Por Marlyn Montilla
El presidente Joe Biden vetó una legislación para añadir a 66 nuevos jueces a las cortes federales con poco personal en todo Estados Unidos, una decisión que alguna vez fue bipartidista y que habría sido la primera expansión importante del poder judicial federal desde 1990.
La Ley JUDGES, respaldada principalmente por muchos integrantes de los dos partidos, habría incrementado el número de jueces de primera instancia en 25 tribunales de distrito federales en 13 estados, incluyendo California, Florida y Texas, en seis oleadas cada dos años hasta 2035.
Cientos de jueces designados por mandatarios de ambos partidos tomaron la inusual medida de defender públicamente el proyecto, afirmando que la carga de trabajo federal ha incrementado en más del 30% desde que el Congreso dio luz verde por última vez una legislación para ampliar integralmente el poder judicial.
Pero el ejecutivo demócrata cumplió una amenaza de veto emitida dos días antes de que el proyecto de ley fuese aprobado por la Cámara de Representantes encabezada por los republicanos el 12 de diciembre con una votación de 236 a 173.
En un mensaje al Senado negando formalmente el proyecto de ley, Biden señaló que este crea “apresuramente” nuevos puestos de jueces, sin abordar temas, sin abordar cuestiones clave sobre si se necesitan nuevos jueces y cómo se asignarían en todo el país, informó Reuters.
Todd Young, senador republicano de Indiana, quien patrocinó el proyecto de ley en el Senado, indicó en respuesta que el veto era “política partidista en su peor expresión”.
Al escalonar los nuevos puestos de jueces a lo largo de tres administraciones presidenciales, los patrocinadores del proyecto de ley esperaban superar las viejas preocupaciones de los legisladores sobre la creación de nuevas vacantes que un mandatario de un partido opositor pudiera llenar.
La legislación recibió la aprobación unánime del Senado, liderado por los demócratas, en el mes de agosto, pero permaneció en la Cámara de Representantes, encabezada por los republicanos, y recién se sometió a una votación luego de que Trump ganara las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y tuviera la oportunidad de nombrar al primer grupo de 25 jueces.
Esto causó acusaciones de los principales demócratas de la Cámara de Representantes, que empezaron a abandonar la medida, de que sus compañeros republicanos había roto una promesa central de la legislación al hacer que los representantes aprobara la legislación cuando nadie sabía quién designaría la ola inicial de jueces.
Si el proyecto de ley se hubiese promulgado, el presidente electo habría podido cubrir 22 puestos de jueces permanentes y tres temporales en sus cuatro años en la Casa Blanca, además de los más de 100 nombramientos judiciales que se espera que haga.
Los nombramientos le permitirían al magnate neoyorquino consolidar todavía más su influencia en el poder judicial.
En su primer gobierno, nombró a 234 jueces, incluyendo tres miembros de la mayoría conservadora de 6-3 de la Corte Suprema de Estados Unidos.
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