Mientras la Ley Laken Riley se discute en el Senado (para su aprobación), los legisladores republicanos impulsan otra legislación migratoria que exigirá pruebas de ADN en la frontera sur.
Siguiendo la noticia. Los legisladores republicanos están impulsando la Ley “Acabemos ya con el tráfico de menores” para hacer frente al tráfico y la explotación de menores en la frontera entre Estados Unidos y México.
Por qué esto es importante. El esfuerzo podría remodelar las políticas de inmigración al exigir pruebas de ADN para verificar las conexiones familiares entre los inmigrantes indocumentados y los niños.
¿Qué expone el nuevo proyecto de ley migratorio que propone pruebas de ADN en la frontera?
El proyecto de ley, reintroducido tras carecer previamente de apoyo bipartidista, coincide con la promesa de la administración entrante de reformas migratorias más estrictas.
Entre líneas. Los críticos temen que el proyecto de ley pueda empeorar los retos humanitarios a los que se enfrentan las familias migrantes en busca de seguridad.
En este sentido, una coalición de 11 senadores republicanos, entre ellos Marsha Blackburn y Ted Cruz, anunció el proyecto de ley, que incluye severas penas por no someterse a las pruebas de ADN.
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Lo que debes saber. Los adultos inmigrantes que se resistan a someterse a las pruebas se enfrentan a la deportación. Además, falsificar el parentesco o participar en el “reciclaje de niños” -una táctica en la que los menores son utilizados por adultos no emparentados para conseguir la entrada- podría acarrear hasta 10 años de cárcel.
Por otro lado, las disposiciones pretenden combatir la explotación de menores, un problema importante en la frontera.
Según el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, casi 110,000 menores no acompañados cruzaron la frontera sur el pasado año fiscal. Los datos que apoyan el proyecto de ley muestran que alrededor del 30% de los menores examinados no estaban biológicamente emparentados con los adultos que decían ser familiares.
La vulnerabilidad de los niños inmigrantes no acompañados
Las críticas también se centran en la supervisión que hace el Departamento de Seguridad Nacional de los niños inmigrantes una vez que son transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Una auditoría demostró que, de 2019 a 2023, el ICE tuvo problemas para realizar un seguimiento coherente de más de 448,000 menores no acompañados puestos al cuidado del HHS: más de 32,000 no se presentaron a sus audiencias de inmigración.
Los senadores que defienden la legislación hacen hincapié en su necesidad. El senador Bill Cassidy ha acusado a la actual administración de empeorar los problemas de tráfico al detener las pruebas de ADN familiar.
El senador Blackburn insta a actuar contra las redes de traficantes que explotan las lagunas migratorias, un sentimiento del que se hace eco el senador Cruz.
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