaparques en las áreas protegidas es no tener control territorial por parte del Estado en medio de la multiplicación de los grupos armados”. La ausencia de la entidad encargada de la protección se suma a las labores que debe emplear el Gobierno en los meses que le quedan para frenar las economías ilegales en parques nacionales, como la minería, la deforestación, los cultivos de coca y el mercado ilegal de tierras.
En su balance ambiental de 2024, Mongabay Latam informa cómo la minería ilegal se convirtió en una opción económica para los habitantes de la cuenca del río Caquetá y el río Putumayo. El director de FCDS manifestó que la protección de las áreas es un tema urgente y prioritario porque hay relación directa en el aumento de narcotráfico, minería de oro, el hato ganadero y la compra de tierras como una forma de lavar la economía ilegal.
Por último, Botero hizo un llamado a “tener una política consistente y persistente de presencia territorial, de relacionamiento con comunidades y toma de decisiones por parte de las organizaciones locales, de proyectos y de transformaciones que se deben hacer en conjunto”. En el mismo sentido, Carlos Alberto Gaitán, de la OPIAC, manifestó que es necesario que para 2025 la protección se haga con las comunidades indígenas que han preservado y conservado los territorios, incluso en medio de los hostigamientos y amenazas a sus dirigentes.
En agosto de 2024, el Gobierno se comprometió a que en 2030 los territorios indígenas de la Amazonía colombiana sean reconocidos como áreas de conservación indígena asegurando la conectividad biocultural. En rueda de prensa, el presidente de la OPIAC, Oswaldo Muca, aseguró: “Estamos convencidos de que vamos a poder no solamente visibilizar a los pueblos indígenas, sino, además, en cabeza de la ministra, podemos decir que los pueblos indígenas somos importantes para salvar la biodiversidad no solamente en este país sino para el mundo”.
Para Gaitán, 2025 será el año para poner en marcha todos los compromisos que se hicieron en 2024 para la conservación de la biodiversidad y la protección de los pueblos indígenas. “Será el año para cumplir con la ruta de acción del Plan Nacional de Desarrollo”.
4. La implementación de la leyes ambientales y los compromisos de la COP16
En agosto de 2023 se decretó la Ley 2327, conocida como la ley de pasivos ambientales, que pone la lupa en los daños a ecosistemas y comunidades que se encuentran abandonados tras el cierre de los proyectos mineros, petroleros y de otras industrias extractivas. La ley le otorgó a distintos ministerios, en cabeza del ministerio de Ambiente, la implementación de una política pública con su respectivo plan de acción y seguimiento.
Sin embargo, como lo advierte la organización Ambiente y Sociedad, no se ha adelantado nada sobre el tema. “Enviamos unos derechos de petición a todas las entidades competentes y no contestan”, afirmó uno de sus investigadores ante la consulta. La implementación de la ley incluía que en 2025 debía crearse el Registro Nacional de Pasivos Ambientales, un comité de seguimiento y establecer planes de intervención.
Mongabay Latam publicó ‘Las deudas del petróleo’, en la que muestra que no existía la definición jurídica de pasivos ambientales en el país hasta el trámite de esta ley. Aunque se ha avanzado en el tema desde el campo legislativo, será un tema crucial para el cierre de este Gobierno.
Colombia presentó en la COP16 el Plan de Acción de Biodiversidad al 2030, un instrumento de política pública ambiental para cumplir las metas del Marco Global de Biodiversidad. Entre esos objetivos, el país se propuso implementar acciones de reconversión productiva en 3 000 000 de hectáreas; aumentar hasta el 68 % el tratamiento de aguas residuales; y 32 acciones departamentales para promover la bioeconomía”.
“Somos uno de los países que presenta el plan completo después de dos años del Marco Kunming Montreal y esto refleja cómo vamos a cumplir las metas del marco global. Lo que hemos hecho es aproximar cuatro apuestas estratégicas a 2030 para la protección de la biodiversidad y seis metas que recogen dentro de ellas esas 23 metas del marco, de acuerdo a nuestra situación contextual específica”, dijo la ministra Muhamad en la presentación del encuentro.
Como lo afirmó Manuel Rodríguez, este año el desafío será dar cumplimiento al Plan Nacional de Biodiversidad. “Es muy ambicioso pero creo que ahora hay que entrar en los medios de implementación. El Gobierno tendrá la posibilidad de precisar el próximo año y solucionar algunas contradicciones”, aseguró.
La administración de Petro deberá cumplir sus metas y compromisos en 2025, en medio de las campañas electorales a la Presidencia. Mientras, el Congreso tendrá el desafío de sacar varias leyes ambientales como la de trazabilidad ganadera, que busca implementar un sistema de información integrado para rastrear la procedencia de las reses comercializadas en Colombia y que no provengan de áreas deforestadas. El país busca cumplir así con la nueva reglamentación de la Unión Europea (EU) para exportar sus carnes. El proyecto de ley había sido archivado en junio de 2024.
Para la congresista Julia Mirando, 2025 será la oportunidad de presentar nuevamente el proyecto de ley de trazabilidad ganadera y sostenible libre de deforestación. “También para tramitar iniciativas como la del desplazamiento por causas del clima y la de guardaparques para que tengan un sistema laboral específico”, declaró.
El próximo año será crucial para las negociaciones con grupos armados, con el objetivo de frenar el aumento de la deforestación, garantizar la protección de líderes y defensores, y asegurar el cumplimiento de los acuerdos, todo esto en un contexto preelectoral y con el gobierno trabajando para cumplir sus metas establecidas.
Imagen principal: Palmas de moriche, en los llanos inundables del departamento de Casanare, en Colombia. Foto: Felipe Villegas, Instituto Humboldt.
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