Si llegan agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) a la puerta de una escuela pública de la ciudad de Nueva York, los directores tienen instrucciones de cómo proceder: pedir a los agentes que esperen fuera y llamar a un abogado del distrito escolar.
Desde 2022, el sistema escolar ha matriculado a unos 40.000 estudiantes inmigrantes recién llegados. Ahora, mientras el presidente electo Donald Trump se prepara para asumir el cargo con la promesa de deportar a millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país, el distrito compartió con el personal escolar un protocolo para tratar de proteger a los estudiantes que tienen una situación legal delicada.
En una carta que escribió en diciembre a los directores, Emma Vadehra, directora de operaciones del distrito, escribió: “Esperamos que nunca sea necesario utilizar este protocolo”.
Aun así, Nueva York y algunos otros distritos escolares de todo el país están preparando a los educadores y a las familias inmigrantes para una posible oleada de deportaciones.
Las escuelas públicas donde estudian grupos de niños inmigrantes ya han tenido que enfrentar una serie vertiginosa de retos en los últimos años, con la llegada de cientos de miles de inmigrantes que cruzaron la frontera sur. Algunas educan a alumnos que hablan lenguas indígenas y que quizá jamás han recibido una educación formal. Otras intentan animar a los adolescentes a ir a clase, cuando pueden verse sometidos a una intensa presión para generar ingresos. Y muchas han ayudado a familias recién llegadas a encontrar refugio, comida y ropa para el invierno.
Ahora, estas escuelas se enfrentan a un reto adicional: persuadir a los padres para que envíen a sus hijos a clase cuando algunos están tan angustiados por la deportación que no quieren separarse de sus hijos siquiera durante parte del día.
“Tenemos padres que tienen miedo”, señaló Adam Clark, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Mount Diablo, al noreste de San Francisco. “Estamos intentando informarles cuáles son sus derechos”.
Alrededor del 20 por ciento de los alumnos del distrito de Mount Diablo todavía están aprendiendo inglés, lo que significa que lo más probable es que sean inmigrantes recién llegados, según Clark. Tras el día de las elecciones, descendió la asistencia, afirmó, aunque subrayó que no estaba clara la razón exacta por la que los alumnos faltaban a clase.
A finales de este mes, el distrito organizará una sesión de información jurídica para los padres de familia. Sus trabajadores sociales les explicaron a las familias que, según la legislación vigente, los niños inmigrantes que viven de manera ilegal en el país tienen derecho a una educación pública, y los agentes federales de inmigración no pueden, por lo general, detener a los alumnos ni a sus familiares en las escuelas. También señalaron que las escuelas públicas estadounidenses no suelen hacer un seguimiento del estatus migratorio de los alumnos.
Pero, al igual que otros líderes educativos, Clark reconoció que no podía ofrecer muchas garantías.
Una política vigente desde hace tiempo les impide a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas efectuar detenciones en escuelas y otros lugares sensibles, como hospitales e iglesias.
Pero los defensores de políticas de derecha en la órbita de Trump, incluidos los redactores del Proyecto 2025, un plan creado para el nuevo gobierno, han presionado para rescindir esa política, argumentando que para acelerar las deportaciones, los agentes deberían poder aplicar su criterio donde operan. Eso ha dejado a muchos educadores preocupados por la posibilidad de que agentes federales lleguen a sus puertas.
“Vamos a cumplir la ley, estemos o no de acuerdo con ella”, comentó Clark. “Si tienen la documentación adecuada para ejecutar sus funciones legales, trabajaremos con ellos”.
El equipo de transición de Trump no respondió a una lista de preguntas detalladas sobre los estudiantes inmigrantes y la deportación. Pero en una declaración escrita, Karoline Leavitt, portavoz de Trump, comunicó que el presidente recibió el mandato de deportar a criminales y terroristas.
En comunidades de todo el país, los funcionarios locales debaten hasta qué punto cooperar con el gobierno entrante de Trump en materia de deportaciones. El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, ha expresado en repetidas ocasiones su frustración por el número de inmigrantes que viven en la ciudad, y en últimas fechas, adoptó una postura más conciliadora con Trump.
Adams dirige el sistema escolar de la ciudad de Nueva York. No obstante, los funcionarios del distrito indicaron a los directores y al personal de seguridad de las escuelas que llamen a un abogado del distrito escolar de inmediato si se presentan agentes del ICE y exigen acceso a una escuela, en parte porque puede ser difícil para personas no expertas distinguir una orden judicial de otros tipos de documentos.
A falta de una orden judicial, el distrito “no consiente que fuerzas de seguridad no locales accedan a las instalaciones escolares bajo ninguna circunstancia”, reza la política oficial.
La ciudad ha referido a aquellos educadores preocupados por la deportación de sus alumnos a sesiones informativas en línea organizadas por Project Rousseau, una organización sin ánimo de lucro que presta servicios jurídicos a inmigrantes.
En una de esas reuniones, Bethany Thorne, de Project Rousseau, explicó que los profesores debían decirles a las familias angustiadas por la deportación que mantuvieran a sus hijos en la escuela y que no faltaran a ninguna cita con el tribunal, aunque no tuvieran abogado.
Faltar a una audiencia judicial “es una forma segura de ser deportado”, advirtió Thorne.
En Chicago, donde se han matriculado hasta 17.000 alumnos inmigrantes recién llegados, las cuestiones relacionadas con la afluencia se han convertido en un factor en las negociaciones contractuales entre el sindicato de profesores y el sistema de escuelas públicas.
El distrito lucha por mantener la plantilla en medio de un déficit presupuestario. Pero debido a las muchas necesidades de los alumnos inmigrantes recién llegados, las escuelas necesitan más inversiones tanto para grupos más reducidos como para más auxiliares docentes y trabajadores sociales bilingües, argumentó Rebecca Martínez, directora de campaña del Sindicato de Profesores de Chicago.
Entre los alumnos inmigrantes hay algunos “que nunca han ido a la escuela, o están en séptimo grado y la última vez que fueron a la escuela fue en el segundo”, relató. “Todo eso existe en una sola aula, y esa es la presión a la que se enfrentan los educadores”.
Clark señaló que los rumores sobre la deportación han mermado los esfuerzos de su distrito por educar a los niños inmigrantes recién llegados.
Para facilitar que los estudiantes inmigrantes, en su mayoría de Guatemala, puedan tomar trabajos de medio tiempo, el distrito abrió un programa de bachillerato de media jornada. Fomentar la asistencia es una prioridad, pero resulta más difícil cuando las familias les temen a las autoridades.
“Es decepcionante que tengamos estos debates”, concluyó Clark. “Estas conversaciones son una distracción”.
c.2025 The New York Times Company
