Liderando la biodiversidad mundial como sede de la COP-16, Colombia le apostó a reducir la deforestación, recuperar de fuentes hídricas y avansar en proyectos de energía renovables.
En 2024, el Gobierno Nacional consolidó avances ambientales, marcando un antes y un después en la política sostenible del país. Liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este año se destacó por la restauración ecológica, la transición energética y la defensa de la biodiversidad, posicionando a Colombia como un referente global en la lucha contra la crisis climática.
Avances ambientales: Restauración ecológica y lucha contra la deforestación
El gobierno logró la menor tasa de deforestación en 23 años, reduciendo un 38% la deforestación en la Amazonía, superando las metas del Plan Nacional de Desarrollo. A través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, se destinaron 1,7 billones de pesos para contener la deforestación en esta región vital para el equilibrio ambiental global.
Además, se alcanzaron 221.716 hectáreas en proceso de recuperación ecológica, gracias a la colaboración de sectores públicos, privados y cooperantes internacionales. En paralelo, la gira “Salvemos la Selva, Conservar Paga” permitió reducir la deforestación en la Amazonía en un 61% entre 2021 y 2023.
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Se invirtieron $90.000 millones en la restauración de la cuenca del río Atrato y $160.000 millones para recuperar los ecosistemas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, priorizando la participación de las comunidades locales en estos procesos.
Colombia, sede de la COP16: Liderazgo global en biodiversidad
En 2024, Colombia fue anfitriona de la COP16, la cumbre internacional más importante sobre biodiversidad. El evento reunió a delegaciones de más de 170 países y atrajo más de un millón de visitantes. Durante la cumbre, se lanzó el movimiento global Paz con la Naturaleza, promoviendo una convivencia armónica entre la humanidad y el medio ambiente.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, destacó que la COP16 fortaleció el papel de Colombia como líder en la protección de la biodiversidad y la inclusión de comunidades indígenas y afrodescendientes en las decisiones ambientales.
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Transición energética hacia un futuro sostenible
El 2024 marcó un récord en la aprobación de licencias ambientales para proyectos de energía renovable. De las 43 licencias otorgadas en la historia del país, 25 fueron aprobadas este año, abarcando dos parques eólicos, 11 proyectos solares y 12 líneas de transmisión. Estas iniciativas añadirán 5,6 GW a la matriz energética nacional, promoviendo una transición hacia fuentes limpias y sostenibles.
Se simplificaron los procesos de licencias ambientales para proyectos ferroviarios impulsados por energías limpias, favoreciendo una infraestructura de transporte sostenible.
Protección de territorios y biodiversidad
El gobierno avanzó en la delimitación participativa del Páramo Cruz Verde-Sumapaz y adoptó medidas para proteger los humedales de Bogotá, como Juan Amarillo, Córdoba y Jaboque, amenazados por intervenciones urbanísticas.
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El Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete recibirá una financiación anual de $1 millón mediante cooperación internacional, asegurando su conservación como patrimonio natural del mundo.
Asimismo, se destinaron $28.000 millones para financiar proyectos liderados por comunidades indígenas, priorizando el liderazgo femenino en al menos el 50% de las iniciativas.
Fortalecimiento normativo y justicia ambiental
En el ámbito normativo, se reglamentó la Ley de Plásticos de un Solo Uso, eliminando del mercado ocho productos y fomentando un uso responsable del plástico. Además, el gobierno derogó la resolución 110, que permitía la exploración minera en reservas sin control ambiental, y modificó el Decreto 1777 de 1996 para proteger territorios campesinos y garantizar acceso a la tierra para mujeres y jóvenes rurales.
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El Acuerdo de Escazú entró en plena vigencia, respaldado por la Corte Constitucional, fortaleciendo la justicia ambiental y los derechos de los defensores ambientales.
De cara al próximo año, el gobierno busca aumentar la contribución de la bioeconomía al PIB, pasando del 0,8% actual al 3% en 2030, generando alrededor de medio millón de empleos. También se priorizará la protección de defensores ambientales, promoviendo su reconocimiento y combatiendo las amenazas que enfrentan.
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