Una organización presidida por el activista Stephen Miller, asesor del presidente Donald Trump, envió una carta en la que advierte que 249 funcionarios públicos y empleados de zonas santuario en California podrían ser procesados legalmente por interferir en la aplicación de las leyes federales sobre inmigración.
“La ley federal es clara: los extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos están sujetos a ser expulsados del país, y es un delito ocultarlos, albergarlos o protegerlos. También es un delito impedir que los funcionarios federales apliquen la ley de inmigración”, se plantea en la carta, citada por el medio local CalMatters.
La misiva firmada por America First Legal Foundation está dirigida a diversos servidores públicos, entre ellos la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la supervisora del condado de San Diego, Nora Vargas, quien renunció recientemente con el argumento de salvaguardar su seguridad.
El mensaje llega unas semanas después de que la junta de supervisores de San Diego promulgó una medida que prohíbe a las fuerzas de seguridad locales avisar a las autoridades de inmigración sobre casos de personas indocumentadas que se encuentren en cárceles locales, sin una orden judicial de por medio.
Esta nueva ordenanza no permite a los agentes de seguridad que notifiquen al ICE sobre presos no ciudadanos que estén a punto de ser liberados, a menos que hayan cometido un delito grave.
Antes de que se diera a conocer la carta, funcionarios públicos de California ya habían solicitado a la Legislatura un presupuesto de 25 millones de dólares para destinarlo en gastos de litigios con la administración de Trump, entre ellos, sobre temas relacionados con la inmigración.
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Es redactor en Península 360 press. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Escritor y divulgador de cultura.
